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Posts Tagged ‘denuncia’

Archi conocido por los seguidores de Sin Corrupción es el debate con Virgolini, Maloneay y Silvestroni.  La historia es fácilmente rastreable en la blogósfera. También sería sencillo ubicar información sobre la denuncia que estos abogados hicieron contra profesionales de ACIJ y CIPCE en el Colegio Público de Abogados de esta ciudad destinada a hacerlos callar en los estrados judiciales. Allí se acabó cualquier posibilidad de debate entre unos y otros. Lo que nos interesa comentar hoy es la denuncia que también hicieron estos defensores de los acusados en el juicio IBM/ Banco Nación contra la fiscal Sabrina Namer.

Como seguramente recordarán la historia es así: la fiscal y las partes firmaron, en noviembre del año 2009, la abreviación del juicio, lo cual devino en una sentencia condenatoria que implicó el pago de 4 millones y medio de dólares, la reducción de la condena y el reconocimiento de los hechos. Sin embargo, en junio de 2010 la defensa presentó un recurso de casación contra el acuerdo que ellos mismos suscribieron por considerar prescripta la acción penal.

 

Según manifiestan Virgolini, Maloneay y Silvestroni en la denuncia que presentaron contra la fiscal ante el Procurador General, a raíz del recurso de interpuesto contra el abreviado, Namer ejecutaría “por sí misma y sin intervención del Tribunal una medida coactiva  discriminatoria en contra de un conjunto de abogados (los suscriptos y tres integrantes del Ministerio Público de la Defensa), consistente en comunicar a todos los Fiscales lo que ella considera una conducta desleal”. A partir de este hecho es que denuncian estar siendo perseguidos, se consideran parte de una lista negra, y dicen sentirse víctimas del deseo de castigo de quienes tienen “pulsiones punitivistas”. Además, en la denuncia aluden a intereses poco claros –reñidos con supuesta transparencia alegada en el acta- en la incorporación de ACIJ y CIPCE en el acuerdo IBM-Banco Nación.

 

Decir que esta denuncia parecería ser un pasaje de alguna tragedia Shakesperiana, que bien podría decirlo Hamlet, embargado por el odio hacia la traición de su tío y su madre podría sonar como una tomada de pelos. Pero como en la denuncia en cuestión, se cita a Shakespeare para graficar el desprecio hacia los abogados que pugnan por limitar el poder punitivo del Estado (refiriéndose a ellos mismos), y se menciona que los representantes de Estado autoritario serían felices si no existieran estos defensores de las garantías (devuelta aludiendo a ellos mismos) que impiden que se torture a los imputados en aras de llegar a la Verdad (así con mayúscula), nos tomamos la libertad de hacer la comparación. No señores ¡no exageramos!

 

Así está escrita la denuncia. Y eso tal vez pueda generar la sonrisa en algún lector desprevenido. Pero cuando seguimos leyendo y vemos que se nos ofrece un link a una página en la que se exponen los nombres de los abogados y abogadas desaparecidos en la última dictadura militar la cosa cambia de color. Los denunciantes asimilan la difusión de lo ocurrido en el caso IBM-Banco Nación a la persecución de abogados en tiempos de la dictadura. Ellos mismos se sienten perseguidos.

 

Pareciera que hay algo en Virgolini, Silvestroni y Maloneay que les da la impunidad de semejante comparación sin ponerse colorados. No es sólo el cinismo, debe ser algo más. Hay algo de auto convencimiento que resulta sorprendente. Efectivamente puede que se crean como Ortega Peña, Centeno o Vendrell. Tal vez es lo que han querido ser sino fueran aquello en que se han convertido. Compararse con abogados y abogadas detenidos, torturados, violados y desaparecidos es obsceno. No cabe otro calificativo. Sus vidas, sus historias, sus acciones, no hay nada que les permita semejante acto.

 

Por suerte la denuncia fue desestimada. El Procurador General, el Dr. Righi sostuvo que no encontró conducta reprochable alguna que se le pueda imputar a la fiscal, que no considera inapropiado el que advierta a sus colegas acerca del comportamiento con el que pueden encontrarse al acordar con estos abogados y que las acusaciones con respecto a la participación de ACIJ Y CIPCE carecen de sentido, puesto que el acuerdo fue por ellos refrendado sin que se hubiera hecho mención alguna al asunto.

