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Posts etiquetados ‘Clarín’

Alguna vez escribimos en este espacio sobre los “Héroes del Control”. Un comic elaborado por la Contraloría General de Colombia que tiene por objetivo acercar a niños y jóvenes a valores y conceptos relacionados con la ética y la transparencia en el ejercicio de la ciudadanía (primero) y el de la función pública (después).

También en este mismo espacio reclamamos que en nuestro país hubiera una mayor cantidad de políticas educativas que hicieran foco en la construcción de una ciudadanía comprometida con la ética y la lucha contra la corrupción. A nuestro entender, para lograr una sociedad (también un sistema político e institucional) con menos corrupción, es necesaria la participación de todos. La educación en valores es un pilar fundamental para ello. No es un antojo nuestro, es un paradigma ampliamente aceptado.

Por lo dicho, oportunamente elogiamos aquellos productos que la Oficina Anticorrupción realizó entre el 2005 y 2009. Entre ellos la publicaciones denominadas “Resetear la Sociedad” y  la campaña llamada “Y vos, qué?”. Para su elaboración se contó con el aporte de la Embajada Británica y profesionales destacados trabajaron en ella.

“Y vos, qué?” incluye un spot dirigido a jóvenes que apunta a interpelar al destinatario sobre la corrupción de pequeña escala. Aquella que se comete a diario, que muchas veces es menospreciada, pero suele ser el cultivo para tolerar o producir corrupciones mayores. Procura revisar la evaluación que los jóvenes hacen de esos pequeños actos que contrarían la legalidad. Al mismo tiempo, los estimula a preguntarse sobre el perjuicio que en el corto o largo plazo puede producir la corrupción.

Material como este no sólo es producido por la Oficina Anticorrupción Argentina o la Contraloría colombiana. Aquel paradigma al cual nos referimos, es asimilado por muchos organismos que trabajan –algunos más, otros menos- en materia de políticas de transparencia en todo el mundo. En muchos países iniciativas de este tipo son mucho más extendidas y difundidas.

En Argentina, hace poco el Ministerio de Educación acordó con la Oficina Anticorrupción acciones destinadas a transmitir este video entre los estudiantes secundarios. Nos alegramos de ello.

A la OA hay cosas para cuestionarle, aquí lo hemos hecho en más de una oportunidad. Sin embargo, en modo alguno puede decirse que la elaboración de este spot puede encuadrar en aquellas acciones a reprochar. Más bien todo lo contrario, estamos hablando de un paso adelante en una cuestión que es central.  

En este punto y de acuerdo a lo dicho, la nota (doble página) publicada en Clarín el viernes pasado, podría llamar la atención. El artículo sumamente crítico con la campaña y el spot, sin embargo, se hace entendible en el posicionamiento político que asumió el medio. La construcción de una idea y los argumentos que luego la sostengan resulta obvia.  

En el artículo se consulta a un especialista y a tres reconocidos abogados que atienden variadas cuestiones. Las palabras del especialista, favorable a la campaña, parecen sorprender al autor. Lo cual lo obliga a envolverlas en las expresiones del resto de los entrevistados. Estos, dejan en evidencia que el motivo por el cual son consultados no es su especialidad en la materia (claro está), sino aquella visión política que los pone en sintonía con lo que el cronista de ante mano quería decir. La voz autorizada a los postres y la conclusión delante de los caballos. Lo importante es el palazo, después buscamos los argumentos.  

Si por aquí a alguien se le ocurriera reproducir a los “Héroes del Control”, debería tener cuidado. No faltaría quien haga apología de la kriptonita. Una lástima.

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En la sección de Opinión del diario Clarín, un título llama la atención: “Un apriete para que no se hable de la corrupción”.

Les vamos a dar el beneficio de la duda. Supongamos que efectivamente fue un apriete. Que esos ex trabajadores que estaban reclamando por sus despidos junto con sus mujeres y sus hijos (como muestran las fotos de varios diarios), en realidad eran una patota que atentaba contra la libertad de prensa y expresión.

Supongamos también que una página en blanco es adecuada para esta situación, teniendo en cuenta que Página12 usó en 1989 la misma portada, pero para criticar los indultos de Menem a centenares de militares y civiles que participaron en la dictadura.

Supongamos que todo eso es cierto. Aun así, esta nota donde se habla del apriete, la estamos leyendo por internet. Y la vimos mencionada en redes sociales como Twitter, donde se habló incansablemente del tema. Es decir que sigue habiendo formas de expresarse.

