¿Saben a qué hora llegan los jueces?

Recorrida atenta por Comodoro Py basta para uno encontrarse con una pintura elocuente de cómo se trabaja en el fuero federal.

Mucho movimiento en los pasillos, muchos abogados saludándose con palmadas amistosas, muchos jóvenes de piel morena, ropas deportivas y un lenguaje que poco combina con las formalidades y lejanía del idioma jurídico.

Gente que va y que viene con papeles y causas; empleados que suben y bajan del o hacia el kioscos, mientras charlan de sus fin de semanas, el cargo vacante en tal juzgado y el último corrillo judicial.

¿Pero los jueces dónde están a todo esto? Algunos llegan temprano, algunos otros en alguna audiencia, otro tomando un cafecito o preparando algún paper, el más afanoso, proyectando alguna sentencia. Puede ser que alguno esté dando clase o alguna conferencia (la acordada que prohíbe hacerlo en horas laborales todos sabemos que se cumple poco y nada).

Pero hay uno que no está en ningún lado. Se lo busca en su despacho y no está, se le pregunta su secretaria privada, y no tiene respuesta que explique su ausencia, en su juzgado no saben si está de licencia o es sólo se trata de situación personal de urgencia.

Son las 12 hs. y el juez Canicoba Corral todavía no ha llegado a trabajar: pasaron 4 horas y media desde que comenzó el horario y queda sólo una y media para terminar la jornada… Y el juez del 6 no llega…

Al irnos ya con la seguridad de que nada cambia en tribunales, nos topamos con el juez, de anteojos Ray Ban oscuros, de camisa sin corbata y cara de preocupación. Lo trae velozmente su chofer en un auto negro brillante. Se baja y como si nada entra a Comodoro Py, donde muchos aún lo reverencian.

Publicado por ACIJ

Read Full Post »

El mejor aliado: el poder judicial

En un almuerzo informal con un abogado acostumbrado a lidiar con las idas y vueltas de los jueces penales nacionales y federales, luego de escuchar las quejas que reiteradamente expresamos sobre su funcionamiento, así, sin anestesia, nos largó una máxima: “los jueces son los mejores aliados de defensores e imputados”.

Escudriñando en las razones de esta impactante frase no podemos más que mencionar, por un lado, la inactividad judicial, la irresponsabilidad de los jueces en relación a sus labores, la falta de control sobre el quehacer judicial, la carencia de incentivos reales para mejorar el rumbo de las investigaciones, la ineficacia en las pesquisas, la ausencia de éxitos, el descreimiento social en la institución.

Largos períodos sin que en un expediente pase algo importante, sin que ni siquiera se ordene una medida de prueba relevante, eternas estadías de las causas en los tribunales de apelaciones o casación, abarrotamiento de los tribunales, la falta de fundamentación en las resoluciones, la precariedad argumentativa, la falta de una estrategia de investigación, entre otros motivos, son posibles explicaciones a la rutilante afirmación.

Los jueces no pueden ser aliados más que de la ley, de la justicia y de la Constitución. Cualquier otra alianza puede hablarnos de desidia, complicidad o irresponsabilidad. Cualquier de las tres son intolerables.

Publicado por ACIJ

Read Full Post »

Jueces y derechos humanos

Siempre sucede así.  A nivel internacional se producen avances en cuanto a la extensión de los derechos humanos y a la gran mayoría de nuestros jueces no los alcanzan esos progresos hasta bastante tiempo después. Sucedió y aún sucede, entre otros, con los derechos de incidencia colectiva, con los derechos económicos, sociales y culturales y con el principio de progresividad de los derechos.

Lo mismo ha comenzado a ocurrir y seguramente seguirá pasando durante un tiempo prolongado con la vinculación entre derechos humanos y corrupción. Académicos, expertos en derecho internacional de los derechos y jueces de tribunales internacionales se encuentran desarrollando distintas teóricas que los vinculan claramente. El principio básico es que tomar ilegítimamente dinero que iría destinado a la provisión de servicios básicos vulnera aquellos derechos vinculados con el servicio que deja de prestarse.

