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La denuncia que efectuamos por la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango generó mucho ruido. En los medios, entre los especialistas y en otras organizaciones. Finalmente ese rumor llegó a la Legislatura.

El eco se hizo sentir en la propia sesión del jueves 3 de marzo pasado. Se discutía el presupuesto de la Ciudad, cuando saltó el escándalo del endeudamiento del año 2010 y la contratación de la consultora KBR (dirigida por un amigo del PRO, Edgardo Srodek) se coló en el debate

La historia del ruido legislativo comenzó en diciembre del año pasado, cuando se aprestaban a darle trámite al presupuesto para el año 2011. En ese momento desde ACIJ les enviamos cartas a todos los legisladores porteños haciéndoles saber de todas las irregularidades que habíamos descubierto y habíamos denunciado ante la justicia.

También les advertimos que en caso de que aprobasen junto con el presupuesto un nuevo endeudamiento para el gobierno de Macri, era necesario que se tomasen los recaudos necesarios para que no se volviesen a repetir las groseras anomalías que habíamos detectado en la emisión de la serie 8. Entre las sugerencias incluimos que determinaran legislativamente: tipo de operación, monto, destino exclusivo, procedimiento para llevar adelante la contratación pública (licitación o concurso público), tasa de interés, plazo de rescate, intervención del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y eventualmente, si éste no tuviera capacidad técnica para realizar la operación, características generales que debe reunir el operador financiero a contratar –sujeto al control del banco oficial-, comisiones máximas que se le podrían llegar a pagar, deber del Ministro de Hacienda y/o del Director de Crédito Público de informar personalmente y por escrito el trámite y resultado de la operación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ante el pleno.

En función de que en diciembre no se lograron los votos necesarios para aprobar la llamada “ley de leyes”, reiteramos nuestra inquietud en febrero, instando a los legisladores a que por los canales institucionales ejerzan un control efectivo y oportuno de la actividad financiera de la Ciudad y de la ejecución presupuestaria. Máxime teniendo en cuenta que los recursos obtenidos por la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango no habían sido aplicados tal cual se había previsto en las leyes autorizantes.

Y esta vez los diputados nos leyeron y escucharon.

Muchos nos contestaron. Llamaron, enviaron mails, incluso nos respondieron por carta. Finalmente, con varios nos reunimos personalmente.

Por ejemplo, Rocío Sánchez Andía nos hizo llegar valiosa información para nuestra investigación, que próximamente pondremos en conocimiento de la Fiscalía que investiga el caso. Asimismo, nos entrevistamos con el legislador Jorge Selser, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a quien le manifestamos nuestra preocupación ante la eventualidad de un nuevo endeudamiento. Lo propio hicimos con el legislador Aníbal Ibarra. Ambos se comprometieron a incluir el tema en los debates parlamentarios.

Los resultados de la sesión 3 de marzo pasado parecen auspiciosos. Esperamos que los diputados porteños asuman su rol de contralor de la actividad del gobierno y actuando con prudencia y sentido común, no levanten la mano sin más cuando deban aprobar un próximo endeudamiento de la Ciudad y pongan un límite a la discrecionalidad financiera con la que suelen manejarse los ejecutivos.

 

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Luego de un verano en el que no sólo descansamos sino que también nos dedicamos a nuestro trabajo, continuamos investigando la emisión de al serie 8 de los Bonos Tango emitidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para financiar obras pública, entre ellas, la extensión del subterráneo.

La denuncia que presentamos en diciembre pasado (ver aquí) básicamente puso de manifiesto irregularidades en la contratación del Banco Credit Suisse y la consultora KBR Financed Ltd. y las altas comisiones abonadas a éstos, el incumplimiento de los procedimientos administrativos y de los principios de finanzas públicas determinados por diversas normas de la ciudad, entre ellas, la Constitución Porteña.

Esta presentación judicial fue ampliada a fines de febrero. En nuestro nuevo escrito y fruto de las colaboraciones recibidas por especialistas que voluntariamente se acercaron a ACIJ a aportarnos nueva información, pusimos en conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes otros aspectos importantes del hecho investigado.

Básicamente, cuestionamos la alta tasa de interés pactada en favor de los bonistas, la oportunidad para concretar la operación que significó un endeudamiento para la Ciudad de U$S 475 millones más intereses anuales de 12,5% y la decisión administrativa que “benefició” al consorcio Credit Suisse-KBR.

