Nos quieren hacer bailar otro Tango

Leímos estos días que el Ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, declaró “Este fin de semana definiremos un consorcio de bancos, a los que les adjudicaremos la emisión”, en relación al nuevo endeudamiento en el que el actual gobierno porteño incurrirá para hacer frente a obras de infraestructura y servicios de deuda pública.

Como ya lo comentamos en innumerable cantidad de post, el año pasado el gobierno de Mauricio Macri endeudó a la ciudad por U$S 475 millones para la extensión del subterráneo. Sin embargo, sabemos que las obras en cuestión –al momento de la toma de la deuda- ni siquiera estaban licitadas y que el consorcio Credit Suisse – KBR que oportunamente tuvo a su cargo la colocación de la deuda fue cuestionado por las altas comisiones percibidas y la participación de Edgardo Srodek, persona allegada a funcionarios del Gobierno local. Por estas razones, la emisión de la serie 8 del Bono Tango está siendo investigada por la justicia en función de la denuncia realizada por ACIJ.

Lo cierto es que ahora, aprovechando el resultado de la primera vuelta electoral, el gobierno busca nuevamente salir al tenso y volátil mercado de capitales internacional. El objetivo es ir por fondos frescos para enfrentar las promesas de obra pública y hacer frente a las altas tasas de interés pactadas con los acreedores del Bono Tango serie 8.

Pero hoy nos queremos referir a la frase citada del ministro mencionado. Durante el fin de semana, vaya a saber en el marco de qué evento social o reunión de campaña (porque recuerden que la campaña electoral sigue) se tomó la importante decisión de determinar qué bancos se harán cargo de colocar el nuevo título de deuda que emitirá la CABA. Los elegidos fueron Barclays, Citi y BTG Pactual, tal como lo informa La Política Online.

Sin embargo nos atrevemos a preguntar ¿en qué reunión transparente habrá podido elegirse la mejor oferta para darle luz verde a la operación? ¿Quiénes se sentaron en la mesa chica a discutir esto? No lo sabremos. Lo que sí presumimos es que la decisión no se tomó en los despachos de la Jefatura de Gobierno ni del Ministerio de Hacienda, con ofertas y expedientes a la vista, con la posibilidad de que todos los interesados pudieran acceder. Nos restar decir que los jugadores del partido del fin de semana son los mismos que intervinieron el año pasado con la serie 8: mismos funcionarios que eligen y eligieron, mismos bancos que ofertan y ofertaron, misma normativa y misma discrecionalidad. Lo único distinto es el consorcio ganador, la posibilidad de que la Legislatura tenga una voz más fuerte a la hora de dar el visto bueno y las tasas de interés que se pactarán. ¿Puede ser que algo haya cambiado? ¿O que gracias al escándalo del pasado año algo esté en proceso de cambio?

Cierto es que la Legislatura deberá aprobar la elección de las entidades financieras elegidas y limitar la discrecionalidad que las normas jurídicas le acuerdan a ejecutivo porteño para decidir sobre estos temas. Esperamos que le Legislatura cumpla su rol y que los legisladores que se han involucrado en el tema, cumplan con su palabra y controlen.

Publicado por ACIJ

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Breves sobre Bonos Tango

De muy buena fuente hemos recibido los siguientes comentarios vinculados a nuestra denuncia por los bonos Tango contra el Ministro de Hacienda del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros involucrados en la maniobra. La primera información es que hace unos días se iba a desarrollar un debate en el programa “Con voz propia”, conducido por Gustavo Sylvestre, entre el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy y Néstor Grindetti. Al intercambiar con el presentador los temas sobre los que se iba a discutir, López Murphy propuso la cuestión de la emisión de los bonos cuestionados y a partir de eso Grindetti se rehusó participar del programa.

El segunda información recibida refiere a ciertos problemas familiares que estaría teniendo el jefe de gabinete porteño Horacio Rodríguez Larreta. El asunto es que un primo del funcionario trabaja en el Deutsche Bank, uno de los bancos que presentó propuestas para el endeudamiento con una comisión mucho menor a la que se eligió de la ignota KBR. A partir de la operación realizada, los primos mantendrían un fuerte enfrentamiento. El reproche resulta obvio: no se pedía ningún privilegio, tan sólo una decisión justa.

