Breves sobre Bonos Tango

De muy buena fuente hemos recibido los siguientes comentarios vinculados a nuestra denuncia por los bonos Tango contra el Ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros involucrados en la maniobra. La primera información es que hace unos días se iba a desarrollar un debate en el programa “Con voz propia”, conducido por Gustavo Sylvestre, entre el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy y Néstor Grindetti. Al intercambiar con el presentador los temas sobre los que se iba a discutir, López Murphy propuso la cuestión de la emisión de los bonos cuestionados y a partir de eso Grindetti se rehusó participar del programa.

El segunda información recibida refiere a ciertos problemas familiares que estaría teniendo el jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta. El asunto es que un primo del funcionario trabaja en el Deutsche Bank, uno de los bancos que presentó propuestas para el endeudamiento con una comisión mucho menor a la que se eligió de la ignota KBR. A partir de la operación realizada, los primos mantendrían un fuerte enfrentamiento. El reproche resulta obvio: no se pedía ningún privilegio, tan sólo una decisión justa.

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Bonos Tango en la Legislatura

La denuncia que efectuamos por la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango generó mucho ruido. En los medios, entre los especialistas y en otras organizaciones. Finalmente ese rumor llegó a la Legislatura.

El eco se hizo sentir en la propia sesión del jueves 3 de marzo pasado. Se discutía el presupuesto de la Ciudad, cuando saltó el escándalo del endeudamiento del año 2010 y la contratación de la consultora KBR (dirigida por un amigo del PRO, Edgardo Srodek) se coló en el debate

La historia del ruido legislativo comenzó en diciembre del año pasado, cuando se aprestaban a darle trámite al presupuesto para el año 2011. En ese momento desde ACIJ les enviamos cartas a todos los legisladores porteños haciéndoles saber de todas las irregularidades que habíamos descubierto y habíamos denunciado ante la justicia.

También les advertimos que en caso de que aprobasen junto con el presupuesto un nuevo endeudamiento para el gobierno de Macri, era necesario que se tomasen los recaudos necesarios para que no se volviesen a repetir las groseras anomalías que habíamos detectado en la emisión de la serie 8. Entre las sugerencias incluimos que determinaran legislativamente: tipo de operación, monto, destino exclusivo, procedimiento para llevar adelante la contratación pública (licitación o concurso público), tasa de interés, plazo de rescate, intervención del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y eventualmente, si éste no tuviera capacidad técnica para realizar la operación, características generales que debe reunir el operador financiero a contratar –sujeto al control del banco oficial-, comisiones máximas que se le podrían llegar a pagar, deber del Ministro de Hacienda y/o del Director de Crédito Público de informar personalmente y por escrito el trámite y resultado de la operación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ante el pleno.

En función de que en diciembre no se lograron los votos necesarios para aprobar la llamada “ley de leyes”, reiteramos nuestra inquietud en febrero, instando a los legisladores a que por los canales institucionales ejerzan un control efectivo y oportuno de la actividad financiera de la Ciudad y de la ejecución presupuestaria. Máxime teniendo en cuenta que los recursos obtenidos por la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango no habían sido aplicados tal cual se había previsto en las leyes autorizantes.

Y esta vez los diputados nos leyeron y escucharon.

Muchos nos contestaron. Llamaron, enviaron mails, incluso nos respondieron por carta. Finalmente, con varios nos reunimos personalmente.

Por ejemplo, Rocío Sánchez Andía nos hizo llegar valiosa información para nuestra investigación, que próximamente pondremos en conocimiento de la Fiscalía que investiga el caso. Asimismo, nos entrevistamos con el legislador Jorge Selser, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a quien le manifestamos nuestra preocupación ante la eventualidad de un nuevo endeudamiento. Lo propio hicimos con el legislador Aníbal Ibarra. Ambos se comprometieron a incluir el tema en los debates parlamentarios.

Los resultados de la sesión 3 de marzo pasado parecen auspiciosos. Esperamos que los diputados porteños asuman su rol de contralor de la actividad del gobierno y actuando con prudencia y sentido común, no levanten la mano sin más cuando deban aprobar un próximo endeudamiento de la Ciudad y pongan un límite a la discrecionalidad financiera con la que suelen manejarse los ejecutivos.