 

Explicar por qué es improcedente hacer lugar a una denuncia de persecución, que alega la construcción de listas negras de abogados o que asimila lo ocurrido en el caso a la situación vivida por compañeros desaparecidos, sería darle demasiada relevancia a un (esperemos) desafortunado comentario efectuado por abogados profundamente comprometidos con los valores democráticos, con las garantías del debido proceso y la defensa de los derechos humanos. Todo abogado que se precie de tener los valores antes mencionados sabe, reflexionando unos instantes, que si tenés un estudio bastante conocido, si ejercés tu profesión con éxito, si caminás por la calle tranquilo, ejercés tu derecho de libertad de expresión ¡y te publican en el blog al que te enfrentás! no tenés nada que ver con un desaparecido ¿no? ¡¿No?!

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Denuncia en el Colegio Público contra abogados de ONGs

Luego de 16 años de trámite, en el marco de la causa IBM-Banco Nación se celebró un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa y la fiscalía, con la presencia de las ONGs ACIJ y CIPCE.
Homologado el acuerdo por el Tribunal Oral, la defensa procedió a recurrirlo ante la Cámara Nacional de Casación Penal. No parece congruente que la defensa recurra el acuerdo que previamente suscribió.
Las ONGs se opusieron al recurso planteado por la defensa.
Esa presentación motivó que los abogados defensores realicen una denuncia en el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra los abogados de las ONGs, por algunos términos utilizados.
En nuestra opinión esta denuncia no tendría la significación que se le quiere asignar y probablemente podría ser rechazada. No se advierten expresiones que meriten sanción alguna. Con esta denuncia se intenta correr el eje central de la cuestión y poner en el banquillo de los acusados a los infatigables profesionales que velan por los intereses de la sociedad. ¡Vaya paradoja!
Conozco a algunos de los abogados de las ONGs y los sé incapaces de transgredir toda norma. Su desempeño es un ejemplo de ética y civilidad.
El prestigioso tribunal del Colegio Público seguramente pondrá las cosas en el lugar que corresponde y no permitirá que se lo pretenda utilizar como factor de presión a quienes ejercen dignamente la profesión de abogados.
Ahora bien, sabemos que el transcurso del tiempo juega a favor de los involucrados en las acciones criminales de la causa IBM-Banco Nación, pero entendemos que no debe confundirse el legítimo uso de las garantías con el exceso o el abuso. Allí dirigimos nuestro reproche a los profesionales de la defensa.
Propiciamos una pronta resolución ante el Tribunal de Disciplina. Aunque es de esperar que los denunciantes también recurran toda resolución, pues esa parece ser una constante.
Creemos que llegó la hora de diferenciar entre uso y abuso de los derechos.

Alfredo Popritkin, contador público
Presidente de Contadores Forenses ONG

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Todo podría haber quedado en una denuncia más de corrupción en Tucumán, de las tantas que el Fiscal General Gustavo Gómez ha visto a lo largo de los años. Pero llegó a la TV, lo entrevistaron, y saltó el escándalo. La nota que le hicieron salió en el informe de Telenoche titulado “El regreso del Diego – Un retorno inesperado” y abrió la puerta a una polémica a nivel judicial, que incluye una denuncia por parte del juez Mario Racedo contra el Fiscal Gómez.

La Causa. Se investigan posibles irregularidades en el Plan Argentina Trabaja en Tucumán. Tanto en la creación de 250 cooperativas, como en maniobras presuntamente cumplidas por punteros políticos en perjuicio de los beneficiarios del plan a quienes se les habría requerido bajo intimidación parte de lo recibido por el mismo.

Chivos expiatorios. Las sospechas apuntan al Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (IPACYM), la entidad encargada de fiscalizar la creación y funcionamiento de las cooperativas. Sin embargo, hasta el momento los únicos citados a declarar por el Fiscal Emilio Eduardo Ferrer han sido los supuestos punteros.