En un contexto de enormes carencias, con millones de personas viviendo en condiciones extremas, sin vivienda, sin agua, sin gas, con muchos hospitales en estados deplorables, cada peso que estaría destinado a mejorar esa situación resulta fundamental para la vida de esas personas. Nuestra actividad en los casos penales donde se investigan hechos de corrupción que han dejado a los sectores de menores recursos sin algún recurso para mitigar esa pobreza busca demostrar esa relación ineludible.

Los primeros pasos están mostrando que los jueces no están percibiendo el desarrollo jurídico que existe en la materia. Aunque no es de sorprenderse pues todavía hay jueces que no aplican los tratados internacionales de derechos humanos pese a que tienen jerarquía constitucional.

Publicado por ACIJ

Read Full Post »

Justicia Argentina Online: la mirada de los jueces

Como su nombre lo indica, en el libro que se muestra abajo, escriben varios jueces y juezas que desarrollan temas relativos al Poder Judicial y su relación con los medios de comunicación y el acceso a la información.

El propósito del libro es contarlas distintas perspectivas de los jueces con respecto al tema, tomando en cuenta la creación del Centro de Información Judicial (CIJ), a través del cual el Poder Judicial pretende acercarse a la ciudadanía.

 El CIJ es sin duda una iniciativa que aplaudimos desde las organizaciones de la sociedad civil. Si bien hay mucho por mejorar, sobretodo en cuanto a información sobre la corrupción, la publicación de algunos fallos y el uso de las redes sociales demuestra una incipiente modernización e intento de transparencia muy positivos.

Sin embargo, observamos con estupor un nombre en la lista de jueces que hablan de tan loable cuestión: Sergio Torres.

Más aún, nos descoloca observar que en su ponencia se atreve a criticar la información que dan los medios de comunicación señalando que “han opacado la labor de los actores judiciales, no ya con la emisión de opiniones críticas, sino incluso con escasa información y/o errónea o extemporánea interpretación de aquello sostenido en los expedientes”.

Luego, cita a María Seoane: “El gran desafío es cuidar la comunicación dela Justiciacon la sociedad, con canales propios, sin mediatizarla”.

Ahora les recordamos, esto lo escribe Sergio Torres, el juez que sistemáticamente nos negó el acceso a la causa BNP Paribas. Ello a pesar una sentencia firme que nos autorizaba a hacerlo. El juez que, además, siguió negándose incluso en insubordinación ante de sus superiores, quienes le ordenaron concedernos la vista de la causa. Permitir el acceso a los expedientes donde se investigan cuestiones de interés público, hacerlo de un modo igualitario, garantizando que no habrá discrecionalidad ni manejo discrecional de la información, sería la acción más destacable que podría tomar un juez como Torres. Todo ello si fuera cierta su preocupación por la participación ciudadana, el derecho a acceder a la información y la vocación de una judicatura abierta a la sociedad.

 Sin embargo, este juez, de manera arbitraria y sin ningún tipo de fundamento le niega a una organización de la sociedad civil el derecho a acceder a las causas para precisamente informar a la ciudadanía directamente a la ciudadanía, se permite luego criticar a los medios por lo que difunden.

 Casi como si nos estuviera mirando, sin disimular una sonrisa socarrona Torre cita la siguiente frase de Beccaria:

“…Sean públicos los juicios y públicas las pruebas del delito a fin de que la opinión, que acaso es el único coagulante de la sociedad, imponga un freno a la fuerza y a las pasiones; a fin de que el pueblo diga no somos esclavos y estamos defendidos…”

 Sin más palabras.

View this document on Scribd

 

Publicado por ACIJ

Read Full Post »

Premios “Petiso orejudo” a la vergüenza judicial

En esta ocasión queremos difundir una (nueva) iniciativa que vienen llevando a cabo profesores, abogados, funcionarios judiciales, periodistas y simples ciudadanos en post de hacer visibles quiénes son los jueces que deciden sobre nuestros derecho y cómo ejercen el poder que les ha sido conferido.

