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Un índice cuestionable

Sin lugar a dudas, los argentinos no necesitamos que nos aclaren que nuestro país adolece de una corrupción altamente preocupante. Las experiencias cotidianas son suficientes para saber eso. Sin embargo, como ocurre siempre, el índice de corrupción de Transparency International volvió a ser noticia.

La organización internacional ubica a Argentina en el puesto nº 100 (de 183 países totales), con tan solo tres puntos en una escala del 0 al 10. Con respecto al contexto latinoamericano, nuestro país se encuentra a una gran distancia de Chile, que ostenta el mejor puntaje de la región con 7,2 puntos.

Más allá de las conclusiones obvias que puede merecer esta medición, hay que señalar algunas cuestiones. En primer lugar, se trata de un índice conformado únicamente por “percepciones”. Indudablemente los hechos corruptos no llegan a ser probados la mayoría de las veces, pero eso no significa que pueda bastar una simple percepción para calificar a un país de corrupto (lo que no quita que Argentina lo sea).

El CIPCE nunca se mostró condescendiente con las estructurales prácticas corruptas que caracterizan a Argentina, sino todo lo contrario. Aun así, consideramos que es necesario tener en cuenta ciertas cuestiones que rodean a este índice de transparencia. Una de ellas consiste en ver quiénes son los que brindan su percepción para realizar la medición. Como se observa en la página de Transparency, el ranking de países se conforma a partir de lo que dicen algunos de los principales bancos y consultoras de riesgo a nivel mundial, entre otros.

Desde el CIPCE consideramos que el funcionario que recibe un soborno y el empresario que lo paga son tan solo el reflejo de un problema de fondo: un Estado que pierde terreno frente a los privados, e intereses empresariales que buscan imponerse por sobre los verdaderos intereses públicos. En esta lógica de actuación, el Banco Mundial (junto con otros organismos) no escapa a la regla, mostrándose como una entidad que intenta regir la conducta de todo Estado que esté a su alcance. Sin embargo, es una de las principales fuentes de las cuales se extraen opiniones para confeccionar este índice de corrupción.

Unido a lo cuestionable que resultan las fuentes de este índice, hay que considerar también cuáles son los medios de comunicación que más explotan esta noticia. Es interesante ver cómo los mismos grupos económicos que -mediante sus periodistas- se indignan por la imagen internacional de Argentina en materia de corrupción, simultáneamente son sospechados de realizar prácticas ilícitas (lavado de dinero, fuga ilegítima de divisas, e incluso delitos relacionados con derechos humanos ocurridos durante la última dictadura cívico-militar).

En definitiva, tener consciencia de los atroces niveles de corrupción de nuestro país y sus nefastas consecuencias no implica situarse automáticamente del lado de cualquiera que levante una bandera contra la corrupción. Puede que no se trate de una bandera, sino de un simple pedazo de tela.

 

Publicado por CIPCE

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Transparencia judicial y corrupción

Compartimos con ustedes esta nota publicada en La Nación de ayer, referida a la resolución de la Sala I de la Cámara de Casación que nos concedió el acceso a la causa “Soldati/Sociedad Comercial del Plata” y lo que este logro implica.

 

La Cámara de Casación ha sentado un importante precedente al permitir a una ONG acceder a una causa penal

Se tiene poca conciencia del desafío cada vez más desigual que enfrentan en la Argentina quienes luchan contra la corrupción. Tampoco se tiene plena conciencia de la magnitud del problema y de sus trágicas consecuencias.

Por eso reviste especial importancia una reciente resolución de la Sala I de la Cámara de Casación que por primera vez habilitó a la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a acceder a una causa penal, al reconocerle el derecho como ONG de tener acceso y controlar el avance de las investigaciones.

La importancia de este paso podrá valorarse si se tiene en cuenta que aumentan en forma incesante los casos de corrupción y, en forma paralela, aumenta también la impunidad que la propia Justicia va otorgando a sus autores al sobreseerlos pese a las pruebas o al permitir que los sumarios prescriban debido al paso del tiempo. Desde ya, la actitud cómplice de la Justicia no hace más que alentar los hechos de corrupción cometidos desde el poder político o al amparo de éste.

Dos casos recientes ilustran este triste panorama: los sobreseimientos a los acusados del caso Skanska, uno de los escándalos más sonados del kirchnerismo, y a los imputados por los envíos ilegales de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador, emblemático caso del menemismo en el que el Tribunal Oral en lo Penal Económico sobreseyó a todos los acusados, incluido el ex presidente Carlos Menem. Recientemente, el fiscal Marcelo Agüero Vera apeló esa medida ante la Cámara de Casación por considerar que el fallo es “autocontradictorio”.