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Denuncia contra Grindetti por los Bonos Tango (parte II)

Luego de un verano en el que no sólo descansamos sino que también nos dedicamos a nuestro trabajo, continuamos investigando la emisión de al serie 8 de los Bonos Tango emitidos por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para financiar obras pública, entre ellas, la extensión del subterráneo.

La denuncia que presentamos en diciembre pasado (ver aquí) básicamente puso de manifiesto irregularidades en la contratación del Banco Credit Suisse y la consultora KBR Financed Ltd. y las altas comisiones abonadas a éstos, el incumplimiento de los procedimientos administrativos y de los principios de finanzas públicas determinados por diversas normas de la ciudad, entre ellas, la Constitución Porteña.

Esta presentación judicial fue ampliada a fines de febrero. En nuestro nuevo escrito y fruto de las colaboraciones recibidas por especialistas que voluntariamente se acercaron a ACIJ a aportarnos nueva información, pusimos en conocimiento de las autoridades judiciales intervinientes otros aspectos importantes del hecho investigado.

Básicamente, cuestionamos la alta tasa de interés pactada en favor de los bonistas, la oportunidad para concretar la operación que significó un endeudamiento para la Ciudad de U$S 475 millones más intereses anuales de 12,5% y la decisión administrativa que “benefició” al consorcio Credit Suisse-KBR.

Corresponde decir que la Ciudad deberá pagar cada año a los tenedores de los títulos durante el período de estos (5 años), el 12,5% de esa suma, lo que asciende a U$S 59.375.000 anuales. Si acumulamos la renta que devengarán estos títulos desde su salida al mercado hasta su rescate, tenemos que la Ciudad deberá pagar –además del valor nominal de cada título- un total de 296.875.000 de dólares en concepto de intereses, es decir más de la mitad del capital.

Resaltamos que se puso en circulación en el mercado un título al cual –por sus convenientes condiciones para el inversionista sumadas a las buenas calificaciones de la Ciudad y su satisfactoria situación económico-financiera- muchísimas personas estaban dispuestas a acceder a su compra. Sin embargo, no todas pudieron hacerlo. Esto significó que hubiera una sobre-demanda de los bonos que elevó artificialmente la tasa de interés pautada. Prueba ello que al cabo de dos días de cotización en bolsa, el título porteño bajó su tasa de interés efectiva del 12,5% al 10,5%. Esto implica que el que compró el bono en primera suscripción, se apropió de esa diferencia (2%) en vez de hacerlo el ciudadano porteño, pagando menos interés.

En lo que respecta a la oportunidad para realizar la operación, en este caso, se esgrimió la necesidad de tomar fondos para realizar las obras de expansión del subterráneo. Sin embargo, respecto a buena parte de ellas ni siquiera estaba iniciado el proceso licitatorio para determinar qué empresa se haría cargo del trabajo, en qué momento iban a efectuarse los pagos y cuánto, en definitiva, costaría esta obra.

Asimismo, hicimos saber que otros reconocidos e importantes bancos (entre ellos, J.P Morgan y el Deutch Bank) habían presentado sus propuestas a la Dirección de Crédito Público de la Ciudad para intervenir como agentes financieros del Gobierno local en la emisión de bonos. Estas ofertas determinaban mejores condiciones contractuales para la Ciudad pues implicaban comisiones más bajas a las efectivamente pagadas por contratar a Credit Suisse-KBR. Hablamos de que el consorcio beneficiado por esta operación se llevó el 2% del total (cerca de U$S 10 millones), mientras que las propuestas de las otras entidades mencionadas significaban costos por el 0,25%.

Actualmente, la causa está radicada en la Fiscalía en lo Criminal de Instrucción 46 a cargo del Dr. Adrián Pèrés, quien ha dispuesta la realización de ciertas medidas de prueba. Esperamos en breve conocer el resultado de esta primer fase de la investigación.

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Bonos Tango

La denuncia penal que ACIJ formuló contra el ministro de hacienda de la Ciudad de Buenos Aires, Néstor Grindetti, el director de crédito público, Abel Fernández Semhan y el empresario ( además de operador político del PRO) Edgardo Srodek, se puede ver completa acá.