Los organizadores han generado una lista de candidatos merecedores de este vergonzoso galardón por sus “méritos” en su desempeño jurisdiccional. Hay jueces de todas las instancias, fueros, de la nación y de las provincias, con representación de género también y de distintas generaciones.

Hay muchas historias, pero no podemos dejar de destacar la de Bisordi: designado como fiscal adjunto por Strassera para ayudarlo durante el Juicio a las Juntas, no resistió ni una semana y renunció arguyendo su identificación ideológica con Videla y Massera. Las de los jueces federales de Comodoro Py no se quedan atrás y entre ellas merecen la pena leerse lo apartados dedicados a Norberto Oyarbide y su descripción sobre pautas y costumbres de los pueblos originarios. Marcelo Martínez de Giorgi y sus notificaciones autodestructivas y, como olvidar una mención especial para quien fuera el juez subrogante de calificación 1: Octavio Aráoz de Lamadrid y su particular visión sobre el rol de contralor de las organizaciones de la sociedad civil…

Como corresponde a toda entrega de premios, habrá una celebración y será llevada a cabo el sábado 28 de mayo por la noche en una fiesta, que sin alfombra roja, promete buenos tragos y mejores conversaciones. Para más información sobre candidaturas, postulaciones, votación y asistencia al evento ir al blog #PORLAJUSTICIA.

Quedan tod@s invitad@s y debidamente notificad@s!

Read Full Post »

TANDANOR: prescribe otro caso de corrupción, el Poder Judicial en caída libre

Durante los últimos días, muchos matutinos nacionales publicaron notas sobre el retardo de las causas penales en las que se investigan hechos de corrupción y y sobre la “anormal” finalización de procesos judiciales en razón de su extensión temporal.

Lamentablemente hoy tenemos que informarles sobre un nuevo caso que ha concluido por aplicación del instituto de la prescripción de la acción penal  y que aún no ha salido en ningún periódico. Nos referimos al expediente donde se investigaba un fastuoso fraude a la administración pública llevado a cabo en el proceso de privatización de la empresa “Tandanor S.A.” durante los primeros años de la década de los ´90.

Resumidamente la historia fue así: el PEN dictó el decreto 1957/90 en el marco de la ley de reforma del Estado mediante el cual se convocaba a una licitación internacional para transferir el paquete accionario de la citada sociedad. Esto se concretó en diciembre de 1991 cuando el consorcio “Marítimos S.A.” (integrado por Compañía Argentina de Transportes Marítimos S.A., Sud Marine Enterprises S.A. y el Banco Holandés Unido S.A.) recibió el 90% de las acciones de Tandanor, comprometiéndose a pagar más de U$S 59 millones, de los cuales el 12% (apróx.) fue pagado en efectivo, previo a la firma de contrato. En tanto, por los casi U$S 52 millones restantes, el consorcio ofreció una poliza de caución dela Aseguradoradel Litoral S.A. como garantía de pago.

Llegadas las fechas para comenzar a saldar las cuotas y así cancelar la deuda que el consorcio mantenía con el Estado, aquél incurrió en diversas moras que habilitaron el inicio de ejecuciones judiciales. En el marco de estos expedientes iniciados por el acreedor público el consorcio privado comenzó a articular maniobras tendientes a frustrar el pago.

Lo cierto es que luego de cierta investigación se evidenció la incapacidad de pago de varias de las empresas integrantes del consorcio, por lo que se visualizó la necesidad de una investigación penal encaminada a determinar si el comprador de Tandanor había “engañado” a la Administración Pública en razón de su (in)solvencia para hacer frente a las obligaciones contraídas.

La causa penal, entonces, se inició a partir de una denuncia realizada por el Ministerio de Defensa, la cual quedó radicada en agosto de 1999 en el Juzgado Criminal y Correccional Federal nº 2 de esta ciudad. La instrucción duró más de 10 años, pasó por dos juzgados (primero el 2 y luego el 11, donde fue definitivamente tramitada desde diciembre de 2002 hasta septiembre de 2009), tuvo 19 imputados, 41 sobreseimientos, 11 faltas de mérito y finalmente  21 procesamientos, 3 intervenciones de la sala II dela Cámara Federalmediante las que se revocaron 4 veces muchos de las resoluciones antes citadas y en 2 oportunidades se confirmaron las resoluciones del juez instructor.

