Por Verónica Tarzia
Me comprenden las generales de la ley
Involucrada como estoy con la discusión sobre las supuestas faltas éticas atribuidas públicamente y en un procedimiento disciplinario a los abogados de ACIJ y CIPCE por sus manifestaciones y acciones profesionales adoptadas en torno a los hechos vinculados a la causa “IBM-Banco Nación”, mi primer apartado se dedica a explicar por qué me comprenden las generales de la ley.
Conozco el trabajo de la ACIJ desde mi egreso de grado. Allí trabajé, me formé, entablé sólidas relaciones profesionales, y en particular, conozco la capacidad técnica y el enorme compromiso ético de quienes la dirigen y la integran. Es un espacio en el que confluyen por su vocación por lo público profesionales de diversas disciplinas y especialmente del derecho. Se genera pensamiento crítico y construcción de ciudadanía, se fomenta el compromiso con los procesos de diálogo democráticos y por las soluciones justas e igualitarias. Me consta por haberlo vivido.
De las lecciones aprendidas una de las más importantes es la de erigir argumentos válidos y sustantivos tendientes a generar debate y participación y a modificar realidades injustas. Al enterarme de la denuncia -que todos estamos soportando y todos estamos resistiendo- lo primero que hice fue cuestionarme sobre el origen y el contenido del Código de Ética, luego por el procedimiento y la legitimidad del Tribunal de Disciplina, finalmente por la ética profesional que pregonan estos instrumentos y los abogados que nos acusan.
En lo que sigue expondré sucintamente un cúmulo de interrogantes y algunos posibles argumentos. El debate está de pie. Y nos interpela.
¿Qué Código?
A la luz de la antigüedad de las normas éticas adoptadas (la ley 23.187, el Código de Ética y los Reglamentos específicos son de 1987) y de la poca participación de las personas reguladas por esas normas en su proceso de elaboración (en especial, el Código aparece como un documento aprobado por la Asamblea de Delegados del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal sin que conste la participación adicional de los demás abogados y abogadas) y la inexistencia de modificaciones o adiciones posteriores, la ética profesional aparenta ser un contenido pétreo que no se discute, no se profundiza y rara vez se pone en crisis.
El código pregona principios y deberes fundamentales del abogado con respecto al Estado de Derecho, los Derechos Humanos y la Justicia; pero en su contenido no distingue especiales deberes de conducta éticos para los abogados cuando se desempeñan en casos que revisten interés público y tampoco ofrece resguardo institucional a aquellos profesionales que utilizan sus incumbencias en casos judiciales o mediante acciones extrajudiciales con vocación de generar impactos en las políticas públicas, obtener el cumplimiento de derechos constitucionales individuales y colectivos o promover la participación ciudadana en las discusiones y decisiones institucionales. El grueso de sus disposiciones se dirige a regular las relaciones que derivan de la profesión con la perspectiva de un abogado liberal que atiende casos de un cliente individual privado. Así como la formación académica dominante ubica en un papel marginal al derecho de interés público, también las normas éticas dominantes excluyen de su regulación las conductas profesionales relacionadas con su ejercicio. En definitiva, el código no protege el accionar de los abogados que trabajan desde la sociedad civil por el interés público, no regula el accionar de los abogados que trabajan representando al Estado en casos judiciales y tampoco penetra en la acción inmoral de los abogados que trabajan para constituir impunidad en beneficio de determinados clientes o en interés de sectores de poder.
El enfoque reduccionista de nuestro código explica el paradójico hecho de la utilización descontextualizada de las normas para imputar supuestas faltas éticas a abogados que defienden el interés público en casos donde lo que se resiste es la corrupción y su impunidad. En especial, el artículo 14 ofrece una oportunidad maravillosa para quienes tengan intenciones de someter a juicio ético a determinados abogados por sus opiniones o por su actuación en casos de estas características. La disposición expresa que “todo abogado debe respetar la dignidad de sus colegas y hacer que se la respete… [y]… debe abstenerse de expresiones indebidas o injuriosas respecto de sus colegas, así como aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos, religiosos o raciales que puedan resultar ofensivos o discriminatorios”.