 

Publicado por ACIJ

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Una denuncia al ritmo del 2×4

Tal como venimos anunciando desde hace un par de semanas a través de las redes sociales, concretamos –lo hicimos justo en el día mundial de la lucha contra la corrupción- una denuncia por hechos que nos preocupan.

 

Se trata de la espectacular operación de crédito público por la cual la Ciudad de Buenos Aires se endeudó por la módica suma de u$s 475.000.000 con el objetivo –sólo inicial- de invertirlos en obras para la extensión de las líneas A, B y H del subterráneo.

Resulta que la historia fue así: en diciembre del año pasado, el Jefe de Gobierno de la Ciudad envió un proyecto a la Legislatura para que lo autorizaran a emitir títulos de deuda para financiar su mayor promesa electoral, los famosos 10 km. anuales de subtes.

En abril de este año y con la intervención del Ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y del Director General de Crédito Público, Abel Fernández Semhan, se concretó la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango. Para la operación fueron elegidos –de modo directo- el prestigioso banco Credit Suisse y la ignorada consultora KBR Finance Ltd.

 

Resulta ser que por toda esta operatoria, al banco se le pagó el 0,75% (más de 3 millones y medio de dólares) más un plus del 1,25% (casi 6 millones de dólares) tanto para KBR como para Credit Suisse por las tareas de “estructuración”. Las comisiones son muy altas en comparación, por caso, con las pagadas por el gobierno de la Provincia de la Provincia de Buenos Aires hace unos meses por una operación similar.

El escándalo radica en que, por un lado, se contrató a KBR, una firma dirigida a nivel local por Edgardo Srodek, personaje muy allegado al PRO y a Grindetti, por haber sido uno de los armadores políticos de la coalición electoral entre el partido de Macri y Recrear. Incluso fue jefe de la campaña del año 2007 en provincia de Buenos Aires, habiendo aportado casi 20.000 pesos para financiarla. Por el otro, en la siderales sumas pagadas para tareas de estructuración (que ni siquiera están definidas), a una firma con nulos  antecedentes y que justamente dirige un “amigo del gobierno”.

Pero eso no es todo… El dinero obtenido por la operación no fue afectado al destino que le dieron los legisladores (la extensión de la red de subtes) ¡porque ni siquiera las obras estaban licitadas! En cambio, “invirtió” en la compra de letras del tesoro nacional y en un plazo fijo en el Banco Ciudad. Inversión, que dicho sea de paso, ni siquiera cubría los intereses a los que el Gobierno se había comprometido a pagar.

Esta es la segunda denuncia que impulsamos desde ACIJ por presuntos hechos de corrupción. Fue un desafío muy importante por la envergadura y complejidad de los hechos y representa nuestro compromiso por en nuestra lucha cotidiana por combatir este flagelo. De la investigación participaron economistas y especialistas en derecho penal. Muchas gracias a todos/as.

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Denuncian corrupción en una operación de la ciudad