 

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Denuncia contra Grindetti por los Bonos Tango (parte II)

Luego de un verano en el que no sólo descansamos sino que también nos dedicamos a nuestro trabajo, continuamos investigando la emisión de al serie 8 de los Bonos Tango emitidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para financiar obras pública, entre ellas, la extensión del subterráneo.

La denuncia que presentamos en diciembre pasado (ver aquí) básicamente puso de manifiesto irregularidades en la contratación del Banco Credit Suisse y la consultora KBR Financed Ltd. y las altas comisiones abonadas a éstos, el incumplimiento de los procedimientos administrativos y de los principios de finanzas públicas determinados por diversas normas de la ciudad, entre ellas, la Constitución Porteña.

Esta presentación judicial fue ampliada a fines de febrero. En nuestro nuevo escrito y fruto de las colaboraciones recibidas por especialistas que voluntariamente se acercaron a ACIJ a aportarnos nueva información, pusimos en conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes otros aspectos importantes del hecho investigado.

Básicamente, cuestionamos la alta tasa de interés pactada en favor de los bonistas, la oportunidad para concretar la operación que significó un endeudamiento para la Ciudad de U$S 475 millones más intereses anuales de 12,5% y la decisión administrativa que “benefició” al consorcio Credit Suisse-KBR.

Corresponde decir que la Ciudad deberá pagar cada año a los tenedores de los títulos durante el período de estos (5 años), el 12,5% de esa suma, lo que asciende a U$S 59.375.000 anuales. Si acumulamos la renta que devengarán estos títulos desde su salida al mercado hasta su rescate, tenemos que la Ciudad deberá pagar –además del valor nominal de cada título- un total de 296.875.000 de dólares en concepto de intereses, es decir más de la mitad del capital.

Resaltamos que se puso en circulación en el mercado un título al cual –por sus convenientes condiciones para el inversionista sumadas a las buenas calificaciones de la Ciudad y su satisfactoria situación económico-financiera- muchísimas personas estaban dispuestas a acceder a su compra. Sin embargo, no todas pudieron hacerlo. Esto significó que hubiera una sobre-demanda de los bonos que elevó artificialmente la tasa de interés pautada. Prueba ello que al cabo de dos días de cotización en bolsa, el título porteño bajó su tasa de interés efectiva del 12,5% al 10,5%. Esto implica que el que compró el bono en primera suscripción, se apropió de esa diferencia (2%) en vez de hacerlo el ciudadano porteño, pagando menos interés.

En lo que respecta a la oportunidad para realizar la operación, en este caso, se esgrimió la necesidad de tomar fondos para realizar las obras de expansión del subterráneo. Sin embargo, respecto a buena parte de ellas ni siquiera estaba iniciado el proceso licitatorio para determinar qué empresa se haría cargo del trabajo, en qué momento iban a efectuarse los pagos y cuánto, en definitiva, costaría esta obra.

Asimismo, hicimos saber que otros reconocidos e importantes bancos (entre ellos, J.P Morgan y el Deutch Bank) habían presentado sus propuestas a la Dirección de Crédito Público de la Ciudad para intervenir como agentes financieros del Gobierno local en la emisión de bonos. Estas ofertas determinaban mejores condiciones contractuales para la Ciudad pues implicaban comisiones más bajas a las efectivamente pagadas por contratar a Credit Suisse-KBR. Hablamos de que el consorcio beneficiado por esta operación se llevó el 2% del total (cerca de U$S 10 millones), mientras que las propuestas de las otras entidades mencionadas significaban costos por el 0,25%.

Actualmente, la causa está radicada en la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción 46 a cargo del Dr. Adrián Pèrés, quien ha dispuesta la realización de ciertas medidas de prueba. Esperamos en breve conocer el resultado de esta primer fase de la investigación.

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Transparencia, Policía Metropolitana y un deseo para el año que comienza.

Por Diego Martínez, director del área de Justicia de Poder Ciudadano.

