Información, por favor

Desde hace años, el CIPCE realiza un trabajo de sistematización de datos sobre casos de delincuencia económica y corrupción. Su base busca generar un mapa de este tipo de casos, que permite cruzar información según distintos patrones de búsqueda.

Así, una primera opción es buscar un expediente en particular según su carátula (ej: “Dadone Aldo y otros s/ defraudación contra la administración pública ¿???) o su número (ej: 509/05). Una de las alternativas más usuales es utilizar la opción “personas”, para buscar todas las causas judiciales referidas a alguien en particular. Lo mismo puede hacerse con “empresas”, para saber en qué causas está involucrada determinada sociedad.

Por otra parte, si se desea obtener datos más precisos y concernientes a varias causas, se puede optar por la opción “búsqueda específica”, donde se seleccionaran entre distintos fueros, juzgados, fiscalías, etc.

Finalmente, la última opción de búsqueda se basa en el tipo de delito cometido, el tipo de persona involucrada (funcionario público actualmente o no) y su situación procesal.

Una vez que se haya identificado la causa que se desea ver, allí se pueden consultar quiénes son las personas y las empresas involucradas, los archivos para descargar (resoluciones, escritos, etc.), las medidas cautelares que existan, los hechos de la causa, los delitos investigados, y las cuentas bancarias y los directivos de empresas que puedan estar relacionados.

Por fuera de las causas judiciales, la barra lateral izquierda ofrece la opción de denunciar anónimamente hechos de corrupción, y de descargar estadísticas y archivos diversos (un estudio sobre el trámite de este tipo de causas en la Justicia, el informe sobre lavado de dinero realizado hace algunos años por una comisión de diputados, información sobre el petit hotel de María Julia Alsogaray, etc.).

Indudablemente, la tarea de recolección y sistematización de información se dificulta frente a la postura de varios sectores del Poder Judicial, bastante reacios a brindar datos (aunque se trate de causas de interés público). De esta forma, el trabajo en la base de datos es constante, para mantenerla lo más actualizada posible.

En este mismo sentido, ACIJ está desarrollando una base de datos sobre causas de corrupción para aumentar la información disponible. Esa base tendrá fallos, noticias de las causas, información del expediente y novedades. Además incluirá un contador de días para graficar la cantidad de tiempo que llevan los expedientes en el limbo judicial. Próximamente adelantaremos más novedades al respecto.

Ante la falta de estas herramientas en el seno del Estado, es la sociedad civil quien debe tomar las riendas en el asunto. Que no quede todo en las sombras.

Publicado por ACIJ y CIPCE

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INFORME ESPECIAL. 3era Parte: Plazo razonable y las causas que están por prescribir

En las causas recientemente prescritas las resoluciones que decidieron sobre ellas tienen un argumento en común: la vulneración del plazo razonable.

En un post anterior, y a propósito de la casación de la fiscal en la causa IBM-ANSES desarrollamos esta garantía que, luego de la reforma del 94, tiene jerarquía constitucional al encontrarse establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 14 inc. 3 letra c).

Señalamos allí que la vulneración de la garantía es una aseveración que debiera ser tomada no desde el abstracto total, sino desde el contexto del sistema actual y tomando en cuenta el caso concreto con sus distintos elementos a considerar. Así, mostramos como hay una constante en la jurisprudencia, tanto nacional como internacional, en utilizar determinados criterios a la hora de establecer el alcance del derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Sin embargo, objetivamente nuestros tribunales suelen resolver que se ha vulnerado dicha garantía luego de un lapso de tiempo que se considera excesivo por los jueces, el que no está regulado y varía según la causa. En IMB-ANSES, la resolución que declaró la prescripción de la acción penal señalaba que:

“(…) los casi quince años transcurridos desde el inicio del proceso (…) imponen al Tribunal la necesidad de realizar una ponderación global que permita evaluar si tan dilatado trámite (…) encuentra explicación suficiente en la particular complejidad del asunto o en la cantidad de imputados, tal como alegaron los acusadores, o en una actividad procesal dilatoria de los interesados -planteos o recursos abusivos, provocando suspensiones injustificadas- o por la conducta de las autoridades judiciales; todo ello en desmedro del compromiso del Estado de prestar una justicia ágil y rápida”.

            Tomando en cuenta que la investigación en las causas de corrupción dura en promedio 14 años, pareciera ser que la gran mayoría está destinada a prescribir y que la corrupción en el país goza, por lo general, de impunidad absoluta.

            Este lamentable escenario da una señal clara a quien pretenda cometer un acto de corrupción: no se le condenará, ni siquiera tendrá que devolver lo conseguido. Es así, el sistema de justicia actual configura un incentivo a la comisión de actos de corrupción.

