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Posts etiquetados ‘lavado de dinero’

La semana pasada en ACIJ tuvimos la oportunidad de compartir un enriquecedor intercambio de ideas y experiencias con Monty Raphael, abogado inglés especializado en la lucha contra el crimen económico, la corrupción y el recupero de activos de origen ilícito.

A lo largo de su carrera, la que ha desarrollado desde un reconocido estudio jurídico (Peters & Peters), Raphael ha desempeñado diversos papeles de relevancia, los que lo han llevado a estar en el Hall dela Famade los Abogados Británicos. Ha asesorado y representado a clientes individuales, empresas e instituciones financieras en temas de fraude, corrupción, lavado de dinero, evasión impositiva y seguridad. Ha actuado en el caso Greenway, el único miembro del Parlamento en ser perseguido por casos de corrupción. Asimismo ha intervenido en otros asuntos de alto perfil como Lloyds of London, BCCI y el Programa de las Naciones Unidas “Oil for Food”.

También ha sido encargado de alegar en grupos de trabajo europeos (GRECO y OCDE) sobre soborno a funcionarios. Además fue convocado por el Parlamento Británico para expresarse sobre la ley antisobornos.

En la charla, Raphael nos dijo que es conveniente para la organizaciones de la sociedad civil presentar a la corrupción como un crimen más; nos alentó a brindarle a la sociedad un mensaje que muestre a los delitos de corrupción como crímenes que ocurren a diario, no sólo en las altas órbitas del Estado, sino también en los lugares más comunes. Por ese motivo él cree hay que tratarlo discursivamente como un delito más. Pero también para que los jueces le presten el mismo grado de atención a los hechos cotidianos que a estos tan graves.

Además, Raphael nos ilustró (literalmente hablando) sobre la ruta del dinero en los casos de cohecho  a funcionarios y cómo se da, en la mayoría de los casos, la metodología y la operatoria para corromper a los funcionario en post de obtener algún negocio con el Estado. Ejemplificando con servilletas de papel, Raphael nos graficó cómo se utilizan consultoras y sociedades “flojitas de papeles” para trasladar dinero a paraísos fiscales y así empastar cualquier investigación patrimonial.

Asimismo, conversamos sobre la necesidad de no focalizar nuestra estrategia únicamente en el ámbito de la responsabilidad penal. Así nos alentó a hacer uso de otros mecanismos de responsabilidad (como el civil) y a utilizar las herramientas legales disponibles para congelar los bienes de los sospechosos de haber participado en casos de corrupción. Sin embargo, le planteamos las dificultades de llevar esto a cabo, no sólo por las reglas jurídicas de nuestro país sino también por la posible confrontación con el sistema de garantías procesales y el principio de inocencia.

Este intercambio nos alienta a volcarnos a acciones más creativas y alternativas contra el flagelo de la corrupción, el que no sólo pega duro por estas latitudes, sino que es bien fuerte y perspicaz allá por el norte.

Publicado por ACIJ

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Ley antilavado

La  cámara de diputados se apresta a aprobar una ley antilavado. Como lo venimos diciendo, los incentivos radican en la presión internacional ejercida por el GAFI y el temor a que el país sea incluido en la lista de los estados que amparan el dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y la evasión impositiva. Si ese contexto internacional no existiera, seguiríamos discutiendo por años, décadas y lustros sin que el Congreso se aboque a penalizar adecuadamente este tipo de situaciones.

Hay tres proyectos: uno del Frente para la Victoria, otro del denominado Grupo “A” y otro del Proyecto Sur. Seguramente, en el recinto -y dado que el oficialismo tiene un apuro muy concreto en esta oportunidad- deberán consensuar entre, al menos, el primer y el segundo espacio político. En los cuadros que se adjuntan presentamos los proyectos y se resumen las diferencias entre unos y otros.

Esperemos que los espacios políticos demuestren suficiente amplitud y generosidad para que la norma que se apruebe sirva para que el lavado se convierta en una actividad perseguida, en lugar de una permitida y fomentada como ocurre hasta ahora.

 

Proyectos

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En varios medios de comunicación se habla de un supuesto acuerdo que existiría en la Cámara de Diputados, para avanzar con la sanción de la ley “anti-lavado”. Este acuerdo se debería al inminente examen realizado a nuestro país por el Grupo de Acción Financiera Internacional. La ley serviría para cumplir algunos de los requisitos exigidos por el GAFI y necesarios para fortalecer la lucha contra el lavado de dinero. Entre estas medidas a tomarse, una de las más innovadoras (respecto de nuestro régimen actual) es la tipificación del lavado de activos como un delito autónomo, separado de aquel que origina esos bienes que luego son “lavados”.