El reportaje. En el marco de la causa el Fiscal Gómez da una entrevista televisiva dando a conocer la causa, por haberla iniciado él mismo, durante la feria, tiempo en el que subrogó al Fiscal Ferrer, quien luego siguió con el trámite correspondiente. La entrevista se va mechando con imágenes, testimonios de las supuestas víctimas, otros reportajes y conclusiones personales de la periodista. Allí se relata cómo el juez Racedo llevó la causa durante seis meses sin excusarse a pesar de que el Director del IPACYM es Regino Racedo, su sobrino. La excusación recién llega cuando se realiza una masiva manifestación el 04 de agosto de 2010 frente a tribunales, reclamando el aceleramiento de la investigación y denunciando que el juez quería dejar impune a quien acusan como el organizador de la maniobra defraudatoria, Regino Racedo.

La denuncia. El juez Racedo denuncia el 03 de diciembre al Fiscal Gómez ante el Procurador General de la Nación por OMITIR decir que la investigación de la causa no la tenía él sino la Fiscalía Federal (como si el juez no tuviera rol en una causa), y que su sobrino no estaba investigado (precisamente una de las falencias del proceso). Además, alega que su excusación –posterior- fue negada por el Juzgado Federal Nº1 de Tucumán (agravante, pues sigue con la causa hoy en día!).

La contestación. El Fiscal Gómez contesta esta particular denuncia primero mostrando sus claras falencias, pero luego, haciendo a su vez una fuerte acusación frente a lo que él considera defensa corporativa y “corrupción en la administración de justicia federal” en su jurisdicción. Cita en este punto casos en los que considera existen síntomas claros y preocupantes de la corrupción que alega, se podrían titular así: “El  Oficial de Justicia Coimero”, “El Secretario del Tribunal Oral Federal que atendía una oficina comercial en su despacho de Tribunales”, “El caso Molinari, Baringa y el homicidio mafioso del Contador Jorge Mateucci”, “Los Jueces Federales Estafadores”, y  “Las causas de DDHH en el Juzgado del Dr. Mario Racedo”. Para ver la contestación completa: acá.

Palabras finales del Fiscal Gómez sobre la causa. “Sin temor a equivocarme, en un sistema procesal penal atravesado por instituciones de tradición inquisitivas, la causa (…) estará atada a las subjetividades de un magistrado que es tío de uno de los principales actores a imputar, situación harta perniciosa que seguramente hará naufragar cualquier intento de develar la verdad histórica”.

El Fiscal General Antonio Gómez se considera “una molestia”. Se lo hacen sentir, con denuncias como ésta  y con situaciones como la que afectó a un secretario de su Fiscalía, a quien un Juez de la Cámara Federal de Tucumán ordenó detener con personal de la Policía Federal ya que no le agradó la manera que lo saludaba: “Hola que tal”.

Finalmente, un escándalo de corrupción corre peligro de quedar en la impunidad, pero quien hizo la denuncia y la hizo pública corre el riesgo de pagar por ello. ¿Les parece conocida la situación? Al parecer, quienes luchan contra la corrupción son los únicos que corren riesgo de ser sancionados.

Publicado por ACIJ

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La denuncia que efectuamos por la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango generó mucho ruido. En los medios, entre los especialistas y en otras organizaciones. Finalmente ese rumor llegó a la Legislatura.

El eco se hizo sentir en la propia sesión del jueves 3 de marzo pasado. Se discutía el presupuesto de la Ciudad, cuando saltó el escándalo del endeudamiento del año 2010 y la contratación de la consultora KBR (dirigida por un amigo del PRO, Edgardo Srodek) se coló en el debate

La historia del ruido legislativo comenzó en diciembre del año pasado, cuando se aprestaban a darle trámite al presupuesto para el año 2011. En ese momento desde ACIJ les enviamos cartas a todos los legisladores porteños haciéndoles saber de todas las irregularidades que habíamos descubierto y habíamos denunciado ante la justicia.

