La publicidad de los informes de auditoría

ACIJ, como miembro de una red de 17 organizaciones de la sociedad civil latinoamericanas, acaba de publicar un interesante informe sobre los organismos de control externo de la región en el marco de la IniciativaTPA

En tanto el informe tiene 80 páginas (disponible aquí) en donde se relata desde la situación  regional hasta los mejores ejemplos de prácticas específicas que hacen ala Transparencia, Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas en las Entidades de Fiscalización Superior, decidimos que vamos a publicar una serie de notas en torno a la situación regional de aquellas prácticas que más impacto tendrían sobre la corrupción.

En la nota de hoy: la publicidad de los informes de auditoría. Los informes son el fruto de evaluaciones técnicas que se realizan siguiendo rigurosas pautas metodológicas, y esa es su principal fortaleza frente a otros medios disponibles para comprender la situación del patrimonio del Estado y la marcha de las políticas impulsadas por los gobernantes. Los informes de auditoría son la instancia técnica a través de la cual se le hace rendir cuentas a quienes manejan los recursos públicos, y por ende el mejor sistema disponible para detectar actos de corrupción.

El informe de Diagnóstico de la IniciativaTPA muestra que la gran mayoría de las Entidades de Fiscalización Superior de Latinoamérica publica sus informes completos a través de Internet, aunque todavía son pocas las EFS que tienen sistematizados los informes bajo sistemas de búsqueda. Quizá el aspecto más crítico del diagnóstico es en relación a la falta de oportunidad en la publicación de los informes: hay un claro déficit en toda la región relevada, en especial cuando se trata de informes sobre ejecución presupuestaria, cuya publicación en algunos casos demora años.

A su vez, surge que son pocas las EFS que emprenden políticas de difusión activa de los informes de auditoría. La Auditoría General de la Nación (AGN) es una excepción, en tanto, entre otros mecanismos, difunde un boletín electrónico mensual en el que se relatan algunos hallazgos de la tarea auditora con un lenguaje simple, y se colocan los vínculos a los informes para los que quieran ver los fundamentos. Por otro lado, la Asociación de Personal de Organismos de Control (APOC) creó El Auditor.info, un portal que se dedica a traducir los informes de auditoría a un vocabulario más simple y comprensible por lectores no especializados, con el objetivo de acercar el trabajo de auditoría al debate público. A su vez, hace apenas unos días APOC presentó la agencia de noticias Análisis de la Gestión Pública, que con el formato de un diario online pretende abrir un canal de comunicación al ciudadano común. Estos proyectos de comunicación surgen porque si bien los informes de auditoría son el producto central del trabajo de las EFS, en general no reciben la atención que merecen por parte de los legisladores, periodistas, OSC y la ciudadanía.

El creciente consenso regional en torno a la necesidad de brindar un acceso efectivo a los informes de auditoría, acompañado por las campañas en favor de leyes de acceso a la información pública, impulsaron avances notables en los últimos años. La IniciativaTPA postula la profundización y expansión de este fenómeno a través de la adopción de buenas prácticas que ya son implementadas por las EFS pioneras en cada una de las áreas relevadas.

Es importante que las EFS adopten medidas para permitir el acceso efectivo a los informes de auditoría, en tanto los ciudadanos son los principales interesados en saber cómo se gastan los recursos públicos.

A su vez, es imperativo que adopten medidas para darle mayor difusión a los informes y a crear mecanismos de comunicación y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil, periodistas, académicos, y otros órganos estatales (jueces, fiscales, agencias anticorrupción, defensor del pueblo, etc), ya que esto generaría un mayor impacto de las tareas de control. El trabajo en conjunto llevaría a un control más  completo y eficiente.

A su vez la IniciativaTPA hace un llamado a los periodistas, organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, para que se acerquen a estos organismos técnicos que de a poco van abriendo sus puertas, y contribuyan de esta manera a la revalorización de los entes de control, y la paulatina creación de una cultura de control y transparencia.

En la próxima nota: Los mecanismos de participación ciudadana como un medio para generar mayor transparencia en las tareas de control, y el llamado de la Auditoría General de la Nación a que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil hagan propuestas en la jornada de Planificación Participativa 2011 que se realizará en la primera semana de julio. A ir pensando en áreas que requieren de una auditoría.

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Iniciativa sobre cooperación entre órganos de control y sociedad civil

ACIJ coordina la INICIATIVA TPA proyecto regional que tiene por fin promover la apertura de los órganos de control público a la ciudadanía, a partir de la adopción de prácticas de transparencia, participación y rendición de cuentas -accountability- (TPA).

