Comunicado del CIPCE sobre el caso María Julia Alsogaray

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Sepan disculpar por la idea

El domingo pasado el diario Clarín sacó una nota sobre la situación del hospital Garrahan. El artículo menciona que la Corte Suprema evalúa el pedido de CIPPEC para que el dinero recaudado con el remate del petit hotel de María Julia Alsogaray, sea destinado al nosocomio.

El autor incurrió en dos errores: la organización peticionante no fue CIPPEC sino CIPCE y la Corte ya decidió.

Sobre lo que tratan las líneas que siguen, es de esta resolución que con pocas palabras deja zanjada la cuestión:

 “Hágase saber a los presentantes (adhiriendo al CIPCE, otras organizaciones -como ACIJ- habían formulado la solicitud) que en virtud de lo dispuesto por el artículo 3°, inciso b, de la ley 23.853, el Tribunal no está facultado para afectar los recursos obtenidos por aplicación de esa norma a otros fines a que los allí determinados.”

Tajante, la firma de Alfredo Kraut suscribe una resolución que envía de parte del Poder Judicial un mensaje claro a la sociedad. Esa plata no puede ser usada para una pretendida reparación social por el daño de la corrupción. Por el contrario, la Justicia merece para sí misma, el fruto de aquel remate.

Ahora sería bueno sugerirle a la Corte en qué podrían gastar esos casi 3 millones de pesos. A saber:

* Cursos de capacitación para funcionarios y magistrados en lo que refiere a la persecución de estos ilícitos. Tal vez les puedan indicar a Oyarbide cómo hacer 500 medidas sin provocar 490 nulidades.

* Armado de seminarios con invitados de otros países donde la justicia funciona en serio. Para que nos digan cómo hacen para que las causas se definan en menos de una década.

* Compra de material informático para que los auxiliares de la justicia (Gendarmería por ejemplo) puedan realizar las investigaciones que los funcionarios judiciales delegan.

* Reforma del noveno piso del Comodoro Py, para que funcionarios judiciales y lobbistas puedan tener un lugar tranquilo donde entenderse.

En fin, puede ser que se nos ocurra alguna más. Se las haremos llegar, aunque no suelen contestarnos. Pero si ninguna opción les place, deberían hacer lo que siempre hacen: compren papel.

Muchas resmas, centenares de resmas. Acumulen papel, cósanlo o no. Impriman libros, denle una oportunidad a Torres para que despotrique contra el periodismo y haga gala de su visión del acceso a la información pública. Impriman, impriman mucho, total ya sabemos dónde va a terminar. En lo que va del año 5 grandes causas de corrupción han prescrito. Entre ellas suman 70 años de trámite. El daño social, que nunca se reparará, supera el centenar de millones de pesos. A los jueces les da tanta vergüenza que ni siquiera le comunican al CIJ de estos fallos.

Pero no hay problema, hace poco nomás el propio Lorenzetti dijo que no había reproches para hacerse porque el gran déficit está en los otros Poderes del Estado.

Por eso mismo la cuestión es de lógica pura, si hay alguien a quien premiar con el dinero del petit hotel es al Poder Judicial. Disculpen por el atrevimiento de suponer que hay gente que dará un mejor uso a ese dinero.

 Vermouth con papas fritas y good show.

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La impunidad sigue encontrando nuevas excusas

 Podría convertirse en el segundo caso importante de recuperación de activos en hechos de corrupción, luego de María Julia Alsogaray. Están a punto de decomisarse casi 18 millones de pesos. Y sin embargo, el TOCF nº 3 dio una respuesta inentendible. Se trata del caso IBM-Banco Nación.

Ya habíamos comentado que el CIPCE presentó un escrito solicitando que se realizara de una vez por todas el decomiso definitivo, respecto de las sumas que se comprometieron a aportar Hugo Gaggero, Mario Jorge Dadone, Alfredo Aldaco y Genaro Contartese. Ellos son los 4 de los 7 condenados que no impugnaron la sentencia que había homologado el acuerdo firmado con la fiscalía. Por lo tanto, esta sentencia se encuentra firme respecto de ellos y no hay razón para no efectuar ya mismo el decomiso pautado.

Sin embargo, el Tribunal Oral que interviene en la causa no considera que esto sea así. Ante el pedido del CIPCE, se limitó a responder que la ONG estaba “sobrepasando y excediendo” el límite de su autorización. Es decir: se reconoció el derecho de participación de la sociedad civil en esta causa de corrupción, se admitió que CIPCE y ACIJ intervinieran en el acuerdo de juicio abreviado donde se pactó el decomiso y las condenas, y se homologó dicho acuerdo… pero no se puede reclamar que se cumpla. Si ése es el tope de nuestra autorización, entonces la participación que permiten es meramente formal. Es una participación en los papeles, pero sin incidencia real.