Otros ejemplos recientes en los que el Estado dejó de perseguir megafraudes debido a la prescripción son la investigación conocida como IBM-Anses, en la que tras diez años de trámite se declaró prescripta una causa por el supuesto cobro de un soborno para la Anses por 60 millones de dólares; otra en la que también durante diez años se investigó a parte de la familia Yoma y a apoderados de la empresa Yoma SA por la cesión de una serie de créditos como garantía de repago de préstamos que le otorgó el Banco Nación; una por dádivas a Ricardo Jaime instruida contra el empresario Claudio Cirigliano, y el gigantesco fraude que se habría cometido en la venta de Tandanor.

Los datos recabados por las ONG que se ocupan del tema son muy preocupantes. Según el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce), en 750 casos de corrupción desde 1980 hasta 2007, sólo se condenó al tres por ciento de los involucrados, quienes se quedaron con 13.000 millones de dólares.

En 2009, según la ACIJ, se iniciaron 207 causas por corrupción, de las cuales 11 fueron elevadas a juicio y sólo en una hubo condena. Un informe del Departamento de Estado norteamericano difundido el corriente año señaló que la corrupción estatal constituye “un problema serio” en la Argentina.

Ante este panorama caracterizado por el papel pasivo o cómplice de la Justicia, cobra importancia la necesaria participación de las ONG. En este sentido, si bien el pronunciamiento de la Cámara de Casación en favor de la ACIJ se refirió a un expediente, ya archivado por el juez federal Claudio Bonadio por considerar que no existió delito, constituye un importante antecedente aplicable a otros casos, pues hasta ahora la Cámara de Casación había desestimado la posibilidad de las ONG de acceder a ese tipo de investigaciones.

Como las causas de corrupción suelen afectar derechos colectivos o bienes públicos, deberían poder ser enmarcadas dentro del derecho de interés público. La resolución firmada por los camaristas Juan Fégoli, Raúl Madueño y Luis Cabral refuerza la lógica de que organizaciones sociales con fines públicos pueden ayudar a la Justicia a hacer justicia.

El fallo a favor de ACIJ sienta jurisprudencia en ampliar esos espacios de interacción entre el Poder Judicial y las ONG. Un excelente precedente lo ha dado la propia Corte Suprema de la Nación al permitir que la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), junto con otras prestigiosas entidades sociales, participen del seguimiento del fallo relacionado con la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo, resolución que les permite a estas instituciones cívicas no sólo acceder a todas las actuaciones, sino también participar de las audiencias públicas.

Otra señal positiva de interacción fue la resolución de la Cámara Nacional Electoral que permitió a un grupo de organizaciones sociales en las últimas elecciones de octubre ejercer un rol de veeduría del proceso electoral.

Es deseable que la resolución de la Cámara de Casación termine convirtiéndose en una sólida jurisprudencia que lleve a una práctica sistematizada en todas las instancias que reciben, investigan y resuelven denuncias de casos de corrupción pues, al sumar organizaciones que puedan aumentar la eficacia de la Justicia en la investigación de los hechos, se multiplica la posibilidad de llegar a condenas que empiecen a revertir la aberrante progresión que va de la corrupción a la impunidad.

Publicado por ACIJ

Aquellos “pequeños” hechos de corrupción…

Compartimos con ustedes esta nota publicada en “El Auditor” que habla sobre un reciente informe de la Auditoría que señala que en la Ciudad de Buenos Aires se entregarían licencias de conducir sin cumplir con los requisitos estipulados al efecto. Son estos casos de corrupción, considerados de “baja monta”, los que en el fondo revisten la gravedad de formar parte de la gran corrupción estructural que cada día denunciamos desde este blog.

 

La Auditoría detectó que en la Ciudad entregan licencias de conducir sin realizar el curso teórico de manejo

Así lo aseguró la AGCBA luego de analizar el funcionamiento de las sedes de la Dirección General de Licencias. De una muestra surge que el 57% de los trámites de otorgamiento y renovación de registro faltaba alguna documentación, ya sean certificados de antecedentes penales o constancia de realización del curso teórico. De las 428 licencias “diplomáticas” entregadas en 2009 no hay evidencia de los exámenes pertinentes.