Del proyecto participan 15 organizaciones de 13 países de América Latina, así como académicos especializados en la temática y funcionarios de entidades fiscalizadoras superiores -EFS- (la EFS de nuestro país es la Auditoría General de la Nación, pero en otros países suele llamarse Contraloría General o Tribunal de Cuentas). Se trata de una red de actores comprometidos en la generación de conocimiento, el intercambio de experiencias, la construcción de indicadores y estándares comunes, y el desarrollo de acciones tendientes a la promoción de prácticas de TPA en la región.

En el marco de la Iniciativa TPA, se ha elaborado un estudio de diagnóstico que sistematiza un catálogo de buenas prácticas existentes en las EFS de algunos de nuestros países. Por ejemplo, bajo la sección TRANSPARENCIA, se relevaron experiencias relativas a acceso a la información y a políticas activas de comunicación, a mecanismos de difusión de los informes de auditoría y a prácticas de transparencia presupuestaria y de gestión de personal. Por otra parte, en la sección PARTICIPACIÓN se registraron casos exitosos de incorporación de la sociedad civil en la planificación, desarrollo y seguimiento de auditorías, y también en los procesos de designación de autoridades. Finalmente, el diagnóstico presenta una serie buenas prácticas de RENDICIÓN DE CUENTAS de las EFS, como la elaboración y presentación de informes de gestión ante instancias institucionales y ante la ciudadanía, la implementación de mecanismos para garantizar la integridad y calidad del personal, y el desarrollo de dispositivos de revisión de pares y certificaciones de calidad.

El diagnóstico fue elaborado a partir de información suministrada por las organizaciones participantes, de investigaciones académicas previas, entrevistas con especialistas, estudios realizados por organismos internacionales que nuclear a las EFS, instrumentos normativos, sitios Web institucionales, resultados de índices, etc.

El informe es un buen punto de partida para guiar la discusión en la región en torno a la promoción de una mayor apertura de estos órganos a la ciudadanía, que contribuirá al fortalecimiento del sistema de control público de los países de la región.

Actualmente, el documento se encuentra en etapa de edición, pero en breve será distribuido entre los interesados y estará disponible en la página de ACIJ.

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Un sistema perfecto de impunidad

La parálisis de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas refleja el interés por desactivar los organismos de control

Nota publicada en La Nación el viernes 11 de marzo de 2011.

 

Ha sido una constante en la gestión del kirchnerismo el paulatino pero incesante debilitamiento de los diferentes organismos de control. No caben dudas de que este proceso no obedece al azar. Tampoco es fruto de la casualidad que, en forma paralela, la lentitud de la justicia federal alcance extremos de inacción cuando se trata de escándalos que afectan al Gobierno. El resultado, obviamente, es la impunidad y el consecuente aumento de la corrupción ante la falta de sanciones.

En la Oficina Anticorrupción (OA), por ejemplo, se registra desde 2004 una abrupta y constante disminución en la cantidad de los expedientes abiertos por ese organismo en casos de presuntas irregularidades. La Auditoría General de la Nación, máximo órgano de control de las cuentas del Estado, ha tenido que recurrir a la Justicia para obtener los datos esenciales que le permitieran llevar adelante su cometido.

Otro ejemplo patético de esta política oficial tendiente al logro de la impunidad es la parálisis que sufre la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) desde que en 2009 renunció su titular, el fiscal Manuel Garrido, ante las innumerables trabas que le oponía la administración kirchnerista para avanzar en sus investigaciones.

La FIA se especializa en la investigación de hechos de corrupción y de irregularidades administrativas cometidas por agentes de la administración central. Tiene acceso a información calificada, y ese acceso le permite desarrollar investigaciones preliminares que luego puede volcar en denuncias judiciales.

A dos años de la sonada renuncia de Garrido su puesto no ha sido cubierto y, como informó La Nacion anteayer, el concurso para buscarle un sucesor corre peligro de ser declarado desierto. Al mismo tiempo, la FIA parece haber dejado de realizar lo que constituye su razón de ser: investigaciones administrativas. No se conocen denuncias realizadas por ese organismo contra funcionarios del Gobierno, luego de la partida de Garrido.