¿Cómo hace una gestión de gobierno para crear una policía desde cero? Quizá ninguno de nosotros sabría bien por donde empezar pero creo que coincidiríamos pronto en que la manera en la que se elige el recurso humano es bastante importante. Quiénes van a ser esos hombres y mujeres de uniforme que van a intervenir si al hijo de nuestro vecino lo golpea un patovica en la puerta de un boliche, van a indicar una dirección a uno de los tantos turistas que visitan nuestra capital, van a controlar a los vendedores ambulantes de la peatonal Florida o van a ejecutar una orden de desalojo. Y quiénes serán sus jefes, los que van a impartir órdenes y a vigilar que sus subordinados cumplan con la ley.
Hace unos días, en Poder Ciudadano tuvimos oportunidad de leer el Informe de la Comisión Especial de la Legislatura que investigó la creación de la Policía Metropolitana y el affaire de las escuchas ilegales. La presidencia de la comisión facilitó un borrador a varias organizaciones de la sociedad civil para conocer su opinión. Nosotros hicimos nuestras observaciones y comentarios, que se agregaron luego a la versión final. El informe puede verse aquí.
No nos ocupamos de los hechos que se ventilan en la causa penal que está en manos de Oyarbide ni opinamos sobre la responsabilidad de los funcionarios mencionados en el informe. Señalamos, en cambio, algunas deficiencias en la implementación de las políticas relacionadas con la creación de la policía y efectuamos recomendaciones orientadas a reforzar la transparencia de la gestión.
Uno de los principales problemas de los que da cuenta el informe es la alegre discrecionalidad con la que fueron seleccionados los integrantes de la flamante fuerza. No se usaron parámetros de evaluación uniformes, la información solicitada a los aspirantes fue escasa y la indagación en los antecedentes disciplinarios o penales fue pobre o nula. Además, no hay antecedentes sobre la realización de evaluaciones psicofísicas o controles sobre posibles conflictos de interés.
El problema se presentó con todos los aspirantes a ingresar a la PM pero es especialmente relevante respecto de aquellos que provienen de otras fuerzas de seguridad. Tengamos en cuenta que es la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad (Ley 2894) la que define los requerimientos y las limitaciones para quienes aspiran a ingresar a la PM. Esta ley establece una amplia gama de requisitos de idoneidad y calificación profesional para los candidatos (muchos de los cuales no parecen haber sido verificados por las autoridades que efectuaron el reclutamiento). Pero como su redacción es confusa no queda claro si esas exigencias son igualmente aplicables a aquellos que provienen, por ejemplo, de la Policía Federal o la Gendarmería. Así, allí donde tendría más sentido verificar que los aspirantes no tengan antecedentes por actos de fuerza contra el orden institucional, violaciones a los derechos humanos o sanciones penales o disciplinarias, la ley no aclara si es necesario hacer ese control.
Sería conveniente mejorar este marco jurídico. Pero aun a falta de una reforma, alcanzaría con que las autoridades del ejecutivo metropolitano mostraran voluntad política para aplicar criterios de selección basados en principios de eficiencia y transparencia y en parámetros objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. La adopción de un protocolo de incorporación, la realización de concursos y la evaluación exhaustiva de antecedentes resultarían de mucha utilidad.
Tan importantes como las políticas de reclutamiento son los controles a los funcionarios elegidos. Conviene recordar que la actividad de la Policía Metropolitana podría haber estado monitoreada por el Comité de Seguimiento de Seguridad Pública -integrado por miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y de la Defensoría del Pueblo- que creaba la Ley 3064. Pero Mauricio Macri vetó esa ley.
Este segundo problema se conecta directamente con una profunda carencia institucional del gobierno metropolitano: la falta de una Ley de ética en la función pública. Si existiera un instrumento legal que fijara estándares de conducta claros y uniformes para la generalidad de los miembros administración de la ciudad y regulara la declaración de los posibles conflictos de intereses el control de los funcionarios policiales se vería reforzado. De los doce proyectos de ley que se encontraban en danza en la Legislatura, algunos ya perdieron estado parlamentario. En la actualidad la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura trabaja para unificar algunos de esos proyectos en un texto común (Poder Ciudadano monitorea el proceso, así que seguiremos informando).
Ojalá durante el próximo periodo parlamentario los avatares de la contienda electoral –que usualmente dificultan los consensos y ralentizan la actividad de las oficinas públicas- dejen algún resquicio para elevar los estándares de ética pública en la Ciudad de Buenos Aires. Un pequeño deseo para el año que comienza.