Todo eso nos lleva a decir lo siguiente: si efectivamente hubo un apriete para que no se hable de la corrupción, exhortamos a estos diarios a que hagan valer su libertad de prensa denunciando esa corrupción más que nunca. Que lo hagan información seria, con datos precisos. Citando fuentes, descartando el anonimato. Sin apelar a la repetición para sostener teorías.

Supongamos, por último, que el vendedor de diarios realmente dejó este hueco en su puesto, y que no fue armado sólo para la foto. Queremos que cuando ese hueco se vuelva a llenar, se vea cuáles son esas investigaciones incisivas que llevan al Gobierno Nacional a fomentar este bloqueo. Que años pasados de complacencia con este gobierno y su corrupción, así como tiempos actuales de complacencia con la corrupción de otros gobiernos (pongamos locales), queden sepultados ante la rigurosidad de la información recopilada. Si eso sucede, será sencillo darles la razón con lo ocurrido, tendrán nuestra absoluta solidaridad. Si eso no sucede, tendremos la prueba de que existe libertad de expresión para que cualquier pueda decir cualquier cosa, aún sin ningún fundamento.

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Ricardo Recondo, y Graciela Medina son los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal que no se percataron que una ong sin existencia real se presentaba en nombre de un interés difuso –como sería la libre competencia- a patrocinar los intereses bien reales de una compañía con amplio dominio de mercado.

No se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta. El asunto no está claro aún, aunque se esperan novedades en los próximos días. El abogado que intervino en el caso -Carlos Ronsenkrantz- como presidente de la ong defensora de la competencia, también trabaja para la compañía cuyos intereses se presentó a defender.  Por último es de público conocimiento que el esposo de la Jueza, Julio César Rivera, y un hijo de éste, son docentes en la facultad donde Ronsenkrantz es rector. Ello podría haber dado lugar a que la jueza se excusara. Eso no ocurrió y nació entonces la sospecha sobre las razones que llevaron a Medina y a Recondo a comprar el buzón que les estaban vendiendo.

Sin excusarse, Medina terminó siendo denunciada ante el Consejo de Magistratura, ello por los fallos que dictó -el de la ong ad hoc no fue el único- en los cuales se benefició el grupo económico en cuestión. Ese alguien fue el secretario general de la UEJN, Julio Piumato.

La cuestión ahora deberá ser resuelta por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, como era de esperarse, Recondo y Medina lograron la importante muestra de solidaridad de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de la cual Recondo hasta hace apenas unos meses fue su presidente. De ello nos informó Clarín el sábado pasado.

Claro que con una pequeña una trampita, omitió decir que la denuncia había sido presentada en causas que tenían al grupo Clarín como principal protagonista. ¿El título? “Solidaridad de los jueces por una denuncia”.

La nota sólo se remite a transcribir un comunicado de la. Asociación de Magistrados en el cual se brinda un contundente apoyo a Recondo y Medina.

El comunicado en sí no es más que una recopilación de los argumentos con los cuales corporativamente se suelen defender los jueces. A saber: “frente a la denuncia presentada y divulgada por el Secretario General de la UEJN contra los Dres. Ricardo Recondo, y Graciela Medina (…) por como han resuelto un caso sometido a su decisión, esta Asociación ratifica una vez más que dentro del equilibrio institucional determinado por la Constitución Nacional, los magistrados no pueden ser denunciados por las consideraciones vertidas en sus sentencias, en tanto éstas no constituyan delitos o evidencien ineptitud moral o intelectual que los inhabilite para el desempeño de sus cargos”.

Sigue: “sin perjuicio de la libertad de opinión y crítica sobre las decisiones judiciales, y del acierto o error en el que ellas puedan incurrir -continúa el documento-, en el caso se pretende sostener la existencia de circunstancias por la que estos jueces habrían actuado con favoritismo, lo que resulta una falsedad que enfáticamente rechazamos. Los jueces se encuentran bajo control permanente en su quehacer jurisdiccional, pero una denuncia que pretende su investigación no puede estar livianamente fundada y esconder una acusación por estar en desacuerdo con el sentido del fallo. (…) La defensa de la independencia del Poder Judicial frente a los ataques y presiones de cualquier origen: político, social, o económico, constituye uno de los relevantes objetivos que guía nuestro accionar”.