El miércoles 22, CIPCE presentó un recurso de casación contra esta resolución del TOF 3. Estamos ante una oportunidad única para fomentar el recupero de activos en este tipo de casos. Y sin embargo, al Tribunal le bastó una sola carilla para negar nuestra “excedida” solicitud. Resulta difícil de comprender: los condenados confesaron que le robaron al Estado y se comprometieron a devolver millonarias sumas de dinero; hay una sentencia lista para ser ejecutada, y sin embargo el Poder Judicial opta por perpetrar la impunidad. Siempre aparece una nueva excusa; ¿cuándo va a aparecer la plata?

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Otra vez la corrupción en el Congreso

Haciendo uso de una herramienta muy común del periodismo local, el título intenta confundir al lector sobre el verdadero contenido de la información. Esta nota no trata de un caso de corrupción en el Congreso, sino sobre la posibilidad de que el martes 31 de mayo se voten distintos dictámenes sobre legislación en materia de corrupción.

La reunión se realizará en la comisión de legislación penal de la Cámara de Diputados de la Nación. En esta ocasión se tratará por un lado el proyecto del Dip. Vega que contempla:

- Aumento de penas a los delitos previstos en el Título XI relativos a corrupción,

- Inclusión del decomiso sin necesidad de sentencia penal para estos casos,

- Responsabilidad penal de la persona jurídica, y

- Ampliación del concepto de funcionario público a los directores, administradores, gerentes y personal jerárquico de las empresas o entidades privadas que prestaren servicios públicos, administraren temporalmente bienes o fondos públicos, o de cualquier modo ejercieren, cooperaren o auxiliaren en funciones estatales, por delegación legal o contractual, recibiendo contraprestaciones del Estado.

Por otro lado, hay tres proyectos del Poder Ejecutivo, también vinculados a la problemática de la corrupción pero específicamente al soborno transnacional. Uno de los proyectos busca incorporar la responsabilidad penal de la persona jurídica en la misma línea que el proyecto del Dip. Vega, pero ubicándolo en la parte general del Código Penal, y legislando detalladamente en materia de “el actuar en lugar del otro”. Otro de los proyectos incorpora al Art. 77 del Código Penal la definición de Funcionario público extranjero. Se tratará también un tercer proyecto donde se modifica el art. 1 del Código Penal incorporando el principio de nacionalidad al ámbito de aplicación de la ley penal.

Estos tres proyectos incorporan distintas recomendaciones de la Convención para combatir el Cohecho de los Funcionarios Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales Internacionales a la cual Argentina adhirió.

Desde un plano más procesal se va a tratar también el proyecto de reforma del Código Procesal Penal de la Nación. El mismo es sumamente necesario para hacer efectivas todas las reformas antes nombradas. Lo que se busca en la Comisión es que la votación se haga haciendo uso de la facultad constitucional del art. 79 de nuestra Carta Magna. Esto es que el Congreso Nacional vote el proyecto en general, y la Comisión dictaminante lo haga en particular, a razón de que se va a legislar un nuevo código y el mismo consta de más de 300 artículos.

Por último, también se va a tratar de dictaminar el proyecto de Gil Lavedra vinculado a la creación de oficinas especializadas en delitos contra la administración pública. La misma crea fiscalías con competencia para intervenir en procesos donde se investiguen delitos contra la administración pública. El proyecto también incorpora la delegación en los fiscales especializados la investigación penal de estos casos.

Desde ACIJ y CIPCE, estamos convencidos que toda esta normativa es la adecuada para mejorar los niveles de eficacia de la persecución penal en materia de corrupción y delincuencia económica. Es por esto que ya hace un tiempo que venimos solicitando imperiosamente a los diputados nacionales que incorporen en su agenda legislativa la elaboración de normativa para luchar contra la corrupción y no que esta lucha quede solamente en una reivindicación mediática.

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Para el pueblo lo que es del pueblo

El martes 19 de abril, en el marco de la causa IBM Banco Nación (nº 509/05, TOCF 3), el CIPCE presentó un escrito en calidad de amicus curiae, en el cual solicitó que se efectúe de una vez por todas el decomiso de aproximadamente unos 4,7 millones de dólares.

El 12 de mayo de 2010, el TOF 3 había dictado una sentencia homologando el acta acuerdo de juicio abreviado, en la cual se establecía un decomiso respecto a los imputados Hugo Gaggero, Mario Jorge Dadone, Alfredo Aldaco y Genaro Contartese. A diferencia de Cattaneo, De Lellis y Soriani, estos cuatro imputados no recurrieron dicha sentencia, por lo cual ella quedó firme respecto de ellos con autoridad de cosa juzgada.