Nota publicada por Gabriel Sued en LA NACION de ayer

La Justicia tiene bajo estudio una denuncia penal que afirma que existieron prácticas corruptas y manejos ineficaces en la emisión de los bonos de deuda Tango S8, por US$ 475 millones, la operación más importante del gobierno de Mauricio Macri en el mercado de crédito internacional.
Esos títulos se emitieron entre marzo y abril con el objetivo central de financiar obras para extender las líneas de subterráneo A, B y H. Pero como cuando terminó la operación, la mitad de las obras no habían sido licitadas, el gobierno de Macri usó la plata para otra cosa, sin la inmediata autorización de la Legislatura.
La denuncia judicial fue presentada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), una ONG dirigida por el constitucionalista Ezequiel Nino. La acusación de ACIJ apunta contra el ministro de Hacienda, Néstor Grindetti, y contra el director de Crédito Público porteño, Abel Fernández Semhan, máximos responsables de la operación.
ACIJ enumeró otras presuntas irregularidades de la operación: se acordó una comisión mayor a la que en la misma época pagaron tres gobiernos provinciales; se contrató en forma directa a un consorcio del que forma parte un empresario que años antes había sido jefe de campaña de Pro, y se colocó parte del dinero obtenido a una tasa menor a la de los bonos Tango, lo que produjo una pérdida de al menos $ 30 millones.
Para los servicios de colocación y de organización se contrató, de manera directa y sin proceso de licitación, al Credit Suisse-KBR, a cambio de una comisión del 2% de la operación, equivalente a US$ 9.500.000. La tasa obtenida para los bonos, que vencen en cinco años, fue de 12,5%.
“La tasa y la comisión que se pagaron son obscenas. Me parece muy grave que no haya habido una licitación de un banco agente”, dijo a La Nacion el ex ministro de Economía Ricardo López Murphy. “Hay una irregularidad estratégica, que es salir al mercado a primerear con tasas absolutamente fuera de lugar y pagando una comisión absolutamente desproporcionada”, coincidió el legislador porteño Martín Hourest (Igualdad Social), que asesoró a ACIJ en la elaboración de la denuncia.
En la presentación de la ONG también se cuestiona la intervención en la operación de Edgardo Srodek, uno de los directores socios de KBR, jefe de campaña de la alianza Pro-Recrear en la provincia de Buenos Aires, en las elecciones de 2005, y hermano del diputado provincial Jorge Srodek (Unión Pro). “Cabe preguntarse por qué se contrató a una consultora de segunda o tercera línea, sobre la cual no hay datos concretos acerca de su trayectoria”, dice la denuncia.
Consultados por La Nacion, voceros de Grindetti afirmaron que las operaciones de crédito público están exentas de los requisitos de licitación de la ley de compras de la ciudad y sostuvieron que se decidió contratar al consorcio Credit Suisse-KBR porque era el que había acercado la mejor oferta. Argumentaron que ese grupo había hecho un compromiso en firme de aportar US$ 130 millones, dato que inclinó la balanza.
La última presunta irregularidad señalada en la denuncia se produjo una vez que se obtuvieron los fondos. La ley que autorizó la emisión de los títulos determinó que US$ 300 millones debían ser aplicados de manera exclusiva a las obras en los subtes. Pero, al finalizar la operación, los trabajos para la línea H no habían sido licitados, por lo quedaron US$ 150 millones sin destino claro.
En primer lugar, los fondos se pesificaron. Del total de $ 1843 millones, se usaron $ 600 millones para comprar letras del Tesoro Nacional y los restantes $ 1243 millones se depositaron en un plazo fijo del Banco Ciudad, a una tasa del 6,5% anual, casi la mitad del interés que debía pagarse por los bonos Tango.
Después de cuatro meses, en agosto la Legislatura aprobó un proyecto de ley de Macri para destinar US$ 150 millones a la empresa AUSA, para la realización de pasos bajo nivel en los ferrocarriles Mitre, San Martín y Urquiza, y otros US$ 36 millones para obras en educación.
En Hacienda explicaron que los fondos fueron depositados en el Ciudad porque es el agente financiero del distrito y que todo el dinero pedido para subtes se aplicará al fin estipulado. “Se decidió prestarle US$ 150 millones a AUSA, con una tasa igual que la que paga el bono Tango, pero está establecido que esa empresa vaya devolviendo el dinero a medida que se necesiten los fondos para las obras del subte”, agregaron.

EL CUESTIONADO PLAN DE DEUDA

US$ 475 Millones Fue el total de la emisión correspondiente a los bonos de deuda Tango S8, la operación más importante del gobierno de Macri.
La acusación. Se contrató sin licitación un consorcio para la colocación de la deuda, con una comisión más alta que la acordada por otros distritos. En la operación intervino un empresario que había sido jefe de la campaña de Pro. Una parte del dinero debía ser destinado a obras del subte, pero se usó para otra cosa.
El descargo. La ley no requiere que en las operaciones de crédito se abran procesos de licitación. La oferta del consorcio Credit Suisse-KBR era la más conveniente. El dinero que no pudo aplicarse a obras en los subtes se prestó a una buena tasa y será utilizado en los próximos años.
Los denunciantes. La denuncia fue radicada por la ONG Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) en el juzgado de instrucción N° 9, a cargo de Eliseo Otero.

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