            A continuación, algunas de las causas que ACIJ monitorea periódicamente y que se encuentran en nuestra base de datos, próximamente disponible en este blog. Las siguientes causas son las que, tomando en cuenta lo anteriormente señalado, figuran como candidatas casi seguras a formar parte de la larga lista de acciones prescritas… de vergonzosa impunidad.

Causa	Carátula	Fecha de Inicio	Breve Descripción	Tribunal actual	Fecha de ingreso al tribunal
Kohan	“Kohan, Alberto Antonio s/enriquecimiento ilícito” Causa nro. 1413	15/09/99	Se investiga el posible incremento patrimonial injustificado de Kohan durante su gestión como funcionario público.	TOF 1	21/05/07
IBM-DGI	“Cossio, Ricardo Juan Alfredo y otros s/ defraudación contra la administración pública y otros…” Causa nro. 1313	29/05/96	Presuntas contrataciones abusivas realizadas por funcionarios de la DGI con IBM Argentina S.A	TOF 4	23/11/02
Alsogaray- Plan Nacional de Manejo del Fuego	“Alsogaray, María Julia s/ negociaciones incompatibles…” Causa nro. 1086	22/03/01	Presuntas irregularidades en la contratación de servicios vinculados con el programa de concientización del Plan Nacional de Manejo del Fuego.	TOF 6	01/06/05
Alderete (suministro de audífonos – Matter Medical SA)	“Alderete, Víctor Adrián y otro s/ defraudación por administración fraudulenta” Causa nro. 918/99	23/09/99	Presunta elección arbitraria de la empresa Matter Medical S.A. para la provisión de audífonos a afiliados del INSSJP	TOF 6	26/03/04
Alderete (presentación de escritura falsa ante la AFIP)	Alderete, Victor Adrián s/ infracción a la ley tributaria” Causa n° 969/00	27/12/00	Presunta presentación ante los inspectores de AFIP de documentación falsificada con el objeto de simular una disminución de su patrimonio.	TOF 6	07/07/04
Alderete (contratación sondeo de opinión – Solavi S.A)	“Alderete, Víctor Adrián y otro s/defraudación en perjuicio de la administración pública” Causa nro. 1309/09	08/10/99	Supuestas irregularidades en dos contrataciones mantenidas entre el INSSJP y la empresa Solavi S.A.	TOF 6	13/02/07
Alderete (contratación fisiatría y kinesiología – Medicystem S.A.)	“Alderete, Víctor Adrián y otro s/ defraudación en perjuicio de la administración pública” Causa nro. 1154/00	11/06/99	Presuntas contrataciones dirigidas, celebradas entre funcionarios de la INSSJP y Medicystem S.A.	TOF 6	01/12/05
Alderete (contratación servicios varios – Fe.Ge.Ra.)	“Alderete, Víctor Adrián y otros s/ defraudación fraudulenta” Causa nro. 1395	09/03/98	La Federación de Cámaras y Asociaciones Geriátricas, a la que el INSSJP le había encomendado determinadas prestaciones geriátricas, habría utilizado ésta para fines diferentes a los previstos.	TOF 6	12/03/08
Alsogaray, María Julia – Privatización Entel, transferencia ilegal del terreno de General Pacheco	“Fox, Ricardo Jaime y otros s/ falsificación de documento público” Causa nro. 984	29/08/00	Supuesta transferencia de un terreno a Startel S.A.	TOF 6	25/08/04
De Lorenzi, Horacio y otrosContratos fraguados en ATC	“De Lorenzi, Horacio y otros s/ administración fraudulenta”Causa nro. 10.783/99	8/10/99	Pagos que realizó ATC a sociedades y personas por trabajos que no se habrían realizado en virtud de contratos fraudulentos	Juzgado Federal 3 Sec. 5	Aún se encuentra en etapa de investigación
Ministerio de Trabajo de la Nación	“Funcionarios del Ministerio de Trabajo dela Nacións/ abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público”Causa nro. 825	01/6/98	Irregularidades en la licitación pública celebrada para la contratación del servicio de limpieza en el Ministerio	TOF 4	12/12/03
Siemens	“Carreras, Aldo y otros s/ defraudación contra la administración pública”Causa nro. 2645/98	17/3/98	Irregularidades, sobreprecios y sospecha de sobornos en la licitación pública para la provisión de DNI e instauración de un nuevo sistema de control migratorio, en la cual salió adjudicada la empresa Siemens	Juzgado Federal 4 Sec. 8	Aún se encuentra en etapa de investigación
Pou Enriqueci-miento patrimonial	POU, PEDRO S/ ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (Causa nro. 7750/99)	15/07/99	Aumento ilegítimo de su patrimonio durante los años 1992, 1996 y 1997, mientras se hallaba ejerciendo funciones como presidente del Banco Central de la República Argentina.	Juzgado federal 5 Sec. 10	Aún se encuentra en etapa de investigación
Subsidios a obras sociales	LAPADULA CARLOS FÉLIX Y OTROS S/ DELITO DE ACCIÓN PÚBLICA (Causa nro. 2404/02)	22/2/02	Otorgamiento irregular de subsidios para déficit financiero de obras sociales. Cobro de parte de esos subsidios, por un ex Gerente General dela Administraciónde Programas Especiales.	Juzgado federal 2	Aún se encuentra en etapa de investigación
Concesión de aeropuertos	CANOSA, ARMANDO Y OTROS S/ ABUSO DE AUTORIDAD Y VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PÚBLICO (Causa nro. 2727/98)	19/3/98	Presuntas modificaciones ilegales del pliego de licitación, en la privatización de aeropuertos en favor de la concesionaria Aeropuertos Argentina 2000. Omisión de control del cumplimiento de las obligaciones asumidas porla ConcesionariaAutorizaciones indebidas a la Concesionaria.	Juzgado Federal 3	Aún se encuentra en etapa de investigación