Con remanidos argumentos el comunicado no le llega a los talones a aquella célebre acordada de la Cámara Comercial. Sin embargo, nos viene bien para hablar de algo sobre lo cual tenemos algunas cosas para decir.

Básicamente la defensa radica en que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Ahora bien, si un juez no puede ser juzgado por eso, porqué razón los juzgaríamos. O lo que quieren decir es que a los jueces les reservamos el privilegio de sólo ser juzgados por Dios cuando los tenga en su gloria.

Gargarella y Bovino, con atendibles argumentos procuran rebatir el referido cliché según el cual los magistrados no pueden ser juzgados por el contenido de su sentencia.

Dice con razón Gargarella que “ellos (por los jueces) tienen la responsabilidad extraordinaria de custodiar nuestros derechos, y deben hacerse cargo de esa responsabilidad, y de las cargas que ella conlleva. Por supuesto, siempre vamos a tener con ellos razonables disidencias, desacuerdos, variaciones en los matices, respecto de cómo interpretar algún texto. Pero, como en todas estas situaciones, hay límites, y los límites están mucho más acá de lo que los propios jueces están interesados en reconocer, mucho más acá de lo que ellos nos dicen, una y otra vez, convenciéndonos de los amplios, inalcanzables márgenes de su impunidad“.

El amigo Bovino sostiene que “por lo demás, la causal de “mal desempeño” como juez no puede evitar que para determinar si está dada o no la causal, se analicen las decisiones del juez denunciado. Resultaría imposible determinar el desempeño de un funcionario judicial sin atender al producto cotidiano de su trabajo. Ello no implica que la mera discrepancia con sus sentencias baste para afirmar el “mal desempeño”. Pero se llega a un punto en que es el mismo contenido de las sentencias el que manifiesta la falta de idoneidad técnica, o el ejercicio de un poder abusivo, de modo inequívoco, por parte de un juez”.

El poder judicial ha sido de todos los poderes democráticos el más reacio a someterse a controles en sus condiciones internas de funcionamiento. Por caso, fueron los últimos en admitir que sus declaraciones juradas patrimoniales deben ser públicas. Tampoco son proclives a que la sociedad -en su concepción más amplia- participe en le composición del Consejo. Se encargan -con ayuda, por cierto- de obstruir cualquier mecanismo de rendición de cuentas. Manejan la información de sus causas como si fueran eso, causas suyas.

En síntesis bloquean las posibilidades de control público respecto a sus actos. Sobre ello entonces, será muy difícil poder juzgarlos. Si tampoco podremos juzgarlos por el contenido de sus sentencias entonces, como dice Gargarella, deberemos hacerlo por el color de sus corbatas.

La percepción social sobre el rendimiento, idoneidad y honestidad del Poder Judicial, no tiene en modo alguno su correlato en la cantidad de jueces destituidos.  Este año lo probaremos en primera persona. Se vendrán sendas presentaciones al Consejo de la Magistratura por causas de corrupción que vienen prescribiendo sin que nadie asuma la responsabilidad por ello. También denunciaremos a los jueces que se niegan cumplir resoluciones de su superior que les ordenan dejarnos ver la información de expedientes sensibles.

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Esta semana reprodujimos una nota de Mercado y Transparencia en la que se daba cuenta del uso de una asociación civil para defender en sede judicial los intereses de un grupo económico desfavorecido por una resolución administrativa.

Se trata del Grupo Clarín, una de cuyas firmas, Fibertel, se vería perjudicada por la Resolución 100/10 que declaró la caducidad de la licencia de la compañía de servicios de internet. En ese contexto aparece la Asociación para la Defensa de la Competencia, que se presenta judicialmente, pidiendo que se dicte una medida cautelar que suspenda los efectos de esa decisión de la Administración.

Según la nota de Mercado y Transparencia, la asociación de la que se habla está fundada y actualmente constituida por los mismos abogados que representan en sede judicial y administrativa los intereses del multimedio. Hablamos del Estudio “Bouzat, Rosenkrantz & Asociados”.

En la web del mencionado buffet, hasta hace unos días encontrábamos la elocuente nómina de sus clientes, la que pueden ver aquí.

Sin embargo, parece que por alguna razón, el Estudio ha decidido dejar de publicarla. Hasta ayer el espacio de “Nuestros Clientes” estaba en construcción. La obra terminó pronto y hoy ese apartado ni siquiera existe. Y si no búsquenlo Uds. mismos aquí

 

Publicado por ACIJ

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