En ese acuerdo luego homologado, los condenados Hugo Gaggero y Mario Jorge Dadone se habían comprometido a devolver en concepto de decomiso voluntario las sumas de $350.000 y $764.000 respectivamente. Asimismo, se encuentran a disposición del Tribunal en una cuenta del Banco Ciudad U$S 4.441.507, los cuales provienen de las confesiones realizadas por los condenados Aldaco y Contartese.

Habiendo quedado firme la sentencia respecto de estos cuatro condenados, no se encuentra razón para no efectuar finalmente este decomiso que tanto se hace esperar. Sin afectar el trámite en casación de los recursos de Soriani, De Lellis y Cattaneo (quienes impugnaron lo que ellos mismos firmaron), ¿No sería bueno aprovechar el tiempo y comenzar ya mismo a resarcir a la sociedad el daño causado? Ejecutar esa sentencia es un paso decisivo en la lucha contra la corrupción en Argentina. No demoremos más.

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NUEVA FECHA DE SUBASTA DEL PETIT HOTEL

El próximo miércoles  11 de noviembre, a las 13hs se llevará adelante por última vez la subasta pública del Petit Hotel de Maria Julia Alsogaray a fin de hacer frente a la sentencia de decomiso que se le impuso por encontrarla culpable del delito de enriquecimiento ilícito.

En esta oportunidad el mismo se llevará adelante en los Tribunales de Comodoro Py  (Avenida Comodoro Py 2002) en la Sala Auditórium ubicada en el subsuelo del edificio. Se podrán realizar ofertas a sobre cerrado en el Tribunal Oral Federal Nº4 permitiendo a los oferentes optar por estar o no presente en el acto de remate en este caso se deberán incluir en el sobre un cheque certificado en concepto de seña por un valor del 30% de la oferta propuesta. Asimismo el monto del decomiso se redujo un 8% quedando la base de la subasta determinada en un monto de $3.297.280. El remate como fue en la primera oportunidad será llevado a cabo por la martillera pública Luisa Kattah.

El Petit Hotel se encuentra ubicado Junín 1435 de esta Ciudad, la misma cuenta con una superficie cubierta total de 930, 76 m2 y 31 m2 semidescubiertos. El monto que surja de la venta será para cubrir el monto de la sentencia que asciende a la suma de $3.179.000. El dinero que sobre luego de efectivizada la sentencia se pondrá disposición de otros Tribunales donde también se investigan otros  delitos cometidos por la ex funcionaria menemista.

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SE PUBLICARON LOS EDICTOS PARA EL REMATE DEL PETIT HOTEL DE MARIA JULIA ALSOGARAY.