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Con el auto del comisario (o corrupción para aprobar el examen de conducir)

Un señor concurre a una auto-escuela, hace el curso y aprende a manejar. Se presenta en la dependencia del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires donde debe rendir el examen. Lo hará con el auto que le brinda la auto-escuela. El examen será mucho más fácil de lo que pensaba, el vehículo tienen doble comando y quien maneja de hecho, es quien lo está evaluando. Sólo le faltaba colear, nos dice el principiante. El resultado, obvio, es que le otorgan la licencia sin haber hecho –por sí mismo- casi ninguna de las pruebas de rigor.

 

Una chica hace el curso en otra auto-escuela, también concurre a rendir el examen, y antes de finalizarlo, le avisan que su registro ya está hecho. También utilizó el auto que le dieron donde hizo el curso de conducción.

Por último, otra mujer concurre a rendir, también lo hace con el vehículo que le prestan en una auto-escuela, donde aprendió a manejar. Los nervios le juegan una mala pasada y al momento de demostrar sus habilidades estacionando voltea una de las vallas. La cosa se complica y al ensayar la prueba de marcha atrás se le apaga el motor. La mujer termina el examen, se baja del auto y a viva vos comenta entre los presentes que no le había ido nada bien. Se acerca una persona que trabaja en la auto-escuela y habla con el examinador. A los pocos minutos le dicen que puede pasar a buscar su licencia.

La connivencia entre quienes deben evaluar y quienes les han enseñado a los que ahora pretenden obtener la licencia es clara. ¿Un caso de corrupción? Una dependencia donde lo que no sobra es honestidad, tal vez. 

Sin embargo, a quien sí le sobró honestidad es a un joven que se presentó hace unos días a rendir el examen, y no sé le ocurrió otra cosa que decir la verdad al momento de ser consultado sobre posibles enfermedades crónicas. Dijo que era diabético. En razón de ello, lo mandaron a concurrir a su médico personal para que emita un certificado donde conste que nunca había sufrido descompensaciones y que es apto para conducir. El joven, a la semana, va nuevamente a rendir el examen con la respectiva constancia. Sin embargo, ahora le dicen que ese certificado no alcanza. Que por ser insulino- dependiente, queda comprendido en el decreto reglamentario 588 del GCBA, el cual impide otorgar la licencia a quienes sufran esta enfermedad. El profesional de la salud que le informa al respecto le dice “nosotros no estamos de acuerdo, pero no podemos hacer nada”. La negativa fue rotunda sin ni siquiera haberlo examinado. Con esa respuesta el joven se vuelve apesadumbrado a su casa, lo hace en moto, porque el mismo GCBA le otorgó un tiempo antes el registro para este tipo de vehículo.

La norma, sin fundamentos, efectivamente indica una serie de patologías que impiden acceder a un registro de conducir. La diabetes –aún la que debe ser tratada mediante insulina- tiene muchos grados y distintas afectaciones. La norma en cuestión, firmada por el propio Mauricio Macri, no hace distinciones y por ello fue denunciada por la Agrupación de Protección al Diabético en Argentina (AProDiAr) ante el INADI y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. Ello en razón de ser notoriamente  discriminatoria, y a entender del cronista, manifiestamente inconstitucional. 

