Como cierre del informe especial queremos aportarles algunos datos y nuestra visión sobre este proceso de evaluación de relevancia inigualable para conocer el estado de la corrupción en los países signatarios de la UNCAC, y así, poder influir para generar cambios.
Según lo describela Resolución 3/1 aprobada por la Conferencia de los Estados Parte dela UNCAC (CoSP), el mecanismo de evaluación es un proceso intergubernamental, no invasivo, imparcial, que tiene por objetivo promover la adhesión y aplicación universal de la Convención, identificar dificultades de los Estados y buenas prácticas en la lucha contra la corrupción.
Es un mecanismo de carácter técnico que promueve la colaboración constructiva entre los Estados en materia de medidas preventivas, recuperación de activos y cooperación internacional. Asimismo, el propio documento aclara que el mecanismo no servirá de instrumento para intervenir en los asuntos internos de los evaluados.
En lo que respecta a la puesta en marcha de este proceso hay que decir que está diferido en dos grandes rondas de evaluación (la primera se orienta a las secciones III y V, y la siguiente, a las secciones II y IV de la Convención), cada una de ellas dividida en dos etapas (en cada una de las cuales participa la mitad de los signatarios, según un sorteo). Estas dos primeras rondas durarán cerca de 10 años, pues se prevé que para el 2020 estarán cumplidas, según las fases descriptas, las evaluaciones de todos los Estados respecto al cumplimiento de toda la Convención.
En el examen de cada Estado participan las autoridades competentes de ese país (por ejemplo, su organismo anticorrupción) y dos examinadores internacionales, uno de la misma región geográfica y con similar sistema jurídico que el evaluado y otro, según sorteo. El testeo se realiza en base a la información producida y aportada por las autoridades nacionales, la cual es entregada a los evaluadores para su análisis. Además, según determina la Resolución 3/1, la evaluación debe completarse con diálogos directos entre los funcionarios nacionales y los expertos extranjeros, ya sea mediante reuniones en las oficinas de las Naciones Unidas, o a través de visitas in situ.
El resultado de este trabajo se documenta en un informe elaborado por los examinadores, cuyo texto es negociado con las autoridades nacionales. El informe debe reflejar las buenas prácticas y deficiencias como así también los problemas, las observaciones a la aplicación de la UNCAC y las necesidades de asistencia técnica.
Desde nuestra visión, en tanto participantes del monitoreo del proceso, queremos destacar ciertas cuestiones que no nos parecen menores.
En primer lugar, que exista un primer consenso en la comunidad internacional acerca de la necesidad de que exista un mecanismo de evaluación en materia anti-corrupción es un hecho de singular relevancia. Pues sólo conociendo el estado de situación en los temas de corrupción, los ciudadanos, los grupos de interés, las organizaciones sociales, los partidos políticos, los medios de prensa, etc, podrán (y podremos) influir en un cambio de estrategia en esta difícil y desigual lucha.
En segundo lugar hay que remarcar que por el hecho de que el texto del informe final sea producto de un acuerdo entre los evaluadores y el Estado evaluado, no puede calificarse al mecanismo como “imparcial”. La situación de que el Estado evaluado participe activamente en el proceso, ya sea aportando la información sobre la cual trabajarán los evaluadores, ya sea prestando su conformidad con el informe de éstos, implica que es una parte más en este contexto, pues es el primer interesado en la cuestión.
En lo que hace a la confidencialidad del proceso y de los informes finales de evaluación, por un lado, y la posibilidad de compartir buenas prácticas y, mediante eso, ayudar a los Estados a revertir las dificultades identificadas, por el otro, parece contradictorio, o bien seguir predicando la confidencialidad, o bien, hablar de que el proceso va a permitir el canje de información. Así, la confidencialidad de los resultados puede afectar uno de los objetivos del mecanismo, cual es la cooperación internacional, a través del intercambio de información, prácticas y experiencias. Vale la pena aclarar que sólo los resúmenes de los informes se publicarán mientras que los textos in extenso permanecerán confidenciales.
Finalmente, queremos destacar la necesidad de que las vistas de los expertos se concreten en cada caso pues es esa la mejor manera de que los evaluadores internacionales se acerquen directamente a su foco de análisis. Además permitiría a las organizaciones intermedias, a los representantes políticos, los medios, empresarios y ciudadanos en general, tomar contacto (o al menos intentarlo) con ellos y así aportarles su visión sobre la situación de la corrupción en su país. No basta con reuniones diplomáticas y extremadamente formales en oficinas lejanas, es necesario que los Estados acepten las visitas internacionales y difundan esta situación.
¿Cómo sucedió esto en el caso de Argentina? Ya lo contamos pero se los dejamos para que aquellos que todavía no lo conocen, aprovechen la oportunidad y lo relean aquí
Publicado por ACIJ.