Corresponde decir que la Ciudad deberá pagar cada año a los tenedores de los títulos durante el período de estos (5 años), el 12,5% de esa suma, lo que asciende a U$S 59.375.000 anuales. Si acumulamos la renta que devengarán estos títulos desde su salida al mercado hasta su rescate, tenemos que la Ciudad deberá pagar –además del valor nominal de cada título- un total de 296.875.000 de dólares en concepto de intereses, es decir más de la mitad del capital.

Resaltamos que se puso en circulación en el mercado un título al cual –por sus convenientes condiciones para el inversionista sumadas a las buenas calificaciones de la Ciudad y su satisfactoria situación económico-financiera- muchísimas personas estaban dispuestas a acceder a su compra. Sin embargo, no todas pudieron hacerlo. Esto significó que hubiera una sobre-demanda de los bonos que elevó artificialmente la tasa de interés pautada. Prueba ello que al cabo de dos días de cotización en bolsa, el título porteño bajó su tasa de interés efectiva del 12,5% al 10,5%. Esto implica que el que compró el bono en primera suscripción, se apropió de esa diferencia (2%) en vez de hacerlo el ciudadano porteño, pagando menos interés.

En lo que respecta a la oportunidad para realizar la operación, en este caso, se esgrimió la necesidad de tomar fondos para realizar las obras de expansión del subterráneo. Sin embargo, respecto a buena parte de ellas ni siquiera estaba iniciado el proceso licitatorio para determinar qué empresa se haría cargo del trabajo, en qué momento iban a efectuarse los pagos y cuánto, en definitiva, costaría esta obra.

Asimismo, hicimos saber que otros reconocidos e importantes bancos (entre ellos, J.P Morgan y el Deutch Bank) habían presentado sus propuestas a la Dirección de Crédito Público de la Ciudad para intervenir como agentes financieros del Gobierno local en la emisión de bonos. Estas ofertas determinaban mejores condiciones contractuales para la Ciudad pues implicaban comisiones más bajas a las efectivamente pagadas por contratar a Credit Suisse-KBR. Hablamos de que el consorcio beneficiado por esta operación se llevó el 2% del total (cerca de U$S 10 millones), mientras que las propuestas de las otras entidades mencionadas significaban costos por el 0,25%.

Actualmente, la causa está radicada en la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción 46 a cargo del Dr. Adrián Pèrés, quien ha dispuesta la realización de ciertas medidas de prueba. Esperamos en breve conocer el resultado de esta primer fase de la investigación.

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Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Silvestroni solicitaron derecho a réplica al comunicado institucional que Poder Ciudadano emitió a raíz de la denuncia que estos tres abogados presentaron en el Colegio Público de Abogados contra los directivos y abogados de ACIJ y CIPCE por su intervención en la causa “IBM/Banco Nación”.

Dicha réplica fue publicada en la página de Poder Ciudadano y en el blog NO HAY DERECHO. Allí se efectúan una serie de manifestaciones falsas que nos gustaría clarificar de cara a la opinión pública y la comunidad académica.

En el punto “9” de la réplica sostienen que ACIJ, CIPCE y el Ministerio Público de la Nación, mantuvieron oculta la existencia de un convenio de colaboración durante la instancia de juicio abreviado. Asimismo, dejaron entrever sobre la existencia de nexos no públicos y posibles beneficios económicos para las organizaciones que de allí surgiría. En ese sentido, sugieren que Poder Ciudadano debería investigar si la celebración del convenio de colaboración implicó algún acuerdo económico entre las partes.

Sobre el asunto, debemos decir lo siguiente: La firma del convenio tuvo carácter público, y desde el momento de su rúbrica, se encuentra publicado en el sitio web del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y en las páginas de Internet de ACIJ y CIPCE. No hay otro contenido que lo que allí se expresa. Dicho convenio es el resultado de años de trabajo de monitoreo y crítica respecto de la labor desempeñada por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en causas de criminalidad económica a través del seguimiento público de los principales expedientes donde se investiga la corrupción pública y privada. Se trata de casos -todos ellos- que han dañado la institucionalidad de nuestro país y el patrimonio del Estado Nacional.

Es una práctica habitual –en muchos países del mundo- que los organismos públicos que promueven el avance de la investigación sobre hechos de corrupción, firmen acuerdos de colaboración con organizaciones no gubernamentales. Ello no implica, de ningún modo, un respaldo –por parte de las ONGs- de la actuación del Ministerio Público ni de éstos hacia los primeros. De la posición crítica sobre el desempeño que tienen los diversos actores que participan de estos expedientes, da cuenta a diario la información que publicamos en nuestro blog “Sin Corrupción”.