También les advertimos que en caso de que aprobasen junto con el presupuesto un nuevo endeudamiento para el gobierno de Macri, era necesario que se tomasen los recaudos necesarios para que no se volviesen a repetir las groseras anomalías que habíamos detectado en la emisión de la serie 8. Entre las sugerencias incluimos que determinaran legislativamente: tipo de operación, monto, destino exclusivo, procedimiento para llevar adelante la contratación pública (licitación o concurso público), tasa de interés, plazo de rescate, intervención del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y eventualmente, si éste no tuviera capacidad técnica para realizar la operación, características generales que debe reunir el operador financiero a contratar –sujeto al control del banco oficial-, comisiones máximas que se le podrían llegar a pagar, deber del Ministro de Hacienda y/o del Director de Crédito Público de informar personalmente y por escrito el trámite y resultado de la operación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ante el pleno.

En función de que en diciembre no se lograron los votos necesarios para aprobar la llamada “ley de leyes”, reiteramos nuestra inquietud en febrero, instando a los legisladores a que por los canales institucionales ejerzan un control efectivo y oportuno de la actividad financiera de la Ciudad y de la ejecución presupuestaria. Máxime teniendo en cuenta que los recursos obtenidos por la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango no habían sido aplicados tal cual se había previsto en las leyes autorizantes.

Y esta vez los diputados nos leyeron y escucharon.

Muchos nos contestaron. Llamaron, enviaron mails, incluso nos respondieron por carta. Finalmente, con varios nos reunimos personalmente.

Por ejemplo, Rocío Sánchez Andía nos hizo llegar valiosa información para nuestra investigación, que próximamente pondremos en conocimiento de la Fiscalía que investiga el caso. Asimismo, nos entrevistamos con el legislador Jorge Selser, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a quien le manifestamos nuestra preocupación ante la eventualidad de un nuevo endeudamiento. Lo propio hicimos con el legislador Aníbal Ibarra. Ambos se comprometieron a incluir el tema en los debates parlamentarios.

Los resultados de la sesión 3 de marzo pasado parecen auspiciosos. Esperamos que los diputados porteños asuman su rol de contralor de la actividad del gobierno y actuando con prudencia y sentido común, no levanten la mano sin más cuando deban aprobar un próximo endeudamiento de la Ciudad y pongan un límite a la discrecionalidad financiera con la que suelen manejarse los ejecutivos.

 

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Luego de un verano en el que no sólo descansamos sino que también nos dedicamos a nuestro trabajo, continuamos investigando la emisión de al serie 8 de los Bonos Tango emitidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para financiar obras pública, entre ellas, la extensión del subterráneo.

La denuncia que presentamos en diciembre pasado (ver aquí) básicamente puso de manifiesto irregularidades en la contratación del Banco Credit Suisse y la consultora KBR Financed Ltd. y las altas comisiones abonadas a éstos, el incumplimiento de los procedimientos administrativos y de los principios de finanzas públicas determinados por diversas normas de la ciudad, entre ellas, la Constitución Porteña.

Esta presentación judicial fue ampliada a fines de febrero. En nuestro nuevo escrito y fruto de las colaboraciones recibidas por especialistas que voluntariamente se acercaron a ACIJ a aportarnos nueva información, pusimos en conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes otros aspectos importantes del hecho investigado.

Básicamente, cuestionamos la alta tasa de interés pactada en favor de los bonistas, la oportunidad para concretar la operación que significó un endeudamiento para la Ciudad de U$S 475 millones más intereses anuales de 12,5% y la decisión administrativa que “benefició” al consorcio Credit Suisse-KBR.

Corresponde decir que la Ciudad deberá pagar cada año a los tenedores de los títulos durante el período de estos (5 años), el 12,5% de esa suma, lo que asciende a U$S 59.375.000 anuales. Si acumulamos la renta que devengarán estos títulos desde su salida al mercado hasta su rescate, tenemos que la Ciudad deberá pagar –además del valor nominal de cada título- un total de 296.875.000 de dólares en concepto de intereses, es decir más de la mitad del capital.

Resaltamos que se puso en circulación en el mercado un título al cual –por sus convenientes condiciones para el inversionista sumadas a las buenas calificaciones de la Ciudad y su satisfactoria situación económico-financiera- muchísimas personas estaban dispuestas a acceder a su compra. Sin embargo, no todas pudieron hacerlo. Esto significó que hubiera una sobre-demanda de los bonos que elevó artificialmente la tasa de interés pautada. Prueba ello que al cabo de dos días de cotización en bolsa, el título porteño bajó su tasa de interés efectiva del 12,5% al 10,5%. Esto implica que el que compró el bono en primera suscripción, se apropió de esa diferencia (2%) en vez de hacerlo el ciudadano porteño, pagando menos interés.