Publicado por ACIJ

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INFORME ESPECIAL. 2º Parte: Causas prescritas y costo social

Salvo el repudio moral pasajero fruto del escándalo mediático del momento, los casos de orrupción que terminan con prescipción, parecieran no crear mayor daño. Sin embargo, la verdad es que la ola de escándalos seguidos de impunidad absoluta no sólo producen un malestar en el momento, sino que han creado a través del tiempo una merma de la confianza ciudadana en las instituciones democráticas y el Estado de Derecho.  Más aún, muchas veces se piensa que el costo de la corrupción queda a nivel de conciencia, pero no se observan los millones de dólares sustraidos de las arcas estatales y el consiguiente costo material y social que implican.

Vamos a lo concreto, a continuación veremos cuatro grandes causas de corrupción que han prescritorecientemente, consagrándose la impunidad en las mismas. Todos estos, perjuicios de los que la sociedad jamás se verá reparada.

- “Menem, Carlos Saúl s/rec. de casación”: se investigaba la venta del predio que ocupa la Sociedad Rural Argentina por un valor de 30 millones de dólares cuando los peritos de los bancos Ciudad de Buenos Aires e Hipotecario determinaron que el valor de base del mismo era de 131.800.000. O sea, un perjuicio de U$S 101.800.000.

- Tandanor : “el monto total del perjuicio ascendería a los U$S 70.000.000, dentro de los cuales se incluye el saldo impago de la deuda – 32.760.000 más sus intereses” (textual del requerimiento de instrucción).

- IBM-Anses: el contrato en el que se registraron irregularidades había sido firmado (en 1994) por 60 millones de dólares y en el transcurso de la investigación, el juez Urso, llegó a sostener que la investigación se extendería a contratos anteriores (que habían sido firmados por un total de 40 millones de pesos).

- Yoma: se investigó durante diez años a parte de la familia Yoma y a apoderados de la empresa Yoma SA por la cesión de una serie de créditos como garantía de repago de préstamos que le otorgó en Banco Nación. En 2006 adeudaban 180 millones de pesos.

Sólo en estas cuatro causas, y sin contar los intereses a la fecha, habría una pérdida de U$S 284.812.047 que en menos de cuatro meses pasaron a integrar el costo impune de la corrupción. ¿Qué políticas públicas se podrían haber implementado con estos fondos? ¿Cuántas escuelas, hospitales o viviendas sociales?.

Si la corrupción afecta los servicios básicos del Estado, con ella –por ejemplo- se verá perjudicada la salud pública (por ejemplo, los hospitales se ven privados de materiales). Se agravará la inseguridad ciudadana o se afectará el desarrollo de los programas sociales (por caso, los programas alimenticios no llegarán adonde se necesitan). Igualmente, por ejemplo, las escuelas podrían no brindar una educación de calidad porque el presupuesto se ve afligido (con sus consecuencias en los sueldos de los maestros y en la mala infraestructura).

El año 2009 se calculaba que las pérdidas en el Estado por casos se corrupción había sido de 13.000 millones de dólares en los últimos 27 años. Poder Ciudadano con estos datos llegó a la conclusión de que estas cifras equivalían a “la construcción de 12 establecimientos de educación media, 104 jardines de infantes o la compra de 400 toneladas de leche para recién nacidos de bajo peso”.