Como bien anota ACIJ en su descargo ante el Tribunal de Disciplina, “el artículo 14 no distingue si los deberes del abogado respecto de sus colegas deben ser observados en el marco de un proceso judicial o extrajudicialmente. Por eso mismo, el alcance de una norma que refiere al modo en el que deben expresarse los abogados roza derechos constitucionales”. La falta de delimitación del alcance no es el único problema de la norma. Si se profundiza en su análisis, con respecto al primer deber relativo al respeto de la dignidad del abogado, claramente la norma no contesta la pregunta sobre qué es la dignidad y mucho menos cuál es la dignidad especial del abogado. Si entendemos que el respeto de la dignidad es el respeto de la libertad de un ser humano, entonces parece difícil que cualquier cuestionamiento en el plano moral o técnico a la acción ejercida con libertad por una persona pueda ser entendida como un agravio a su dignidad, sin menoscabar la dignidad de quien la cuestiona. En relación al segundo deber, sobre la abstención de expresiones indebidas o injuriosas, si bien podemos distinguir qué es una expresión injuriosa y para investigarlas hay otros procedimientos y sanciones legales previstas, parece más difícil discernir qué es “indebida” y aquí cobra valor la referencia al ámbito donde pretende aplicarse la norma que apuntaba precedentemente. Y finalmente el tercer deber es difícil de sostener tal como está escrito, pues el código prescribe la prohibición de aludir a antecedentes personales, ideológicos, políticos, religiosos o raciales con la incongruencia de nominar a los antecedentes –y no al tipo de expresión mediante el cual se alude a ellos- como ofensivos o discriminatorios, por ende, la norma pretendería censurar la invocación de cualquier antecedente de vida –pues es imposible determinar los antecedentes “ofensivos” o “discriminatorios” de los que no lo son- de algún abogado por otro abogado, y nuevamente, sin saber cuál es el alcance de la prohibición en el terreno discursivo. La falta de claridad y sustento fáctico de la norma ilustra lo difícil que puede resultar defenderse de una imputación de estas características y la gran discrecionalidad que otorga a quienes denuncian para invocarla y a quienes interpretan para aplicarla.
También es preocupante el devenir que puede desarrollar el procedimiento sumarial. En efecto, tal como está descripto, en principio, el denunciante nunca adquiere carácter de parte (art. 4º del Reglamento de Procedimiento para el Tribunal de Disciplina del CPACF), es decir, se autoriza a cualquier persona que se considere agraviada por el proceder de un abogado a presentar una denuncia, se prohíbe el anonimato y se exige que esté fundada, con la posibilidad de ofrecer prueba (art. 5º, Reglamento). La presentación de la denuncia activa la instrucción de oficio y expresamente se dispone que la acción disciplinaria no sea susceptible de renuncia o desistimiento (art. 2º, Reglamento). El código no distingue entre categorías de denunciantes a pesar de que es muy notoria la diferencia en la posición para aportar pruebas que pueden encontrar un cliente individual que un abogado que realiza una denuncia en contra de otro abogado y tampoco otorga al imputado la posibilidad de dirigir su defensa a otros hechos de los que fueron expuestos por el denunciante. Este sistema que limita la constitución de partes interesadas restringe el mecanismo de la denuncia como oportunidad para generar debates más ricos y profundos sobre la función del abogado.
La instrucción es activada por el Tribunal, éste también asume la facultad de dirección (art. 3º, Reglamento) y decide sobre el mérito de la denuncia, imponiendo la sanción o absolviendo al imputado (art. 11º, Reglamento). Esta triple función del Tribunal genera evidentes inconvenientes de imparcialidad. Finalmente, en la etapa recursiva, el procedimiento se puede encapsular aún más. De acuerdo al marco normativo, la apelación de la decisión del Tribunal que imponga una sanción procede ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. En este caso, el Consejo Directivo del Colegio interviene en calidad de parte en la sustanciación del recurso (art. 47, Ley 23.187).
En otras palabras, iniciada la acción disciplinaria el abogado sólo tiene opción de contestar lo que se le imputa y debe acreditar su inocencia. A partir de la revisión judicial, el Colegio deja su función de juzgador para pasar a ser el que impulsa la sanción y así el procedimiento que comenzó con una denuncia, termina con una corporación que enfrenta al abogado.
¿Qué Tribunal?
Además de los reparos normativos a los que me referí precedentemente sobre los deberes éticos y el procedimiento aplicado por el Tribunal de Disciplina, la integración y la labor de este Tribunal merece un apartado especial.