En el ACA de Libertador la renovación del registro se obtiene en 39 minutos. Las pistas de aprendizaje de la Sede Roca están carentes de mantenimiento.

10 de Noviembre de 2011 Un informe de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) reveló que de la base de cursos teóricos de la Sede Central “Roca”, de la Dirección General de Licencias, surge que un poco más del 21 % de las personas que fueron a sacar el registro de conducir, “no asistió ni a una clase teórica” y, a pesar a ello, “se le otorgó la licencia”. El trabajo de la AGCBA, aprobado en septiembre de 2011, señaló que la Dirección General de Licencias de la Ciudad “no cuenta con una base de datos vinculada con las 27 escuelas privadas como para saber acerca de los cursos teóricos de manejo realizados por las personas solicitantes del registro”. Únicamente tiene información de las clases brindadas en la Sede Central ubicada en la Avenida Coronel Roca 5252. De todas formas, la Dirección en cuestión informó a la Auditoría que “está trabajando con la Agencia de Sistemas Informáticos en la implementación de un sistema online con las escuelas de conducir habilitadas”. Los auditores seleccionaron como muestra “algunos de los trámites de otorgamiento y renovación de las licencias correspondientes a diciembre de 2010, con el objetivo de analizar la documentación que los respalda”. Como resultado de la evaluación detectaron que “de 26 trámites de otorgamiento de registros, en el 57,69 % faltaba documentación”, por ejemplo, certificados de antecedentes penales, de realización del curso teórico y, en caso de los menores de edad, no estaba de autorización de los padres. Paralelamente, de las 60 renovaciones analizadas por el organismo de control, se observó que “al 81,67% de los casos les faltaba o la licencia anterior o el certificado de la charla de educación”. Por otra parte, la Auditoría de la ciudad explicó que “los registros de conducir tienen dos medidas de seguridad: el sobre plastificado y el papel impreso, ambos numerados con una correlatividad”. No obstante, cuando se analizó la “base de licencias otorgadas”, que es donde se registra el número del plástico de cada permiso otorgado, “se detectaron 6.537 casos con la cifra repetida”, es decir que personas diferentes tenían el mismo número. Además, fueron encontradas “8.623 licencias emitidas que no tienen el número de plástico cargado en la base de datos”. Las sedes habilitadas para obtener y renovar la licencia de conducir son ocho: ACA Flores, ACA Libertador, ACA Pista, Roca y los CGPCs 2, 13,14 y 15. También fueron evaluados los tiempos promedio que demora cada una de las sedes para completar el trámite de renovación, “desde que la persona es atendida en el mostrador hasta que se retira con la nueva licencia”. El que más tarda en hacer efectivo el tramite es el ACA de Flores con una demora de 70 minutos. En Roca se demora un poco más de una hora, mientras que la más rápida es la sede de Libertador de la misma empresa, que renueva el permiso en aproximadamente 39 minutos. Exámenes médicos A partir de la evaluación que se efectuó sobre la labor realizada por la Dirección General de Licencias entre mayo de 2010 y febrero de 2011, los auditores señalaron que “no existe un criterio homogéneo respecto a la duración de la evaluación psico-física” (examen visual, auditivo, psicológico). Al respecto, en su descargo, el organismo auditado remarcó que “no existe un parámetro ni una exigencia mínima de tiempo para que los profesionales realicen su trabajo”. Sin embargo, a pesar de la respuesta de la Dirección de Licencias de la ciudad, la AGCBA insistió en la observación. Es que detectó que “las evaluaciones de visión que duran menos de un minuto son el 66% de los casos del CGPC 14 – es decir, que casi 7 de 10 personas logran realizar el trámite en ese tiempo-, mientras que en el ACA de Flores el porcentaje de exámenes para ese tiempo es menor 1% y en la sede Roca de casi el 30%”. El informe indicó además que los exámenes auditivos que duran menos de un minuto también tienen diferencias según la sede: “En ACA Libertador representan el 18% de los casos, mientras que en el CGPC 2 es de casi el 1%”. Los porcentajes también son dispares para la evaluación psicológica. En la Sede Roca, “que concentra más del 60% de los trámites, sólo se le efectuó el examen auditivo al 5% de los solicitantes, y el psicológico al 32%”. En los llamados “permisos de manejo diplomático” el organismo de control descubrió que “de las 428 licencias entregadas en 2009 no hay datos que revelen que, en cada caso, fueran efectuados los exámenes auditivo, médico, psicológicos ni que hubiera realizado el curso teórico correspondiente”. El mismo llamado de atención se repite para las 73 renovaciones “diplomáticas”. ¿Qué pasa con el estado de la sede Roca? Respecto del estado edilicio del edificio central, la AGCBA realizó múltiples observaciones. Por un lado señaló que “las instalaciones eléctricas no tenían las tapas reglamentarias y que en varios sectores había cables expuestos y encintados”. También encontró “sanitarios deteriorados y/o usados como depósito”. En materia de accesibilidad, la Auditoría porteña afirmó que “las escaleras son el único medio para subir al nivel superior, ya que los ascensores no funcionan desde hace mucho tiempo”. En consecuencia, “las personas con discapacidad no pueden acceder a este piso por falta de rampas”. En cuanto a la pista de aprendizaje A-B, se pudo constatar que está “carente de mantenimiento”. En relación, el responsable del circuito de examen remarcó que “falta limpieza interna y externa, no hay gas natural, hay filtraciones en los techos, falta personal y elementos informáticos, no hay baños para personas con inconvenientes motrices, y no hay muebles acordes para la atención al público”. Además, el responsable hizo hincapié en que “a pesar de que presentaron muchas notas solicitando mejoras, nunca recibieron una respuesta acorde a sus necesidades”. Por último, y a partir de las observaciones efectuadas por el responsable de mantenimiento de la sede Roca, se pudo constatar que “no existen salidas de emergencia en el primer piso, el predio no cuenta con bocas de agua de incendio, las pistas carecen de equipos contra siniestros y no hay un sistema de luz de emergencia en funcionamiento”.