A la fecha, las causas que desfinanciaron al Estado en los noventa están prescribiendo, los responsables gozando de la impunidad más absoluta con los fondos en su poder y la sociedad observa con impotencia el oscuro panorama. Claramente, la cifra sigue aumentando y seguirá, si no se toman medidas urgentes.

La corrupción socava, erosiona o bloquea las políticas públicas del Estado, en cuanto quita o desvía fondos destinados a llevarlas adelante. Así, la corrupción por lo general se ensaña con los grupos más vulnerables (trabajadores inmigrantes, discapacitados, mujeres, niños, etc.). Estos grupos dependen, en su mayoría, de los servicios públicos y la asistencia del Estado para cubrir sus necesidades básicas. Cuando hay corrupción en la provisión de servicios públicos se afecta la disponibilidad, accesibilidad y calidad de éstos.

Lamentablemente el panorama es gris… nos enfrentamos a un sistema en que las defensas pierden un tiempo que después reclaman, el Ministerio Público mira como las acciones que tiene a cargo prescriben y el Poder Judicial se desentiende de las demoras que le son atribuibles y nos castiga a todos en su proceder.

En un próximo post analizaremos estos tiempos dela Justiciay mostraremos cuáles, tomando en cuenta estos criterios, son las próximas causas que podrían prescribir.

Publicado por ACIJ

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En el año electoral, las causas por corrupción duermen en la justicia

Nota publicada en Clarín sobre las demoras de la justicia en las causas de corrupción que involucran al Gobierno Nacional. Éstas fueron muchas veces denunciadas en este blog, lo mismo podría decirse sobre poderosos empresarios acusados de prácticas corruptas cuyos expedientes duermen en comodoro py. En la nota se señala nuestro trabajo, donde nos gustaría aclarar que no hacemos propiamente una auditoria de las causas de corrupción (ese no es nuestro papel), sino que buscamos información en las mismas a fin de generar aportes constructivos en la materia.

Son decenas de casos que involucran a funcionarios o ex funcionarios del Gobierno. Jueces y fiscales no quieren tomar medidas que puedan afectar al oficialismo o a la oposición. Lo confirman ONG.

Por Lucio Fernández Moores

Es como aquello de las brujas. No existen, pero que las hay las hay. Jueces y fiscales admiten off the record , que decenas de causas sobre presuntos hechos de corrupción del Gobierno están siendo frenadas a la espera de que pasen las elecciones presidenciales de octubre. Es que no quieren tomar medidas impactantes en medio de la campaña y ser percibidos como favorables al Gobierno o a la oposición.

Además, el retraso en las, por lo menos, 35 causas que involucran a funcionarios o ex funcionarios del actual Gobierno viene siendo relevado por auditorías de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, adjudicó el retraso a razones distintas: las causas de corrupción “merecen un procedimiento distinto y con personal de investigación que dependa de la Justicia y no de los otros poderes que pueden estar involucrados en la causa”, en alusión a las fuerzas de seguridad. Además, dijo a Clarín que el Gobierno debe nombrar jueces en los juzgados vacantes para agilizar esos casos.

Las dos más retrasadas son el escándalo de los presuntos sobreprecios de la empresa Skanska para ocultar coimas a través de facturación trucha y el caso de la valija del empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson con 779.550 dólares en plena campaña electoral del 2007.

Otras causas directamente fueron cerradas a velocidad luz, como pasó con la del enriquecimiento de la presidenta Cristina Fernández y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, por una decisión del juez federal Norberto Oyarbide.

“Se trabaja, pero a los tiempos de la Justicia”, explicó el secretario de un juzgado que pidió no publicar su nombre.

“Algunos jueces pisan las causas”, admitió a este diario un camarista sobre la lentitud de los instructores. “Nosotros trabajamos, pero todo lleva su tiempo”, se defendió un juez.

Un caso excepcional es el del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya registra dos procesamientos por el delito de dádivas. Con una decena de causas, Jaime, que en las próximas semanas debe explicar el enriquecimiento de sus familiares ante la Justicia, va camino a convertirse en la María Julia Alsogaray del kirchnerismo.

Mientras jueces y fiscales se tiran la pelota, varios funcionarios judiciales destacaron ante este diario la escasa participación de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la acéfala Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en las causas de corrupción que involucran al actual Gobierno. La OA, que depende del Ministerio de Justicia, es encabezada por Julio Vitobello y la FIA -dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación-, por Guillermo Noailles, de manera provisoria hace más de dos años por la renuncia de Manuel Garrido.

