Es la historia de nunca acabar. Es el patrón que se repite en la gran mayoría de sociedades en las que un gobierno de facto irrumpe en el poder y se mantiene en el mando durante un lapso considerable de tiempo, ocasionando significativos daños tanto a las instituciones como a la sociedad.
Esto es lo que le ocurrió a Libia. En 1969, a pocos años de haber logrado independizarse de Italia, el entonces Coronel Muhamar Al Gadafi toma el poder a través de un golpe de estado. El conflicto actual en Libia refleja el legado de más de 40 años de gobierno de Gadafi y, sobre todo, la forma en la que ha ejercido ese poder. Como hemos visto, décadas de corrupción oficial erosionaron el respaldo del público y la confianza en sus gobernantes a lo largo y ancho del mundo árabe. Las devastadoras consecuencias que el régimen de facto, autoritario y corrupto trajo aparejado no tardaron en vislumbrarse. Altísimos niveles de marginación y pobreza, insuficiencias en los servicios sanitarios, luchas civiles, saqueos y demás lamentables hechos que hoy sufre la sociedad libia.
Durante años, el régimen del coronel Gadafi fue expoliando los recursos del pueblo libio, los que terminaron en los bancos más grandes del mundo. Los centros financieros más importantes del globo aceptaron por años ingentes cantidades de dinero del gobernante libio sin reparar en el origen que los mismos tuvieran. Se estima que la fortuna del coronel y su familia alojada en bancos extranjeros asciende a la faraónica cifra de 14.000 millones de dólares. A esta altura, es imprescindible plantearnos una pregunta: ¿hubiera podido despojar de ese modo las arcas del estado libio sin la complicidad de los bancos más “confiables” del mundo?
Si la corrupción quiere ser enfrentada, debemos ver acciones concretas encaminadas hacia ello no sólo de los países subdesarrollados, sino también de aquellos en los que están situados los mayores centros de finanzas a nivel internacional.
En marzo de este año, el Tesoro de los Estados Unidos había bloqueado 32.000 millones de dólares dela LIA (Libyan Investment Authority, el fondo soberano libio) que estaba invertido en ese país en grandes compañías principalmente italianas. Más próximo a nuestros días, Suiza congeló más de 1.000 millones de dólares en activos de Libia, Túnez y Egipto. El Reino Unido está también trabajando para determinar si unos fondos depositados en sus bancos pueden ser repatriados a Libia. Si bien estas acciones demuestran el esfuerzo de la comunidad internacional en el combate de este tipo de delitos, hubiera sido preferible evitar, en la mayor medida posible, que se gesten tales fondos sospechosos. ¿No están los bancos obligados a cumplir con activas prácticas de debida diligencia en personas expuestas políticamente?
Tomemos como ejemplo el sistema financiero británico. Un reporte reciente de la Financial Services Authority, muestra que muchos de los bancos del Reino Unido fallan en el cumplimiento de esta responsabilidad, un tercio de los bancos aparecen dispuestos a aceptar altos niveles de riesgo de lavado de activos y la mitad no aplican correctamente los criterios due diligence en PEP’s.
Queda claro. No es suficiente para vaciar la hacienda pública de unos de los países con mayores reservas de petróleo del mundo sólo la mano ávida de un gobernante. Se requiere mucho más. Principalmente se necesita de la aquiescencia de los grandes centros económicos del mundo, que lucraron en gran medida otorgando la seguridad y estabilidad que sus sistemas financieros poseen. Por eso, repetimos: la culpa la tiene el chancho y quién le da de comer.
Publicado por CIPCE
Read Full Post »