Perú y la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

Una interesante y polémica iniciativa llega desde Perú. Se trata de declarar a imprescriptibilidad de los casos graves de corrupción que afecten al patrimonio del Estado.

El proyecto, que en principio obtuvo el dictamen de la Comisión de Constitución del Congreso peruano, ahora estaría siendo derivado por el pleno del mismo hacia la Comisión de Justicia.

La razón es simple. Los partidos fujimoristas, la Alianza para el Gran Cambio y Solidaridad Nacional, consideran que la motivación del proyecto es política, que es una herramienta de persecución propia de los países del ALBA. Por más insólito que esto suene, dado que el proyecto no sería retroactivo, la verdad es que lograron detenerlo.

Piensa distinto el ex procurador anticorrupción peruano, Ronald Gamarra, quien al respecto señaló al dictamen como “un paso fundamental para combatir la corrupción”. Agregando que “Hay que combatir la corrupción y encontrar las mejores formulas legales para ello. Entonces yo creo que la imprescriptibilidad es un camino fundamental si es que, en verdad, queremos combatir a la coima y al soborno (…)”

El proyecto, además de la imprescriptibilidad, establece que se inhabilite de por vida para ejercer la función pública a quienes sean sentenciados por estos delitos, y establecer para el corruptor particular la misma pena que reciba el funcionario.

Si bien la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción es una medida que podría sonar extrema, la verdad es que vistos los grandes desfalcos que sufrió el pueblo peruano por la misma, no deja de tener lógica.

Lo cierto es que, independiente de la suerte que corra el proyecto en el hermano país, ya es un logro que la corrupción y la prescripción de las causas que se relacionan con ella se discutan a este nivel. Mientras, en Argentina las causas siguen prescribiendo en el silencio…

Publicado por ACIJ

Demoras sobran

Los hechos ocurrieron hace más de 10 años. Sin embargo, parece que sigue siendo difícil fijar una fecha de juicio y cumplirla. En la causa donde se investigan los sobornos pagados a distintos senadores para obtener la sanción de una reforma laboral durante el gobierno de De la Rúa, hoy el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Federal nº 3 decidió postergar el inicio del debate oral.

Esperan su sentencia el ex Presidente, el ex Ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex titular de la SIDE Fernando Santibañes, cuatro ex senadores y el ex secretario administrativo del Senado Mario Pontaquarto (aquel que se arrepintió y confesó haber retirado de la SIDE 5 millones de pesos para repartir entre senadores). Sin embargo, la Defensoría General de la Nación decidió no continuar su defensa de Pontaquarto en dos causas conexas a la de los sobresueldos. Frente a esto, el Tribunal consideró que el procesado quedó en un estado de “absoluta indefensión”, por lo que es necesario postergar el inicio de este debate oral.

Aquí, la resolución del TOF 3:

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Publicado por CIPCE