En definitiva, la Fiscalía y las querellas (encabezadas porla Oficina Anticorrupción–OA- y al Ministerio de Defensa –MD-) presentaron los requerimientos de elevación a juicio. Estos actos de necesario impulso para llegar al juicio oral se materializaron el 18 y 19 de diciembre de 2006 cuando el MD por su parte, y la fiscalía y la OA, por el otro, presentaron los escritos pertinentes.

Cumplido esto, el juez instructor Claudio Bonadío se tomó tres añitos para elevar la causa a la etapa de juicio oral, pues recién el 9 de septiembre de 2009 dispuso la clausura de la instrucción y elevó el asunto a juicio respecto de 10 de los 19 de los imputados.

Llegado el expediente a la fase de debate, las defensas, como resultado lógico a sus intereses de repulsión de la acción penal, articularon diversos planteos de prescripción, que hoy son los que motivan el fallo que comentamos.

En este escenario, las querellas y la fiscalía tuvieron que expedirse. Haciendo un esfuerzo por mantener viva la persecución penal y tratar de llevar el caso a juicio para ahí dirimir las responsabilidades, recurrieron a interpretaciones que se fundaban en la idea de un delito continuado construido por múltiples acciones defraudatorias (cada pagaré vencido que no se saldaba) enmarcadas en un mismo plan de acción (frustrar el pago de la transferencia de las acciones de Tandanor).

Cierto es que además, desde la fecha de los hechos (que según unos y otros variaba: las defensas proponían el momento de la firma del contrato y los acusadores, la fecha de vencimiento de la última obligación impaga) hasta el momento de dictado el fallo, hubo modificaciones legales que obligaron al tribunal a plantearse cuál era la ley penal que regía el caso para así definir la cuestión de la prescripción.

Sin embargo, lo más sintomático y que nos muestra la patología estructural del funcionamiento del Poder Judicial es el standby del trámite del expediente por 3 años sin ningún tipo de razón.

La causa, desde que los múltiples acusadores dieron el impulso necesario para llevar a los presuntos responsables al banquillo hasta que el juez Bonadío efectivamente envió el caso a la fase de debate, estuvo “cajoneada”, “parada”, “a despacho”, “a la firma” durante 3 años sin ningún acto procesal que justificara esa demora.

El tribunal de juicio resolvió –por mayoría- en favor de los acusados haciendo suya la idea de que el momento en el que se configuraba el perjuicio patrimonial era el que determinada el inicio del curso de la prescripción y que éste comenzó a operar cuando las principales autoridades del Ministerio de Defensa y que habían encabezado la operación habían abandonado el cargo. Pues fue a partir de ese momento en el que perdieron su calidad especial para cometer el ilícito y el dominio de la ejecución del acto, cuestión que sucedió allá por el año 1993.

Sin embargo, los magistrados firmantes del resolutorio dejaron manifestado explícitamente cierto desconcierto acerca de lo inexplicable de años y años de una causa frenada sin razón en la etapa instructoria.

Una explicación a esto podríamos fundarla en el desinterés, la falta de incentivos para que los funcionarios cumplan sus obligaciones, la ausencia de controles efectivos sobre la actividad judicial, la irresponsabilidad de ciertos magistrados, la garantía de inmovilidad que parece perpetuarlos en el poder que ostentan y que no los someten a ningún tipo de juicio acerca de su desenvolvimiento.

Hoy queríamos contarles una historia más de la que nos avergonzamos pero que es sólo una muestra de una patología que parece haberse instalado en este tipo de casos. Las prescripciones se acumulan, nadie paga por ello y no hay nada que nos haga presumir que esto puede cambiar. 

Ah, es probable que las empresas sean resarcidas en otros fueros por los perjuicios que dicen les ocasionó las idas y vueltas del Estado. Eso lo pagamos todos.

Read Full Post »

Alguien que calle a esa fiscal, o mejor que se callen todos!