El Tribunal se integra con miembros de la matrícula que cuenten con diez años de antigüedad (art. 29, ley 23.187). La elección de los miembros del órgano se realiza mediante el voto directo, secreto y obligatorio de los matriculados (art. 30) y su duración en el mandato es de dos años renovables por igual período (art. 31). En el Colegio Público se realizan elecciones simultáneas para el Consejo Directivo, la Asamblea de Delegados y el Tribunal de Disciplina.
Si la función social del abogado fuera tomada en serio, un órgano destinado a juzgar la ética profesional debiera contemplar diversas perspectivas en equilibrio, tal como sucede, por ejemplo, con la previsión constitucional que asegura este equilibrio en la composición del Consejo de la Magistratura. La carencia de visiones alternativas en el Tribunal introduce el riesgo de su corporativización. Además, excluye del debate sobre la función y ética de los abogados a otras voces que están afectadas por su trabajo y podrían estar interesadas en participar de estos procesos (v.gr. académicos, jueces, organizaciones de la sociedad civil, justiciables, etc.).
La ley dispone el voto obligatorio para la elección de autoridades –entre las cuales se incluye a los miembros del Tribunal -, pero el Reglamento Electoral no contempla dicha obligatoriedad y tampoco establece efectos por el incumplimiento del supuesto deber. La participación de los abogados en los actos electorales es verdaderamente muy escasa. Un ejemplo de ese fenómeno se suscitó en la última elección del 20 de abril de 2010 en la que se computaron 16.331 votos de un total de 71.950 abogadas y abogados matriculados. A pesar de la pérdida de legitimidad que implica la falta de pronunciamiento electoral de una abrumadora cantidad de profesionales, en el ámbito del Colegio Público no se adoptaron medidas para estudiar las razones de esa apatía y tampoco se han encarado acciones para promover una conciencia colectiva de la práctica profesional (una interesante propuesta sobre este punto se encuentra en Braga Beatone, María Celeste, “Ética profesional: ¿la práctica de una ilusión?”, JA Doctrina, 24/02/2010). De lo dicho se desprende que las decisiones del Tribunal de Disciplina, aunque sean legales, no pueden ser entendidas como representativas de una voluntad mayoritaria. Para legitimarse, el propio Colegio –y los aspirantes a conducirlo- debieran trabajar menos en acumular votos y más dedicadamente en obtener una representatividad genuina.
Finalmente, se podría esperar que un órgano con facultades jurisdiccionales adopte ciertos criterios interpretativos y los exponga para que sus decisiones se tornen previsibles. Luego de una búsqueda –sin pretensiones de exhaustividad- me aventuro a opinar que por el estrecho enfoque de las normas éticas que nos rigen y la exclusión en esas disposiciones de muchas situaciones que pueden dar origen a grandes dilemas éticos en la profesión, no pueden identificarse líneas de interpretación aplicables a una situación tan compleja como la que se debate. En cambio, las disquisiciones realizadas en las decisiones publicadas por el Tribunal sobre el alcance del art. 14 del Código de Ética abundan en referencias dogmáticas sobre el concepto de expresiones indebidas y el tipo de lenguaje aceptable para un letrado. Todos esos precedentes son fútiles para resolver el caso.
Recapitulando, lo que sobresale del modelo normativo vigente sobre ética profesional es la perspectiva de la abogacía liberal dedicada a la defensa de intereses particulares que prescinde de considerar múltiples situaciones relacionadas con la función social del abogado que originan dilemas éticos en la práctica cotidiana. A su vez, los órganos facultados para aplicar el sistema se caracterizan por su falta de legitimidad y por una composición que no acepta la diversidad de representaciones.
En el capítulo que sigue veremos que estos instrumentos expresan una determinada posición ética y por qué se hace patente la necesidad de repensarla.
¿Qué Ética?
La Ética es el objeto de las regulaciones del código y las interpretaciones del Tribunal. No es mi intención profundizar más allá de lo que todos hemos leído al respecto, pero sí establecer como categoría de análisis para este texto una clasificación –en niveles de mínima y máxima- de las posturas éticas aceptables: (i) la de mínima, según la cual, el abogado utiliza de buena fe su profesión como herramienta para sí mismo y para el beneficio de sus clientes, procurando no hacer daño a terceros y sin contribuir en la configuración de hechos injustos; (ii) la de máxima, según la cual, el abogado asume el compromiso de utilizar su profesión como herramienta para la construcción de un sistema jurídico adecuado a una teoría filosófica sobre la justicia y la democracia e intervenir en el sistema si y sólo si su acción contribuye a tal ideal.
