Venciendo la cultura del secreto

La Asociación por los Derechos Civiles presenta en su página esta nueva publicación y a través de este blog los invitamos a que la lean y compartan.

Esta publicación recoge una investigación coordinada por la organización Cainfo, de Uruguay, de la cual participó la ADC. El informe analiza los procesos de implementación de normas y políticas públicas vinculadas a la protección y ejercicio del derecho de acceso a la información pública en Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay.

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Basta

Basta de compras y contrataciones sin licitaciones publicas, basta de usar el dinero público sin ningún tipo de control como si no fuera valioso. Hace tiempo que desde estas páginas venimos denunciando la transferencia de fondos a organizaciones no gubernamentales sin ningún tipo de criterio objetivo de asignación, ninguna forma regulada de rendición de cuentas, supervisión estatal ni transparencia. Hace pocos días obtuvimos una resolución judicial para que el Poder Ejecutivo brinde información pública sobre la asignación de subsidios.

También mencionamos permanentemente zonas de la administración pública que han caído en un limbo (a veces por la indefinición jurídica, en otras más bien política), sin resguardo para prevenir o investigar hechos de corrupción (casos Aerolíneas Argentinas, Arsat, fundaciones varias, etc.). Sostuvimos –por caso- que no debieran realizarse compras en el exterior si el proceso no resulta competitivo.

Estas situaciones, de las que ahora muchos se sorprenden, estaban a la vista (o a la oscuridad depende de donde se lo mire) de todo el mundo.

En este momento la corrupción está en el tapete, es momento de que quienes estamos con el tema durante todo el año lo usemos para reclamar cambios estructurales. En los próximos días, presentaremos un documento de claves contra la corrupción elaborado por numerosas organizaciones que trabajan en esta materia. Es esperable que quienes compiten en estas elecciones (a nivel local o nacional) se comprometan a apoyar este tipo de iniciativas.

Seguiremos informando y analizando técnicamente la situación de los usos irregulares de fondos públicos sea en la construcción de viviendas sociales como en cualquier otra cosa. Pero por favor, aprovechemos la oportunidad y hagamos algo en serio.

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Podría haberse aclarado, pero se oscureció

Mucho se ha dicho sobre de las vacaciones y/o licencias de Mauricio Macri. Se habla de fines de semana que comienzan los jueves o de un tercio del mandato entre centros de esquí y playas paradisíacas. Ante esta situación, desde ACIJ hicimos un pedido de información pública en marzo del 2010 al GCBA.

Solicitamos que nos informaran sobre los días de licencias por vacaciones que se tomó Mauricio Macri como funcionario público en los años 2008, 2009 y 2010. Pensamos que frente a esta posibilidad de aclarar dichos y entredichos, la respuesta llegaría rauda a fin de que, a través de una organización apartidaria, se informara a los vecinos sobre el asunto.

No fue así. Como informáramos en septiembre el GCBA rechazó nuestro pedido argumentando que sólo está obligado a proporcionar la información relativa a los actos de gobierno. Frente a la insólita respuesta, dejamos en manos de la justicia la decisión final.

Finalmente la justicia se pronunció, y nos dio la razón. Tal como se informó en una nota de Página 12 el juez Hugo Zuleta resolvió que el Jefe de Gobierno deberá entregarnos la información solicitada “en el plazo de 5 días, bajo apercibimiento de aplicarle sanciones” argumentando lo siguiente:
“Es evidente que la información acerca de los días de licencia que haya tomado es atinente a la gestión y al desempeño del funcionario, por lo que tiene carácter público”.

Los dejamos con la resolución para que puedan observar todos los argumentos. Reiteramos nuestra firme intención de entregar a la ciudadanía la información que le pertenece al ser pública, a fin de estimular la participación de la misma en el control de las instituciones públicas y sus representantes.

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Publicado por ACIJ

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Auditoría General de la Nación

En los últimos días fuimos testigos de algunos cruces en los diarios a raíz de las denuncias realizadas por la Auditoría General de la Nación sobre las dificultades que tiene para acceder a información de algunos organismos del Estado, necesaria para sus tareas de fiscalización.
El asunto es grave, más no nuevo. ACIJ viene señalando desde hace varios años las falencias en el diseño institucional del sistema de control, que condicionan las posibilidades de las agencias especializadas de supervisar eficazmente la utilización de los fondos públicos y el desempeño de la Administración.
La reforma de 1994 otorgó a la AGN rango constitucional y la dotó de garantías esenciales para el desempeño de sus funciones. Sin embargo, 16 años después, el organismo continúa sujeto a una ley anterior, que no cumple con los requisitos constitucionales ni con los estándares mínimos de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI).
Hasta el momento se han presentado numerosos proyectos de reforma de la Ley de Administración Financiera, pero en la mayoría de los casos se trata de iniciativas surgidas de disputas políticas coyunturales y dirigidas exclusivamente a modificar la integración del Colegio de Auditores con miras a un nuevo esquema de distribución de poder entre los distintos partidos. La composición oficialista mayoritaria del principal organismo encargado de controlar al gobierno es una violación grosera del principio de independencia, y revertir las condiciones que lo hacen posible es uno de los aspectos más importantes que debe contemplar la reforma. Pero no alcanza.
La nueva normativa, además de asegurar a la AGN su autonomía funcional, debería dotarla de las competencias necesarias para el efectivo cumplimiento de su función, profundizar su carácter técnico, fortalecer su articulación con las demás entidades encargadas de la prevención y lucha contra la corrupción, y acercarla a la ciudadanía mediante la incorporación de prácticas de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas.
Encarar una reforma legal que adapte la normativa al mandato constitucional y a los estándares internacionales es fundamental para fortalecer el sistema de control. Desde la sociedad civil estamos intentando aportar al debate para que una iniciativa semejante surja de un amplio consenso entre las distintas fuerzas políticas, que deje atrás las habituales especulaciones en torno a quién será el próximo en ocupar el lugar del controlado.

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