En lo que respecta a la oportunidad para realizar la operación, en este caso, se esgrimió la necesidad de tomar fondos para realizar las obras de expansión del subterráneo. Sin embargo, respecto a buena parte de ellas ni siquiera estaba iniciado el proceso licitatorio para determinar qué empresa se haría cargo del trabajo, en qué momento iban a efectuarse los pagos y cuánto, en definitiva, costaría esta obra.

Asimismo, hicimos saber que otros reconocidos e importantes bancos (entre ellos, J.P Morgan y el Deutch Bank) habían presentado sus propuestas a la Dirección de Crédito Público de la Ciudad para intervenir como agentes financieros del Gobierno local en la emisión de bonos. Estas ofertas determinaban mejores condiciones contractuales para la Ciudad pues implicaban comisiones más bajas a las efectivamente pagadas por contratar a Credit Suisse-KBR. Hablamos de que el consorcio beneficiado por esta operación se llevó el 2% del total (cerca de U$S 10 millones), mientras que las propuestas de las otras entidades mencionadas significaban costos por el 0,25%.

Actualmente, la causa está radicada en la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción 46 a cargo del Dr. Adrián Pèrés, quien ha dispuesta la realización de ciertas medidas de prueba. Esperamos en breve conocer el resultado de esta primer fase de la investigación.

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Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Silvestroni solicitaron derecho a réplica al comunicado institucional que Poder Ciudadano emitió a raíz de la denuncia que estos tres abogados presentaron en el Colegio Público de Abogados contra los directivos y abogados de ACIJ y CIPCE por su intervención en la causa “IBM/Banco Nación”.

Dicha réplica fue publicada en la página de Poder Ciudadano y en el blog NO HAY DERECHO. Allí se efectúan una serie de manifestaciones falsas que nos gustaría clarificar de cara a la opinión pública y la comunidad académica.

En el punto “9” de la réplica sostienen que ACIJ, CIPCE y el Ministerio Público de la Nación, mantuvieron oculta la existencia de un convenio de colaboración durante la instancia de juicio abreviado. Asimismo, dejaron entrever sobre la existencia de nexos no públicos y posibles beneficios económicos para las organizaciones que de allí surgiría. En ese sentido, sugieren que Poder Ciudadano debería investigar si la celebración del convenio de colaboración implicó algún acuerdo económico entre las partes.

Sobre el asunto, debemos decir lo siguiente: La firma del convenio tuvo carácter público, y desde el momento de su rúbrica, se encuentra publicado en el sitio web del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y en las páginas de Internet de ACIJ y CIPCE. No hay otro contenido que lo que allí se expresa. Dicho convenio es el resultado de años de trabajo de monitoreo y crítica respecto de la labor desempeñada por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en causas de criminalidad económica a través del seguimiento público de los principales expedientes donde se investiga la corrupción pública y privada. Se trata de casos -todos ellos- que han dañado la institucionalidad de nuestro país y el patrimonio del Estado Nacional.

Es una práctica habitual –en muchos países del mundo- que los organismos públicos que promueven el avance de la investigación sobre hechos de corrupción, firmen acuerdos de colaboración con organizaciones no gubernamentales. Ello no implica, de ningún modo, un respaldo –por parte de las ONGs- de la actuación del Ministerio Público ni de éstos hacia los primeros. De la posición crítica sobre el desempeño que tienen los diversos actores que participan de estos expedientes, da cuenta a diario la información que publicamos en nuestro blog “Sin Corrupción”.

La afirmación respecto a que el convenio – presumiblemente conocido por los abogados al momento de firmar el juicio abreviado en cuestión- pudo haber implicado un beneficio económico entre las partes, es completamente falsa y representa una muestra clara de las formas asumidas por el estudio jurídico que es parte de la polémica suscitada. La alegación de que no nos comportamos neutralmente en nuestra función en el acuerdo –por haber suscripto ese convenio- también es inapropiada.