Y eso nos lleva a la pregunta sobre qué ética es la que sostienen estos instrumentos. Pues bien, está claro que, además de todas las críticas que apenas bosquejé más arriba respecto de las normas y su sistema de interpretación y aplicación, también hay algunas tensiones relacionadas con la postura ética que adoptan.
La tensión está de manifiesto en el caso que describimos: una denuncia practicada por abogados de la defensa de personas investigadas por un acto de corrupción de la mayor escala económica posible –son ellos mismos quienes han reconocido la veracidad de ambos hechos, la presentación de la denuncia y la intervención profesional en la defensa- en términos personales hacia abogados de dos asociaciones sin fines de lucro dedicadas al fortalecimiento de las instituciones y la lucha contra la corrupción. Recordemos que esta denuncia se sustenta en una norma que permite juzgar –muy discrecionalmente- el trato entre profesionales.
En términos analíticos, de acuerdo a nuestra clasificación precedente, la conducta de los primeros abogados rayaría con la falta ética si se pudiera comprobar que –en algún sentido normativamente relevante- su intervención profesional produjo un daño a terceros o contribuyó a configurar hechos injustos. Aún asegurando que la defensa fue técnicamente planteada de buena fe, lo cierto es que nuestro nivel mínimo ético no toleraría la decisión de contribuir a un orden injusto. Interesante. Ahora bien, ¿el sistema de ética profesional actualmente vigente –que incluye normas, procedimientos e intérpretes- permite y estimula un test de este calibre? ¿O simplemente se dedica a institucionalizar algunos mecanismos –las normas y el intérprete- de baja calidad sustantiva e inútiles para generar este debate y para resolver este juicio?
Pues bien, con todo el análisis previo, la respuesta por la segunda opción se apresura. La tensión está representada en el caso propuesto y aquí intenté demostrar que es muy probable que en el desarrollo de la investigación el enfoque estará puesto en los hechos personales de los abogados; y en cambio, el Tribunal se abstendrá de analizar la decisión de unos y otros de utilizar su profesión en interés de personas que habrían estado vinculadas a hechos de corrupción, y en contraposición, en defensa del interés colectivo por la resolución judicial de un acto de corrupción que afecta a todos los ciudadanos.
Es posible imaginar que el Tribunal desculará los dichos –las palabras escritas- por los profesionales, su tono, su gravedad, su factibilidad de ofensa, pero omitirá indagar sobre la realidad subyacente en relación al caso de corrupción y sobre el rol de unos y otros. Y si eso sucede, no debiéramos pensar que se debe solamente a la vaguedad del articulado o a la discrecionalidad del intérprete, se debe a que, en definitiva, el sistema tolera un umbral ético mucho menos exigente que el que expusimos en nuestro primer párrafo. En otras palabras, la única exigencia que el sistema prescribe a nuestros abogados es la de no realizar estafas procesales. Se trata del mismo sistema que regula la abogacía como una mercancía al servicio de los profesionales, no garantiza el acceso igualitario de la comunidad a la administración de justicia y monopoliza la posibilidad de argumentar en la discusión jurídico-institucional.
En suma, no se puede sino concluir con una ilusión que comienza con la convicción de un colectivo que merece un debate profundo sobre ética profesional y con el compromiso de generarlo. Los instrumentos legales no son pétreos y existe la posibilidad de cambiar de rumbo. Somos muchos los que tenemos espíritu para construir una abogacía que se tome los principios democráticos y los derechos en serio. De asumir esa responsabilidad depende la transformación.
Quizá las personas que integran el Tribunal de Disciplina entiendan que no están amarradas a normas insuficientes, que es posible iniciar una ruptura del orden establecido y nos sorprendan realizando un verdadero juicio ético sobre el caso “IBM-Banco Nación”. Si eso sucede estas palabras no habrán sido banales y podremos avanzar hacia un camino convergente.
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Alguna vez escribimos en este espacio sobre los “Héroes del Control”. Un comic elaborado por la Contraloría General de Colombia que tiene por objetivo acercar a niños y jóvenes a valores y conceptos relacionados con la ética y la transparencia en el ejercicio de la ciudadanía (primero) y el de la función pública (después).