Los primeros casos que se relatan en esta nota nos muestran lo corrupto que puede ser sistema, y tal vez, en parte expliquen lo mal que se conduce y lo poco que se respetan las leyes de tránsito. El último caso nos muestra el costo que puede traer aparejada la honestidad (y responsabilidad) de un ciudadano. Un “no” ante la consulta respecto a las enfermedades padecidas, le habría bastado para tener el registro. Ahora el amigo duda. No sabe si sacar el registro en cualquier otra localidad donde por unos pocos pesos nadie le pregunte nada, o iniciar las acciones legales contra el GCBA, que haciendo gala de generalidad, dicta normas groseramente discriminatorias. Veremos hasta dónde llega su compromiso con la verdad, veremos cuánto puede afectarlo un sistema que se muestra bastante injusto, perverso y corrupto. Una vez más el sistema prueba al ciudadano en su responsabilidad y honestidad, veremos hasta dónde llega…

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Una denuncia al ritmo del 2×4

Tal como venimos anunciando desde hace un par de semanas a través de las redes sociales, concretamos –lo hicimos justo en el día mundial de la lucha contra la corrupción- una denuncia por hechos que nos preocupan.

 

Se trata de la espectacular operación de crédito público por la cual la Ciudad de Buenos Aires se endeudó por la módica suma de u$s 475.000.000 con el objetivo –sólo inicial- de invertirlos en obras para la extensión de las líneas A, B y H del subterráneo.

Resulta que la historia fue así: en diciembre del año pasado, el Jefe de Gobierno de la Ciudad envió un proyecto a la Legislatura para que lo autorizaran a emitir títulos de deuda para financiar su mayor promesa electoral, los famosos 10 km. anuales de subtes.

En abril de este año y con la intervención del Ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y del Director General de Crédito Público, Abel Fernández Semhan, se concretó la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango. Para la operación fueron elegidos –de modo directo- el prestigioso banco Credit Suisse y la ignorada consultora KBR Finance Ltd.

 

Resulta ser que por toda esta operatoria, al banco se le pagó el 0,75% (más de 3 millones y medio de dólares) más un plus del 1,25% (casi 6 millones de dólares) tanto para KBR como para Credit Suisse por las tareas de “estructuración”. Las comisiones son muy altas en comparación, por caso, con las pagadas por el gobierno de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires hace unos meses por una operación similar.

El escándalo radica en que, por un lado, se contrató a KBR, una firma dirigida a nivel local por Edgardo Srodek, personaje muy allegado al PRO y a Grindetti, por haber sido uno de los armadores políticos de la coalición electoral entre el partido de Macri y Recrear. Incluso fue jefe de la campaña del año 2007 en provincia de Buenos Aires, habiendo aportado casi 20.000 pesos para financiarla. Por el otro, en la siderales sumas pagadas para tareas de estructuración (que ni siquiera están definidas), a una firma con nulos  antecedentes y que justamente dirige un “amigo del gobierno”.

Pero eso no es todo… El dinero obtenido por la operación no fue afectado al destino que le dieron los legisladores (la extensión de la red de subtes) ¡porque ni siquiera las obras estaban licitadas! En cambio, “invirtió” en la compra de letras del tesoro nacional y en un plazo fijo en el Banco Ciudad. Inversión, que dicho sea de paso, ni siquiera cubría los intereses a los que el Gobierno se había comprometido a pagar.

Esta es la segunda denuncia que impulsamos desde ACIJ por presuntos hechos de corrupción. Fue un desafío muy importante por la envergadura y complejidad de los hechos y representa nuestro compromiso por en nuestra lucha cotidiana por combatir este flagelo. De la investigación participaron economistas y especialistas en derecho penal. Muchas gracias a todos/as.

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Denuncian corrupción en una operación de la ciudad