Durante hoy y mañana se publicarán, en el diario La Nación y en el Boletín Oficial,los edictos dando a conocer los datos del remate de la propiedad de María Julia Alsogaray que tiene como fin  cobrar el monto del decomiso.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de los Dres. Leopoldo Bruglia, María Cristina San Martino y Jorge Gorini sito en Avda. Comodoro Py 2002, 6° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunica por DOS DÍAS en el Boletín Oficial y en el diario “La Nación” en causa Nro. 648 caratulada “ALSOGARAY, María Julia s/enriquecimiento ilícito”, que la martillera Luisa Diana Safdie Kattah mat. I.G.J Nro.135, F 395, L 79-, rematará el 29 DE OCTUBRE DE 2009, A LAS 11:00 HORAS EN PUNTO, en Sala de Remates “Santa María de los Buenos Ayres” del Banco de la Ciudad de Buenos Aires sita en la calle Esmeralda 660, piso 3° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en pública subasta el inmueble ubicado en la calle Junín 1435 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires -Nomenclatura Catastral: Circ. 19; Sección 11; manzana 58; parcela 19. Matrícula 19- 3870- .De la pericia de fs. 199/200 y 62/69 de inc. embarg. Se trata de una excepcional residencia del tipo Petit Hotel, de estilo neoclásico, antig. 80 años aprox.; consta de subsuelo, P.B., cuatro pisos altos y entrepiso. Del plano municipal (fs. 10) aprobación en trámite- el bien se halla en mitad de cuadra en un lote de 8,67 m. de frente y 34,57 de fondo. La vivienda posee cochera, ascensor, sala de máquinas, terraza, balcón, patio de fondo, cinco bauleras, dormitorios en suite, abarcando una superficie cubierta total de 930,76 m\’b2 y semidescubierta de 31 m\’b2. El bien se encuentra ocupado por su propietaria y familiares (cons. Fs. 406). Deudas: ABL ($99.837,36) con intereses al 3/8/2009 (fs.217); AySA ($574,88) al 11/9/09. Venta: “ad corpus” y en el estado de conservación y ocupación en que se encuentre; exhibe los días 22 y 23 de octubre de 2009, en el horario de 15 a 18 hs. Base: ($ 3.584.000) al contado y al mejor postor. Seña: 30%. Comisión: 3%. Acord 10/99 0,25%. Sellado 0,8%, todo en dinero efectivo al bajar el martillo en el acto de la subasta. Saldo de precio: deberá ser depositado dentro del tercer día de aprobado el remate, fecha en la cual se rendirá cuentas, bajo apercibimiento de multa, debiendo depositar el importe correspondiente en la sucursal Nro. 5 de Tribunales del Banco de la Ciudad de Buenos Aires a la orden de este Tribunal y como pertenecientes a estos autos. Si el comprador por cualquier causa no depositare el saldo en el plazo indicado, aunque la mora no le fuere imputable, se aplicaran intereses legales conforme operaciones de descuento a 30 días tasa activa del Banco de la Nación Argentina hasta su efectivo pago. El boleto de compraventa será firmado inmediatamente en la oficina una vez concluido el acto y que no se admite la compra por poder otorgado el mismo día del remate, debiéndose encontrarse legalizado por el Colegio de Escribanos correspondientes. En el acto de suscribir el respectivo boleto de compraventa se exigirá de quien o de quienes resulten compradores la constitución de domicilio legal dentro del radio de esta ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de que las sucesivas providencias se le tendrán por notificadas en la forma y oportunidad previstas en el art. 133 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. A los fines de la transferencia del dominio, el adquirente podrá optar por la vía prevista en el art. 1185 del Código Civil, regulado por el art. 587 y siguientes del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, siendo en todos los casos a su cargo. Respecto de las deudas del inmueble registradas, se hace constar que no corresponde que el adquirente en subasta judicial afronte las deudas que registra el inmueble por impuestos, tasas o contribuciones, devengadas antes de la posesión, cuando el monto obtenido en la subasta no alcance para solventarlos (cfr. doctrina plenaria de la CNAC de fecha 19/2/199, en autos “Servicios Eficientes S.A. c/ Yabra, Roberto Isaac s/ ejecución”). En el acto de subasta no se aceptarán posturas menores a pesos diez mil ($10.000) y no se admitirá la compra en comisión y la cesión de boleto. Los interesados podrán concurrir al Tribunal a efectos de tomar conocimiento de las constancias referentes al inmueble y subasta y, deberán identificarse tanto en la exhibición y en el acto de remate. Para mayores informes ver el expediente (tel: 4032-7268) o a la martillera Tel:15-6235-3144 Mail: luisakattah@hotmail.com Buenos Aires a los 13 de octubre de 2009. Firmado. Andrea Possenti (Secretaria).

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De remate

El 29 de octubre a las 11 am se llevará adelante el remate del petit hotel ubicado en la calle Junin 1435 de esta ciudad. El mismo se llevará  a cabo fin de dar cumplimiento a la sentencia de decomiso impuesta por el Tribunal Oral Federal Nº4 en la causa nº648 donde se condenó a Maria Julia Alsogaray por el delito de enriquecimiento ilícito a devolver al Estado $ 3.179.207.

Para realizarse la subasta se sorteó a la martillera pública Luisa Diana Safdie Kattah, la base del remate es de  $3.584.000, este monto son los dos tercios del valor del bien que según el perito tasador que intervino era de $5.376.000. Se utilizó esa suma y no la valuación fiscal ya que ese precio está desactualizado. La base del remate alcanza para cubrir el monto del decomiso más las costas, no se utilizó el monto de la valuación del perito tasador ya que lo que se busca es que la propiedad se venda y alcance para cubrir el monto de la sentencia. Lo que sobre de la venta luego de que se haga efectivo el decomiso y el pago de las costas del proceso quedará para Maria Julia Alsogaray, ya que la sentencia de decomiso es por un monto de dinero y no por una propiedad de la condenada. El petit Hotel se ejecuta en virtud de que la ex funcionaria al momento de ser intimada a que reintegre los fondos arguyó que no disponía del dinero para hacer frente a la sentencia. Asimismo que se haya establecido este monto es a fin de lograr la venta en el remate, ya que la venta se hará al mejor postor  por tal razón el precio aumentará.

En cuanto al remate,  el mismo será en la sucursal del Banco Ciudad ubicada en Esmeralda 660 en el “Salón Santa María de los Buenos Aires” de esta Ciudad y estará cargo de la oficina de subastas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Los días 16 y 17 de octubre se llevará a cabo la publicación de edictos en el Boletín oficial y en el diario La Nación y los días 22 y 23 del corriente se podrá visitar la propiedad.

El día de la subasta,que será pública, el comprador deberá entregar el 30% del precio en concepto de seña y el 3 % por la comisión. El saldo total deberá ser depositado dentro del tercer día de aprobado el remate. Luego de esto, el Tribunal deberá transferir el dinero a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que deberá decidir si ese monto queda en el poder judicial o se destina al Hospital Garrahan.

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