Resulta lamentable que deba llegarse a esta situación de política internacional para que se tomen las medidas correspondientes, sin lugar a dudas. Pero al menos los legisladores consideran que ahora sí existe una razón para sancionar esta ley: no generarle a Argentina responsabilidad internacional.

Cuando la madre lo obliga a su hijo a que coma las verduras, en el fondo espera que el niño eventualmente entienda por su cuenta que ese alimento es bueno y necesario. Pero hasta que no entre en razón, habrá que imponérselo. Así, hasta que no haya en el Poder Legislativo (y en otros sectores públicos) una real voluntad de combatir la criminalidad económica, deberemos conformarnos con lo que se pueda obtener cada vez que los organismos internacionales nos tengan en la mira. Todo eso hasta que, eventualmente, se tome la decisión de cumplir todos aquellos tratados y convenciones (sumados al ordenamiento interno) en los que se ha puesto la firma.

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El año pasado, un grupo no menor de ONG`s especializadas en políticas anticorrupción y transparencia elaboramos una carta para los diputados, a fin de respaldar el proyecto D-1331-2009 y destacar sus bondades.

Desde este blog denunciamos la aparente falta de voluntad en orden a sacar este proyecto a flote, preguntándonos porqué un proyecto que en principio fue bien recibido y apoyado desde casi todos los bloques parlamentarios, de pronto aparecía demorado incluso a base de falta de quórum.

La semana pasada cuando, meses después, se reunió el plenario de las comisiones de Justicia y Legislación Penal de Diputados a tratar el proyecto, la mayoría del cuerpo decidió posponer el dictamen para dentro de dos semanas. ¿Las razones ahora? La aparente falta de consenso en cuanto a ciertos puntos del mismo. Volvemos a lo mismo.

En la misma sesión, se decidió postergar el tratamiento del proyecto que pretendía crear una Fiscalía Especial Anticorrupción, a fin de “mejorar su estructura para investigar y perseguir penalmente hechos de corrupción”.

Finalmente, llegó el turno de los proyectos de lavado de dinero. En noviembre se había acordado por todos los bloques que los tres proyectos existentes irían a consideración de un comité de expertos conformado en noviembre para considerarlos en conjunto en dos semanas.

Una vez resuelto el procedimiento por los presentes, hizo su aparición la diputada Elisa Carrió, que no pertenece a ninguna de las dos comisiones, quejándose por no haber sido invitada. Acto seguido reclamó que uno de los proyectos es de su bancada y no tiene representación en el comité de expertos, aunque reconociendo que su experto convocado nunca asistió a las reuniones. Al final, luego de desautorizar a quien presidía la sesión, el diputado Vega, generó una serie de discusiones, desarmó todo y se fue. Todo en siete minutos.

Hecha la tarea (¿misión cumplida?) nos vemos en dos semanas… o quizás no haya quórum.

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Ya habíamos hablado de la resolución que sacó la UIF (Unidad de Información Financiera) sobre personas expuestas políticamente. Para continuar con los avances, el último día de enero fue publicada en el boletín oficial la resolución 30/2011, titulada “Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Medidas y procedimientos de prevención”.

Mediante esta nueva resolución, la UIF busca definir las medidas y procedimientos que deberán cumplir las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros, con el fin de prevenir, detectar y reportar los hechos, actos, omisiones u operaciones que puedan provenir o estar vinculados a la comisión de los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo.

Los sujetos obligados a realizar los reportes son las personas jurídicas que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $50.000 (ya sea en un solo aporte o en varios que en total alcancen esa cantidad en un período no mayor a 30 días). También se incluye aquí a las corporaciones que no tengan el carácter de personas jurídicas, pero se les donare dinero con el fin de fundarlas.

Para actuar acorde a la normativa vigente (lo cual incluye también a la internacional, por supuesto), estos sujetos deberán, entre otras cosas, elaborar manuales que contengan los mecanismos y procedimientos para la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, teniendo en cuenta las particularidades de su actividad. Deberán además capacitar a su personal y designar un Oficial de Cumplimiento, junto con otras medidas.

De manera muy sensata, la UIF extrema las precauciones en aquellos sujetos obligados por los cuales transiten mayores caudales de dinero. Así, prevé la existencia de una auditoría interna anual para los sujetos obligados que reciban donaciones o aportes por montos que superen los $500.000 en un año calendario, para verificar el correcto cumplimiento de los procedimientos y medidas que deben tomarse.

Con esta lista de medidas y varias más, la UIF busca avanzar en la lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. Si quienes encuadran como sujetos obligados hacen su parte, entonces podremos empezar a ver logros en la materia. Desde aquí consideramos que una pata fundamental para la lucha contra el blanqueo de capitales es la prevención del delito. La actuación de la UIF y de otros organismos de control del sistema financiero en este sentido es fundamental a fin de evitar que el sistema sea permeable a la circulación de estos bienes de origen espurio.

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