Nota publicada por Gabriel Sued en LA NACION de ayer

La Justicia tiene bajo estudio una denuncia penal que afirma que existieron prácticas corruptas y manejos ineficaces en la emisión de los bonos de deuda Tango S8, por US$ 475 millones, la operación más importante del gobierno de Mauricio Macri en el mercado de crédito internacional.
Esos títulos se emitieron entre marzo y abril con el objetivo central de financiar obras para extender las líneas de subterráneo A, B y H. Pero como cuando terminó la operación, la mitad de las obras no habían sido licitadas, el gobierno de Macri usó la plata para otra cosa, sin la inmediata autorización de la Legislatura.
La denuncia judicial fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG dirigida por el constitucionalista Ezequiel Nino. La acusación de ACIJ apunta contra el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y contra el director de Crédito Público porteño, Abel Fernández Semhan, máximos responsables de la operación.
ACIJ enumeró otras presuntas irregularidades de la operación: se acordó una comisión mayor a la que en la misma época pagaron tres gobiernos provinciales; se contrató en forma directa a un consorcio del que forma parte un empresario que años antes había sido jefe de campaña de Pro, y se colocó parte del dinero obtenido a una tasa menor a la de los bonos Tango, lo que produjo una pérdida de al menos $ 30 millones.
Para los servicios de colocación y de organización se contrató, de manera directa y sin proceso de licitación, al Credit Suisse-KBR, a cambio de una comisión del 2% de la operación, equivalente a US$ 9.500.000. La tasa obtenida para los bonos, que vencen en cinco años, fue de 12,5%.
“La tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente”, dijo a La Nacion el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. “Hay una irregularidad estratégica, que es salir al mercado a primerear con tasas absolutamente fuera de lugar y pagando una comisión absolutamente desproporcionada”, coincidió el legislador porteño Martín Hourest (Igualdad Social), que asesoró a ACIJ en la elaboración de la denuncia.
En la presentación de la ONG también se cuestiona la intervención en la operación de Edgardo Srodek, uno de los directores socios de KBR, jefe de campaña de la alianza Pro-Recrear en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones de 2005, y hermano del diputado provincial Jorge Srodek (Unión Pro). “Cabe preguntarse por qué se contrató a una consultora de segunda o tercera línea, sobre la cual no hay datos concretos acerca de su trayectoria”, dice la denuncia.
Consultados por La Nacion, voceros de Grindetti afirmaron que las operaciones de crédito público están exentas de los requisitos de licitación de la ley de compras de la ciudad y sostuvieron que se decidió contratar al consorcio Credit Suisse-KBR porque era el que había acercado la mejor oferta. Argumentaron que ese grupo había hecho un compromiso en firme de aportar US$ 130 millones, dato que inclinó la balanza.
La última presunta irregularidad señalada en la denuncia se produjo una vez que se obtuvieron los fondos. La ley que autorizó la emisión de los títulos determinó que US$ 300 millones debían ser aplicados de manera exclusiva a las obras en los subtes. Pero, al finalizar la operación, los trabajos para la línea H no habían sido licitados, por lo quedaron US$ 150 millones sin destino claro.
En primer lugar, los fondos se pesificaron. Del total de $ 1843 millones, se usaron $ 600 millones para comprar letras del Tesoro Nacional y los restantes $ 1243 millones se depositaron en un plazo fijo del Banco Ciudad, a una tasa del 6,5% anual, casi la mitad del interés que debía pagarse por los bonos Tango.
Después de cuatro meses, en agosto la Legislatura aprobó un proyecto de ley de Macri para destinar US$ 150 millones a la empresa AUSA, para la realización de pasos bajo nivel en los ferrocarriles Mitre, San Martín y Urquiza, y otros US$ 36 millones para obras en educación.
En Hacienda explicaron que los fondos fueron depositados en el Ciudad porque es el agente financiero del distrito y que todo el dinero pedido para subtes se aplicará al fin estipulado. “Se decidió prestarle US$ 150 millones a AUSA, con una tasa igual que la que paga el bono Tango, pero está establecido que esa empresa vaya devolviendo el dinero a medida que se necesiten los fondos para las obras del subte”, agregaron.

EL CUESTIONADO PLAN DE DEUDA

US$ 475 Millones Fue el total de la emisión correspondiente a los bonos de deuda Tango S8, la operación más importante del gobierno de Macri.
La acusación. Se contrató sin licitación un consorcio para la colocación de la deuda, con una comisión más alta que la acordada por otros distritos. En la operación intervino un empresario que había sido jefe de la campaña de Pro. Una parte del dinero debía ser destinado a obras del subte, pero se usó para otra cosa.
El descargo. La ley no requiere que en las operaciones de crédito se abran procesos de licitación. La oferta del consorcio Credit Suisse-KBR era la más conveniente. El dinero que no pudo aplicarse a obras en los subtes se prestó a una buena tasa y será utilizado en los próximos años.
Los denunciantes. La denuncia fue radicada por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el juzgado de instrucción N° 9, a cargo de Eliseo Otero.

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