Finalmente, y para dotarla de un mayor grado de inutilidad, permanece al frente de la FIA en calidad de subrogante el fiscal Guillermo Noailles, quien se había presentado al concurso pero luego desistió debido a las críticas apabullantes, pero fundadas, que recibió por no haber apelado el escandaloso sobreseimiento resuelto por el juez federal Norberto Oyarbide a favor del matrimonio Kirchner en la causa por enriquecimiento ilícito. Se investigaba en ese sumario el exorbitante incremento patrimonial de Cristina y Néstor Kirchner en 2008, que ascendió a 28 millones de pesos. El arbitrario sobreseimiento de Oyarbide quedó firme al no ser apelado por el fiscal de la causa, Eduardo Taiano, y tampoco por Noailles. Este funcionario no ha publicado en la página oficial de la FIA el informe correspondiente al año pasado y se ha caracterizado por su absoluta falta de independencia del Poder Ejecutivo.

El peligro de que se caiga el concurso para designar a un nuevo fiscal nacional de Investigaciones Administrativas radica en que se inscribieron 13 postulantes, pero la mayoría renunció durante el proceso. Uno de ellos, el fiscal Enrique Bayá Simpson, denunció arbitrariedad manifiesta durante ese proceso. Sólo cinco postulantes rindieron los exámenes y, de ellos, sólo dos alcanzaron la nota mínima para integrar una terna por ahora imposible, pues no hay un tercer candidato. Debido a las impugnaciones, cabe la posibilidad de un nuevo concurso, con lo cual la FIA seguirá sin titular durante un lapso prolongado.

Respetadas organizaciones civiles especializadas en políticas públicas y transparencia, tales como la fundación Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, han cuestionado a la FIA, al sostener que ha perdido entidad.

Escasos presupuestos, denegación de información, pérdida de autonomía y funcionarios que obedecen ciegamente al Poder Ejecutivo son algunas de las razones que van conduciendo a la asfixia a los organismos de control. La falta de investigaciones y denuncias de la mayoría de estos organismos contrasta con la creciente cantidad de casos de corrupción que jaquea al Gobierno y los casi nulos resultados de la Justicia en los más emblemáticos de ellos.

Hace años que el kirchnerismo habla de un siempre nebuloso “modelo” para referirse a sus políticas de gobierno. El único modelo concreto, palpable y sumamente exitoso del kirchnerismo es el que ha sabido montar sometiendo a la Justicia y a los organismos de control para garantizarse un manto de impunidad. Un modelo perverso que costará mucho tiempo desmontar.

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Auditoría General de la Nación

En los últimos días fuimos testigos de algunos cruces en los diarios a raíz de las denuncias realizadas por la Auditoría General de la Nación sobre las dificultades que tiene para acceder a información de algunos organismos del Estado, necesaria para sus tareas de fiscalización.
El asunto es grave, más no nuevo. ACIJ viene señalando desde hace varios años las falencias en el diseño institucional del sistema de control, que condicionan las posibilidades de las agencias especializadas de supervisar eficazmente la utilización de los fondos públicos y el desempeño de la Administración.
La reforma de 1994 otorgó a la AGN rango constitucional y la dotó de garantías esenciales para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, 16 años después, el organismo continúa sujeto a una ley anterior, que no cumple con los requisitos constitucionales ni con los estándares mínimos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Hasta el momento se han presentado numerosos proyectos de reforma de la Ley de Administración Financiera, pero en la mayoría de los casos se trata de iniciativas surgidas de disputas políticas coyunturales y dirigidas exclusivamente a modificar la integración del Colegio de Auditores con miras a un nuevo esquema de distribución de poder entre los distintos partidos. La composición oficialista mayoritaria del principal organismo encargado de controlar al gobierno es una violación grosera del principio de independencia, y revertir las condiciones que lo hacen posible es uno de los aspectos más importantes que debe contemplar la reforma. Pero no alcanza.
La nueva normativa, además de asegurar a la AGN su autonomía funcional, debería dotarla de las competencias necesarias para el efectivo cumplimiento de su función, profundizar su carácter técnico, fortalecer su articulación con las demás entidades encargadas de la prevención y lucha contra la corrupción, y acercarla a la ciudadanía mediante la incorporación de prácticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Encarar una reforma legal que adapte la normativa al mandato constitucional y a los estándares internacionales es fundamental para fortalecer el sistema de control. Desde la sociedad civil estamos intentando aportar al debate para que una iniciativa semejante surja de un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas, que deje atrás las habituales especulaciones en torno a quién será el próximo en ocupar el lugar del controlado.

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