Qué parte no entendió Gils Carbó de aquella acordada de Exma. Cámara Comercial firmada unánimemente en diciembre del año pasado. Parece empecinada en querer dictaminar en causas bien sensibles para la sociedad.

Aparenta no conformarse con trabajar menos por el mismo sueldo. Se le evitó el engorroso trabajo de leer decenas de cuerpos de expedientes judiciales en pocos días, y ni las gracias. Se le garantizó una feria tranquila, sin el sobresalto de tener que expedirse en causas de interés público, y nada. Las vacaciones son un derecho que Gils Carbó se niega a ejercitar.

Su opinión molesta, no ya sólo en los expedientes, sino también en cualquier  lado. Obligó a los Exmos. camaristas comerciales a acumular acordadas implorando, solicitando, exigiendo su silencio y porqué no, su cargo.

Por suerte las acordadas estuvieron varios días colgadas en la página del CIJ, así la sociedad aprecia cuánto se necesita de su silencio. Tanto que hasta se le pide a la Corte que contribuya e intervenga. Por el bien de monopolios, oligopolios, bancos, grandes medios de comunicación, grupos económicos concursados o empresas con acuerdos preventivos tan extrajudiciales que no requieren la intervención de la fiscal de Estado.  En fin, los justiciables.  Si  a alguien se le ocurre preguntar  por los fondos del ANSES (o de los jubilados que es lo mismo) que la fiscal pretende proteger, habrá que exigirles silencio.

Que nadie venga con eso que los jueces sólo hablan por sus sentencias. La Cámara le tomó el gusto a las acordadas que declaran certezas y conminan al silencio, y no piensa renunciar a ello. Si en el medio a alguien se le ocurre decir que se está pisoteando el art. 25 de la ley orgánica del Ministerio Público que también haga silencio.

Quien no debería callarse es la Asociación de Magistrados. Y si algún juez se niega a firmar un documento contrario a Gils Carbó, y logra convencer al resto de que es poco recomendable cuestionar a una fiscal por pedir intervenir en expedientes en los cuales debe hacerlo por cuanto es lo que dice la ley, entonces como ante todo se tolera el disenso, en dulce montón los Exmos. camaristas presentarán la indeclinable renuncia a tan prestigiosa institución.

Read Full Post »

En el año electoral, las causas por corrupción duermen en la justicia

Nota publicada en Clarín sobre las demoras de la justicia en las causas de corrupción que involucran al Gobierno Nacional. Éstas fueron muchas veces denunciadas en este blog, lo mismo podría decirse sobre poderosos empresarios acusados de prácticas corruptas cuyos expedientes duermen en comodoro py. En la nota se señala nuestro trabajo, donde nos gustaría aclarar que no hacemos propiamente una auditoria de las causas de corrupción (ese no es nuestro papel), sino que buscamos información en las mismas a fin de generar aportes constructivos en la materia.

Son decenas de casos que involucran a funcionarios o ex funcionarios del Gobierno. Jueces y fiscales no quieren tomar medidas que puedan afectar al oficialismo o a la oposición. Lo confirman ONG.

Por Lucio Fernández Moores

Es como aquello de las brujas. No existen, pero que las hay las hay. Jueces y fiscales admiten off the record , que decenas de causas sobre presuntos hechos de corrupción del Gobierno están siendo frenadas a la espera de que pasen las elecciones presidenciales de octubre. Es que no quieren tomar medidas impactantes en medio de la campaña y ser percibidos como favorables al Gobierno o a la oposición.

Además, el retraso en las, por lo menos, 35 causas que involucran a funcionarios o ex funcionarios del actual Gobierno viene siendo relevado por auditorías de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE).

El presidente de la Asociación de Magistrados, Luis Cabral, adjudicó el retraso a razones distintas: las causas de corrupción “merecen un procedimiento distinto y con personal de investigación que dependa de la Justicia y no de los otros poderes que pueden estar involucrados en la causa”, en alusión a las fuerzas de seguridad. Además, dijo a Clarín que el Gobierno debe nombrar jueces en los juzgados vacantes para agilizar esos casos.

