Salvo el repudio moral pasajero fruto del escándalo mediático del momento, los casos de orrupción que terminan con prescipción, parecieran no crear mayor daño. Sin embargo, la verdad es que la ola de escándalos seguidos de impunidad absoluta no sólo producen un malestar en el momento, sino que han creado a través del tiempo una merma de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y el Estado de Derecho. Más aún, muchas veces se piensa que el costo de la corrupción queda a nivel de conciencia, pero no se observan los millones de dólares sustraidos de las arcas estatales y el consiguiente costo material y social que implican.
Vamos a lo concreto, a continuación veremos cuatro grandes causas de corrupción que han prescritorecientemente, consagrándose la impunidad en las mismas. Todos estos, perjuicios de los que la sociedad jamás se verá reparada.
- “Menem, Carlos Saúl s/rec. de casación”: se investigaba la venta del predio que ocupa la Sociedad Rural Argentina por un valor de 30 millones de dólares cuando los peritos de los bancos Ciudad de Buenos Aires e Hipotecario determinaron que el valor de base del mismo era de 131.800.000. O sea, un perjuicio de U$S 101.800.000.
- Tandanor : “el monto total del perjuicio ascendería a los U$S 70.000.000, dentro de los cuales se incluye el saldo impago de la deuda – 32.760.000 más sus intereses” (textual del requerimiento de instrucción).
- IBM-Anses: el contrato en el que se registraron irregularidades había sido firmado (en 1994) por 60 millones de dólares y en el transcurso de la investigación, el juez Urso, llegó a sostener que la investigación se extendería a contratos anteriores (que habían sido firmados por un total de 40 millones de pesos).
- Yoma: se investigó durante diez años a parte de la familia Yoma y a apoderados de la empresa Yoma SA por la cesión de una serie de créditos como garantía de repago de préstamos que le otorgó en Banco Nación. En 2006 adeudaban 180 millones de pesos.
Sólo en estas cuatro causas, y sin contar los intereses a la fecha, habría una pérdida de U$S 284.812.047 que en menos de cuatro meses pasaron a integrar el costo impune de la corrupción. ¿Qué políticas públicas se podrían haber implementado con estos fondos? ¿Cuántas escuelas, hospitales o viviendas sociales?.
Si la corrupción afecta los servicios básicos del Estado, con ella –por ejemplo- se verá perjudicada la salud pública (por ejemplo, los hospitales se ven privados de materiales). Se agravará la inseguridad ciudadana o se afectará el desarrollo de los programas sociales (por caso, los programas alimenticios no llegarán adonde se necesitan). Igualmente, por ejemplo, las escuelas podrían no brindar una educación de calidad porque el presupuesto se ve afligido (con sus consecuencias en los sueldos de los maestros y en la mala infraestructura).
El año 2009 se calculaba que las pérdidas en el Estado por casos se corrupción había sido de 13.000 millones de dólares en los últimos 27 años. Poder Ciudadano con estos datos llegó a la conclusión de que estas cifras equivalían a “la construcción de 12 establecimientos de educación media, 104 jardines de infantes o la compra de 400 toneladas de leche para recién nacidos de bajo peso”.
A la fecha, las causas que desfinanciaron al Estado en los noventa están prescribiendo, los responsables gozando de la impunidad más absoluta con los fondos en su poder y la sociedad observa con impotencia el oscuro panorama. Claramente, la cifra sigue aumentando y seguirá, si no se toman medidas urgentes.
La corrupción socava, erosiona o bloquea las políticas públicas del Estado, en cuanto quita o desvía fondos destinados a llevarlas adelante. Así, la corrupción por lo general se ensaña con los grupos más vulnerables (trabajadores inmigrantes, discapacitados, mujeres, niños, etc.). Estos grupos dependen, en su mayoría, de los servicios públicos y la asistencia del Estado para cubrir sus necesidades básicas. Cuando hay corrupción en la provisión de servicios públicos se afecta la disponibilidad, accesibilidad y calidad de éstos.
Lamentablemente el panorama es gris… nos enfrentamos a un sistema en que las defensas pierden un tiempo que después reclaman, el Ministerio Público mira como las acciones que tiene a cargo prescriben y el Poder Judicial se desentiende de las demoras que le son atribuibles y nos castiga a todos en su proceder.
En un próximo post analizaremos estos tiempos dela Justiciay mostraremos cuáles, tomando en cuenta estos criterios, son las próximas causas que podrían prescribir.
Publicado por ACIJ