“Hay parte de la Justicia de Comodoro Py que es tiempista , y eso implica que en muchos casos no avancen las causas o que lo hagan de manera muy lenta”, expresó el diputado nacional Juan Carlos Morán (Coalición Cívica). Junto a otros legisladores, él denunció al ex presidente Kirchner por presunta asociación ilícita con sus ministros y empresarios beneficiarios de la obra pública.

Otro problema mencionado en Tribunales es el de las vacantes en la titularidad de cuatro de los doce juzgados federales penales que investigan en la Capital Federal los casos de corrupción en la administración pública nacional. El escandaloso concurso 140 aún está irresuelto por el Consejo de la Magistratura. Lleva más de cinco años.

Y hasta se da el caso de que el mejor conceptuado en ese concurso, el secretario de Cámara Marcelo Martínez de Giorgi, sin el acuerdo del Senado y con un aval restringido de la Corte Suprema, está a cargo no sólo de uno sino de dos juzgados, al igual que su polémico colega Norberto Oyarbide. Martínez de Giorgi tiene varias causas sensibles para el poder político gobernante, pero está condicionado por la provisoriedad de su cargo.

Otro denominador común en este tipo de expedientes son las largas en el tiempo pericias generalmente encargadas al cuestionado cuerpo de peritos contadores que depende de la Corte Suprema. La semana pasada, el juez Claudio Bonadio, denunció la violación del secreto en una pericia que había encomendado a ese cuerpo en la causa contra los secretarios privados de la Presidenta.

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Atando cabos

El 20 de mayo de 2008 no fue un día que pasó desapercibido para CIPCE y ACIJ. En esa fecha, el –en ese entonces- juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid fallaba en la causa nº 11.645/04 “Secretaría de Transportes de la Nación y otros s/delito de acción pública”, negándonos el acceso a las actuaciones. Pero lo curioso fue el contenido del fallo: luego de rechazar nuestro pedido con argumentos que dejaban en claro su (des)conocimiento del derecho aplicable, sintió la necesidad de “dejar sentada una observación muy personal”.
No viene nada mal recordar esa observación:
“Dada mi experiencia en el trato con las organizaciones como las que representan los señores letrados peticionantes, considero que las mismas pretenden constituirse en una suerte de “controladores” de la actividad de los jueces (sólo requieren intervenir en causas particularmente notorias; luego solicitan acceder a nuestras declaraciones juradas patrimoniales; y en ocasiones promueven investigaciones contra los jueces, que ellos entienden que han obrado mal, ante el Consejo de la Magistratura); con lo cual entiendo que se desnaturaliza absolutamente el sistema procesal y aún la independencia judicial. Los controles jurisdiccionales de los jueces de primera instancia, son las cámaras de apelaciones, no particulares que representan organizaciones de dudosa representatividad (valga el juego de palabras). De lo contrario, es decir si aceptamos la intervención en el proceso de terceros que luego denuncian –porque ya están legitimados- a los jueces por sus actos en esos mismos procesos, llegaríamos al ridículo que resultaría más económico para el Estado (o más sencillo si se quiere), que sean estos “auditores” quienes se encarguen del trámite de las causas según su justo parecer. Si estas asociaciones realmente se preocuparan por la igualdad y la justicia, deberían interesarse por los más de 1000 sumarios que en sólo 15 días ingresan a este Juzgado durante el turno con las fuerzas de seguridad; las cuales unidas a las aproximadamente 500 causas ya en trámite, saturan, absolutamente los recursos con que cuenta un Tribunal como el que tengo a cargo”

Fue sorprendente leer aquellas palabras nacidas de lo más profundo del pensamiento de SS. ¿Por qué podría molestarle a un magistrado que la sociedad civil tome conocimiento de su desempeño en casos de manifiesto interés general? ¿Por qué tanta necesidad de mantener su accionar lo más reservado posible, sabiendo que el secreto suele ser el mejor aliado de la impunidad?

El 1 de febrero de 2011 tampoco fue un día que pasó desapercibido para CIPCE y ACIJ. Ésa fue la fecha en la que la Justicia allanó el estudio del ahora abogado Octavio Aráoz de Lamadrid. El allanamiento –acompañado de una requisa personal- se debió a una denuncia por tráfico de influencia, según la cual Aráoz de Lamadrid habría intentado “comprar” a un camarista de Casación que debía definir la excarcelación de Armando Uño, uno de los siete detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra.
Si la denuncia resulta ser cierta, por lo menos sabremos qué tipo de razones llevaron Aráoz de Lamadrid a luchar contra la publicidad de los actos de los magistrados, tres años atrás.

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