La afirmación respecto a que el convenio – presumiblemente conocido por los abogados al momento de firmar el juicio abreviado en cuestión- pudo haber implicado un beneficio económico entre las partes, es completamente falsa y representa una muestra clara de las formas asumidas por el estudio jurídico que es parte de la polémica suscitada. La alegación de que no nos comportamos neutralmente en nuestra función en el acuerdo –por haber suscripto ese convenio- también es inapropiada.

Nuestro rol en la audiencia en la que se firmó el acuerdo entre los acusados y la fiscal fue extremadamente acotado. Solo nos limitamos a observar ese acto procesal, sin haber efectuado ningún tipo de consideración. En este sentido, el agravio denunciado por los abogados firmantes, es inexistente.

En nuestro país, la corrupción y el delito económico han causado daños valuados en por lo menos 13 mil millones de dólares, sin que hasta el presente se haya podido recuperar parte significativa del mismo. El convenio de colaboración aludido tuvo y tiene como misión, contribuir al desarrollo de una política pública anticorrupción basada en la recuperación de activos de origen ilícito y, por ende, orientada hacia la reparación del daño social causado por la criminalidad económica y la corrupción. Los esfuerzos realizados, en ese caso, por la fiscal de juicio Sabrina Namer, permitirían recobrar 18 millones 286 mil pesos.

Seguramente el enojo de estos abogados, sea el reflejo de haber tocado un nervio sensible del poder económico en nuestro país. Es a la vez, la mejor prueba de los buenos resultados de los efectos preventivos que una política de recuperación de activos bien implementada genera en la difícil tarea de reducir la corrupción, y reparar el daño social producido por este tipo de criminalidad.

No es nuestra intención continuar con un debate que a esta altura resulta estéril en relación con las deudas que mantiene nuestro país en las materias que nos ocupan. Sin embargo, hacemos saber a quienes se interesan por estos asuntos, que no nos dejaremos amedrentar por esta clase de acusaciones. De acuerdo al art. 13 de la Convención Internacional contra la Corrupción, las ONGs tienen un rol clave en materia anticorrupción.

Seguiremos realizando nuestra labor, independientemente de los obstáculos que se nos pongan enfrente, especialmente de quienes lo advierten como una amenaza al contexto de impunidad reinante en nuestro país. Argentina es uno de los países del mundo con menor cantidad de condenas por estos delitos.

El abuso recursivo y el aprovechamiento de las falencias del sistema jurídico por parte de algunos abogados defensores es una de sus causas. Continuaremos con la tarea de explicitarlo y hacerlo saber a todas las víctimas de la corrupción, es decir, el resto de la sociedad.

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Preocupación por denuncia contra abogados de ONG

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.- Frente a la denuncia realizada ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por los Dres. Julio Virgolini, Mariano Silvestroni y Adrián Malloney contra integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), expresamos nuestra preocupación ante este acto que restringe la libertad de expresión y pone en tela de juicio la posibilidad de monitorear los procesos de casos de corrupción por parte de organizaciones de la sociedad civil.
La denuncia, que fue dirigida contra los abogados Alberto Binder, Claudio Castelli, Pedro Biscay, Ezequiel Nino y Camila Blanco, constituye un desafortunado episodio en el conflicto público que los letrados denunciantes, representantes de personas condenadas en el caso IBM Banco Nación, mantienen con las ONG que monitorean el caso.
En diversas oportunidades pudieron leerse en el blawg sincorrupcion.wordpress.com, los juicios críticos fundados que expresaron las ONG tras la decisión de los condenados de recurrir el acuerdo -recaído en el marco de un juicio abreviado- que dio fin al proceso, así como las respuestas de los letrados, a las que las organizaciones dieron todo el espacio necesario.
Entendemos que esa crítica forma parte del derecho a la libre expresión y de las facultades legítimas de la sociedad civil de monitorear, difundir públicamente y evaluar críticamente los episodios de las causas penales de mayor relevancia pública.
En esa línea consideramos que una denuncia como la formulada:
- Tiende a limitar la labor de monitoreo de la sociedad civil.
- Busca atribuir una inadmisible responsabilidad personal a sus miembros por las posiciones institucionales legítimas de las organizaciones.
- Desvirtua y banaliza la potestad de contralor disciplinario del Colegio Público de Abogados.
Por lo tanto, instamos a los abogados denunciantes a entender que el análisis de la labor profesional del abogado puede formar parte del debate de ideas y a admitir que, tras haber participado de ese debate en pie de igualdad con las ONG, no se puede pretender saldar ahora esa disputa reclamando la atribución de responsabilidades disciplinarias contra sus antagonistas en la discusión.

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