Las dos más retrasadas son el escándalo de los presuntos sobreprecios de la empresa Skanska para ocultar coimas a través de facturación trucha y el caso de la valija del empresario venezolano-estadounidense Guido Alejandro Antonini Wilson con 779.550 dólares en plena campaña electoral del 2007.

Otras causas directamente fueron cerradas a velocidad luz, como pasó con la del enriquecimiento de la presidenta Cristina Fernández y el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, por una decisión del juez federal Norberto Oyarbide.

“Se trabaja, pero a los tiempos de la Justicia”, explicó el secretario de un juzgado que pidió no publicar su nombre.

“Algunos jueces pisan las causas”, admitió a este diario un camarista sobre la lentitud de los instructores. “Nosotros trabajamos, pero todo lleva su tiempo”, se defendió un juez.

Un caso excepcional es el del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya registra dos procesamientos por el delito de dádivas. Con una decena de causas, Jaime, que en las próximas semanas debe explicar el enriquecimiento de sus familiares ante la Justicia, va camino a convertirse en la María Julia Alsogaray del kirchnerismo.

Mientras jueces y fiscales se tiran la pelota, varios funcionarios judiciales destacaron ante este diario la escasa participación de la Oficina Anticorrupción (OA) y de la acéfala Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) en las causas de corrupción que involucran al actual Gobierno. La OA, que depende del Ministerio de Justicia, es encabezada por Julio Vitobello y la FIA -dentro de la estructura de la Procuración General de la Nación-, por Guillermo Noailles, de manera provisoria hace más de dos años por la renuncia de Manuel Garrido.

“Hay parte de la Justicia de Comodoro Py que es tiempista , y eso implica que en muchos casos no avancen las causas o que lo hagan de manera muy lenta”, expresó el diputado nacional Juan Carlos Morán (Coalición Cívica). Junto a otros legisladores, él denunció al ex presidente Kirchner por presunta asociación ilícita con sus ministros y empresarios beneficiarios de la obra pública.

Otro problema mencionado en Tribunales es el de las vacantes en la titularidad de cuatro de los doce juzgados federales penales que investigan en la Capital Federal los casos de corrupción en la administración pública nacional. El escandaloso concurso 140 aún está irresuelto por el Consejo de la Magistratura. Lleva más de cinco años.

Y hasta se da el caso de que el mejor conceptuado en ese concurso, el secretario de Cámara Marcelo Martínez de Giorgi, sin el acuerdo del Senado y con un aval restringido de la Corte Suprema, está a cargo no sólo de uno sino de dos juzgados, al igual que su polémico colega Norberto Oyarbide. Martínez de Giorgi tiene varias causas sensibles para el poder político gobernante, pero está condicionado por la provisoriedad de su cargo.

Otro denominador común en este tipo de expedientes son las largas en el tiempo pericias generalmente encargadas al cuestionado cuerpo de peritos contadores que depende de la Corte Suprema. La semana pasada, el juez Claudio Bonadio, denunció la violación del secreto en una pericia que había encomendado a ese cuerpo en la causa contra los secretarios privados de la Presidenta.

Read Full Post »

Hay jueces que no quieren investigar al poder de turno

Nota de opinión de Ezequiel Nino* publicada por Clarín en la que se plantea el aparente desincentivo que tendrían los jueces para investigar causas sobre delitos de corrupción cometidos por el poder de turno.

Nuestro país tiene un triste privilegio: en nuestra región, se encuentra entre los países con menor cantidad de condenas por hechos de corrupción.

Una visita a cualquier prisión de nuestro país evidencia que el derecho penal se aplica solamente para personas de bajos recursos. Las razones de esta situación son numerosas pero la más relevante es la falta de incentivos de muchos jueces y fiscales para investigar los delitos de poder.

Esos actores no tienen excusa alguna para este pobre desempeño. Cuentan con remuneraciones adecuadas, estabilidad de por vida en el cargo, recursos humanos a su disposición, posibilidades de capacitarse, acceso a información y herramientas legales suficientes.

