Como ya les hemos contado en varias oportunidades, desde ACIJ formulamos en diciembre del año pasado una denuncia contra el Ministro de Hacienda de la Ciudad y su Director de Crédito Público por el endeudamiento contraído mediante la emisión de Bonos Tango.
Los involucrados son Néstor Grindetti y Abel Fernández Semhan y son imputados por los delitos de malversación de caudales, incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación por administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública. Los hechos están relacionados con las altas comisiones pagadas a una consultora de dudoso renombre, las elevadas tasa de interés pactadas a favor de los bonistas, la reasignación del dinero obtenido por la imposibilidad de destinarlo al fin autorizado por la legislatura (extensión de la red de subterráneos) ya que las obras no estaban licitadas, entre otros.
La denuncia luego de ser recibida por el primer juez asignado fue remitida a otro magistrado por cuestiones de conexidad. Resulta ser que por los mismos hechos, meses antes, se lo había denunciado a Mauricio Macri y pese a que esta imputación contra el Jefe de Gobierno ya se encontraba archivada, igualmente se unificaron las causas, según lo resolvió la Cámara de Apelaciones en lo Criminal.
Así, nuestra denuncia quedó radicada en el Juzgado de Instrucción 21, a cargo del juez Mauricio Zamudio. Éste fue quien resolvió que la causa sea investigada por el fiscal Adrián Pèrés, a cargo de la Fiscalía de Instrucción 46. Desde mediados de febrero de este año este fiscal y su equipo de trabajo se encuentran a cargo del expediente.
Como era de esperar, a pesar de ser denunciantes, los miembros de ACIJ nunca pudimos ver la causa aunque en diversas oportunidades nos informaron verbalmente sobre “los avances de la investigación”. La única medida de prueba fue la remisión de un oficio al Banco de la Ciudad de Buenos Aires para pedirle que les mande la documentación relativa al ingreso del dinero a las arcas porteñas.
Si bien nos presentamos como querellantes y no se nos hizo lugar a esta petición, estamos encima del expediente. Por eso pedimos audiencia con el fiscal e insistimos con que nos informen sobre lo que están haciendo en pos de la averiguación de los hechos. Nos deniegan sistemáticamente todo bajo el latiguillo de que no somos parte.
Es realmente llamativo: han transcurrido 10 meses desde que iniciamos el proceso y hace 8 meses el fiscal tiene la causa bajo su órbita; hemos sugerido más de 10 medidas de prueba, incluyendo pedidos de informes, allanamientos y declaraciones testimoniales de funcionarios públicos. Lo propio ha hecho otra organización no gubernamental, “Contadores Forenses”.
A pesar de ello, sólo se libró un único oficio (a principio de marzo), que fue contestado por el Banco Ciudad en tiempo y forma, es decir, a fines de ese mes. Toda la documentación que envió esta entidad financiera –al parecer- aún no fue analizada, y esa, sospechamos es la excusa. La gran cantidad de información remitida parece ser un problema para quienes instruyen la causa cómo también el cúmulo de trabajo, los turnos, que la causa va y viene al juzgado por planteos que nosotros hacemos, etc., etc…. Siempre hay una “justificación” para no hacer NADA.
Ahí está nuestra denuncia, durmiendo en el escritorio de algún empleado judicial, a la espera de que el fiscal o alguno de sus colaboradores tome las riendas del asunto, lea la información requerida por la fiscalía y dar luego su primer pasito.
Hasta eso suceda, pareciera que sus esfuerzos sólo están dedicados a espantarnos cada vez que vamos, con la mayor amabilidad, a tratar de saber qué está pasando. Para eso sí que no hay excusas.
Publicado por ACIJ