Nuestro rol en la audiencia en la que se firmó el acuerdo entre los acusados y la fiscal fue extremadamente acotado. Solo nos limitamos a observar ese acto procesal, sin haber efectuado ningún tipo de consideración. En este sentido, el agravio denunciado por los abogados firmantes, es inexistente.

En nuestro país, la corrupción y el delito económico han causado daños valuados en por lo menos 13 mil millones de dólares, sin que hasta el presente se haya podido recuperar parte significativa del mismo. El convenio de colaboración aludido tuvo y tiene como misión, contribuir al desarrollo de una política pública anticorrupción basada en la recuperación de activos de origen ilícito y, por ende, orientada hacia la reparación del daño social causado por la criminalidad económica y la corrupción. Los esfuerzos realizados, en ese caso, por la fiscal de juicio Sabrina Namer, permitirían recobrar 18 millones 286 mil pesos.

Seguramente el enojo de estos abogados, sea el reflejo de haber tocado un nervio sensible del poder económico en nuestro país. Es a la vez, la mejor prueba de los buenos resultados de los efectos preventivos que una política de recuperación de activos bien implementada genera en la difícil tarea de reducir la corrupción, y reparar el daño social producido por este tipo de criminalidad.

No es nuestra intención continuar con un debate que a esta altura resulta estéril en relación con las deudas que mantiene nuestro país en las materias que nos ocupan. Sin embargo, hacemos saber a quienes se interesan por estos asuntos, que no nos dejaremos amedrentar por esta clase de acusaciones. De acuerdo al art. 13 de la Convención Internacional contra la Corrupción, las ONGs tienen un rol clave en materia anticorrupción.

Seguiremos realizando nuestra labor, independientemente de los obstáculos que se nos pongan enfrente, especialmente de quienes lo advierten como una amenaza al contexto de impunidad reinante en nuestro país. Argentina es uno de los países del mundo con menor cantidad de condenas por estos delitos.

El abuso recursivo y el aprovechamiento de las falencias del sistema jurídico por parte de algunos abogados defensores es una de sus causas. Continuaremos con la tarea de explicitarlo y hacerlo saber a todas las víctimas de la corrupción, es decir, el resto de la sociedad.

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Preocupación por denuncia contra abogados de ONG

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.- Frente a la denuncia realizada ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por los Dres. Julio Virgolini, Mariano Silvestroni y Adrián Malloney contra integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), expresamos nuestra preocupación ante este acto que restringe la libertad de expresión y pone en tela de juicio la posibilidad de monitorear los procesos de casos de corrupción por parte de organizaciones de la sociedad civil.
La denuncia, que fue dirigida contra los abogados Alberto Binder, Claudio Castelli, Pedro Biscay, Ezequiel Nino y Camila Blanco, constituye un desafortunado episodio en el conflicto público que los letrados denunciantes, representantes de personas condenadas en el caso IBM Banco Nación, mantienen con las ONG que monitorean el caso.
En diversas oportunidades pudieron leerse en el blawg sincorrupcion.wordpress.com, los juicios críticos fundados que expresaron las ONG tras la decisión de los condenados de recurrir el acuerdo -recaído en el marco de un juicio abreviado- que dio fin al proceso, así como las respuestas de los letrados, a las que las organizaciones dieron todo el espacio necesario.
Entendemos que esa crítica forma parte del derecho a la libre expresión y de las facultades legítimas de la sociedad civil de monitorear, difundir públicamente y evaluar críticamente los episodios de las causas penales de mayor relevancia pública.
En esa línea consideramos que una denuncia como la formulada:
– Tiende a limitar la labor de monitoreo de la sociedad civil.
– Busca atribuir una inadmisible responsabilidad personal a sus miembros por las posiciones institucionales legítimas de las organizaciones.
– Desvirtua y banaliza la potestad de contralor disciplinario del Colegio Público de Abogados.
Por lo tanto, instamos a los abogados denunciantes a entender que el análisis de la labor profesional del abogado puede formar parte del debate de ideas y a admitir que, tras haber participado de ese debate en pie de igualdad con las ONG, no se puede pretender saldar ahora esa disputa reclamando la atribución de responsabilidades disciplinarias contra sus antagonistas en la discusión.

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