Sin embargo, los expedientes demoran en promedio más de una década y su destino inexorable es que prescriban por el paso del tiempo. En esos casos, los responsables del Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura deberían examinar el desempeño de los funcionarios que no hicieron avanzar debidamente esos procesos pero tampoco hay antecedentes de sanciones o destituciones por este tipo de situaciones. A su vez, los legisladores deberían promover cambios que apunten a simplificar los trámites pero no se abocan a ello. Existe un sistema que garantiza la impunidad completa.

Las ONGS ACIJ y CIPCE nos presentamos en más de un centenar de expedientes para tomar vista de estos y realizar aportes. Sin embargo, nos encontramos con reticencias de muchos de los jueces y fiscales , quienes se niegan a abrir su tarea, pese a los principios de acceso a la información pública a los que está obligado nuestro país frente al mundo. El tema está a estudio de la Corte, que tiene la oportunidad de dar un claro mensaje sobre la corrupción. Hasta ahora los jueces del alto tribunal explican que no han recibido causas trascendentes en esta materia, por lo que pueden brindar ahora un pronunciamiento claro.

La corrupción tiene consecuencias sociales devastadoras. Por ello, la sociedad tiene un enorme desafío. Así como en los delitos con víctimas determinadas está comprobado que la presión pública puede redundar en mayores avances en procesos complejos, deberíamos hacer notar a quienes están obligados a investigar que aquí también hay víctimas que esperan justicia. En este reto, tanto el periodismo como las ONGS pueden desempeñar un rol fundamental pues pueden convertirse en un vínculo entre los expedientes complejos y el resto de la ciudadanía. A su vez, la sociedad civil debería aliarse con los políticos honestos que se ven perjudicados porque no hay manera de distinguirlos de los deshonestos.

* Ezequiel Nino es co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Read Full Post »

Por qué juzgar a un juez

Ricardo Recondo, y Graciela Medina son los jueces de la Sala III de la Cámara Nacional Civil y Comercial Federal que no se percataron que una ong sin existencia real se presentaba en nombre de un interés difuso –como sería la libre competencia- a patrocinar los intereses bien reales de una compañía con amplio dominio de mercado.

No se dieron cuenta o no quisieron darse cuenta. El asunto no está claro aún, aunque se esperan novedades en los próximos días. El abogado que intervino en el caso -Carlos Ronsenkrantz- como presidente de la ong defensora de la competencia, también trabaja para la compañía cuyos intereses se presentó a defender.  Por último es de público conocimiento que el esposo de la Jueza, Julio César Rivera, y un hijo de éste, son docentes en la facultad donde Ronsenkrantz es rector. Ello podría haber dado lugar a que la jueza se excusara. Eso no ocurrió y nació entonces la sospecha sobre las razones que llevaron a Medina y a Recondo a comprar el buzón que les estaban vendiendo.

Sin excusarse, Medina terminó siendo denunciada ante el Consejo de Magistratura, ello por los fallos que dictó -el de la ong ad hoc no fue el único- en los cuales se benefició el grupo económico en cuestión. Ese alguien fue el secretario general de la UEJN, Julio Piumato.

La cuestión ahora deberá ser resuelta por el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, como era de esperarse, Recondo y Medina lograron la importante muestra de solidaridad de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, de la cual Recondo hasta hace apenas unos meses fue su presidente. De ello nos informó Clarín el sábado pasado.

Claro que con una pequeña una trampita, omitió decir que la denuncia había sido presentada en causas que tenían al grupo Clarín como principal protagonista. ¿El título? “Solidaridad de los jueces por una denuncia”.

La nota sólo se remite a transcribir un comunicado de la. Asociación de Magistrados en el cual se brinda un contundente apoyo a Recondo y Medina.

El comunicado en sí no es más que una recopilación de los argumentos con los cuales corporativamente se suelen defender los jueces. A saber: “frente a la denuncia presentada y divulgada por el Secretario General de la UEJN contra los Dres. Ricardo Recondo, y Graciela Medina (…) por como han resuelto un caso sometido a su decisión, esta Asociación ratifica una vez más que dentro del equilibrio institucional determinado por la Constitución Nacional, los magistrados no pueden ser denunciados por las consideraciones vertidas en sus sentencias, en tanto éstas no constituyan delitos o evidencien ineptitud moral o intelectual que los inhabilite para el desempeño de sus cargos”.

Sigue: “sin perjuicio de la libertad de opinión y crítica sobre las decisiones judiciales, y del acierto o error en el que ellas puedan incurrir -continúa el documento-, en el caso se pretende sostener la existencia de circunstancias por la que estos jueces habrían actuado con favoritismo, lo que resulta una falsedad que enfáticamente rechazamos. Los jueces se encuentran bajo control permanente en su quehacer jurisdiccional, pero una denuncia que pretende su investigación no puede estar livianamente fundada y esconder una acusación por estar en desacuerdo con el sentido del fallo. (…) La defensa de la independencia del Poder Judicial frente a los ataques y presiones de cualquier origen: político, social, o económico, constituye uno de los relevantes objetivos que guía nuestro accionar”.

Con remanidos argumentos el comunicado no le llega a los talones a aquella célebre acordada de la Cámara Comercial. Sin embargo, nos viene bien para hablar de algo sobre lo cual tenemos algunas cosas para decir.

Básicamente la defensa radica en que los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias. Ahora bien, si un juez no puede ser juzgado por eso, porqué razón los juzgaríamos. O lo que quieren decir es que a los jueces les reservamos el privilegio de sólo ser juzgados por Dios cuando los tenga en su gloria.

Gargarella y Bovino, con atendibles argumentos procuran rebatir el referido cliché según el cual los magistrados no pueden ser juzgados por el contenido de su sentencia.

Dice con razón Gargarella que “ellos (por los jueces) tienen la responsabilidad extraordinaria de custodiar nuestros derechos, y deben hacerse cargo de esa responsabilidad, y de las cargas que ella conlleva. Por supuesto, siempre vamos a tener con ellos razonables disidencias, desacuerdos, variaciones en los matices, respecto de cómo interpretar algún texto. Pero, como en todas estas situaciones, hay límites, y los límites están mucho más acá de lo que los propios jueces están interesados en reconocer, mucho más acá de lo que ellos nos dicen, una y otra vez, convenciéndonos de los amplios, inalcanzables márgenes de su impunidad“.

El amigo Bovino sostiene que “por lo demás, la causal de “mal desempeño” como juez no puede evitar que para determinar si está dada o no la causal, se analicen las decisiones del juez denunciado. Resultaría imposible determinar el desempeño de un funcionario judicial sin atender al producto cotidiano de su trabajo. Ello no implica que la mera discrepancia con sus sentencias baste para afirmar el “mal desempeño”. Pero se llega a un punto en que es el mismo contenido de las sentencias el que manifiesta la falta de idoneidad técnica, o el ejercicio de un poder abusivo, de modo inequívoco, por parte de un juez”.

El poder judicial ha sido de todos los poderes democráticos el más reacio a someterse a controles en sus condiciones internas de funcionamiento. Por caso, fueron los últimos en admitir que sus declaraciones juradas patrimoniales deben ser públicas. Tampoco son proclives a que la sociedad -en su concepción más amplia- participe en le composición del Consejo. Se encargan -con ayuda, por cierto- de obstruir cualquier mecanismo de rendición de cuentas. Manejan la información de sus causas como si fueran eso, causas suyas.

En síntesis bloquean las posibilidades de control público respecto a sus actos. Sobre ello entonces, será muy difícil poder juzgarlos. Si tampoco podremos juzgarlos por el contenido de sus sentencias entonces, como dice Gargarella, deberemos hacerlo por el color de sus corbatas.

La percepción social sobre el rendimiento, idoneidad y honestidad del Poder Judicial, no tiene en modo alguno su correlato en la cantidad de jueces destituidos.  Este año lo probaremos en primera persona. Se vendrán sendas presentaciones al Consejo de la Magistratura por causas de corrupción que vienen prescribiendo sin que nadie asuma la responsabilidad por ello. También denunciaremos a los jueces que se niegan cumplir resoluciones de su superior que les ordenan dejarnos ver la información de expedientes sensibles.

Read Full Post »