Renovación de la Auditoría Porteña: impugnaciones y audiencia pública

La Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) es el órgano de control externo de la Ciudad, “dedicado a medir resultados y a promover la mejora de la calidad de la gestión pública, contribuyendo a alcanzar una sólida cultura de rendición de cuentas y resultados, a facilitar la toma de decisiones legislativas y a orientar la gestión fortaleciendo los principios republicanos” (ver portal Web de la AGCBA)

Tras haberse cumplido el mandato de los actuales auditores generales (ver composición actual), la Legislatura de la Ciudad deberá designar –por mayoría absoluta- a los siete nuevos miembros del órgano de control, entre una lista de candidatos propuestos por los partidos políticos. La integración deberá respetar la proporcionalidad parlamentaria y la Presidencia deberá quedar a cargo del partido opositor con mayor representación (art. 136 CCABA). Previo a ello, la Constitución de la Ciudad prevé una audiencia pública con la participación de los candidatos, a fin de que los legisladores consideren su idoneidad y las impugnaciones que se hubieran formulado. En consecuencia, la Legislatura resolvió abrir la etapa para la presentación de impugnaciones hasta el próximo miércoles 26 de octubre y convocar la audiencia para el 8 de noviembre (ver resolución).

Desde ACIJ venimos sosteniendo la necesidad de implementar mecanismos de designación que garanticen la independencia de los órganos de control y la idoneidad de sus miembros (ver, por ejemplo, acá y acá) para evitar que sean mal utilizados con fines políticos y cumplan con eficiencia la importante tarea que deben desempeñar.

En ese sentido, celebramos la existencia de instancias de participación previo a la designación de los Auditores Generales. Por un lado, contribuyen a transparentar el proceso y a acercar a la ciudadanía al debate sobre los asuntos públicos. Por otro, constituyen una valiosa herramienta para reunir mayor información sobre los candidatos antes de la decisión.

Sin embargo, no podemos dejar de señalar algunas deficiencias del procedimiento, que pueden frustrar los fines de la audiencia pública, que corre el riesgo de ser un mero trámite formal para otorgar un viso de legalidad a una decisión ya tomada.

Particularmente, la falta de publicidad de la convocatoria y de la información relevante sobre los candidatos es alarmante. La ley 6 dela CABA apenas exige que el llamado sea publicado por edictos (y durante sólo dos días) y que los curriculums de los candidatos estén disponibles en una dependencia dela Legislatura por cinco días para ser consultados. Durante ese breve tiempo pueden presentarse impugnaciones.

Bajo este esquema de mínima difusión, es poco esperable una gran participación y debate en torno a la idoneidad e independencia de quienes estarán encargados de controlar el correcto uso de los recursos públicos en la Ciudad. Los requisitos que se exigen para participar son desalentadores: los interesados deben hacer un esfuerzo para enterarse, luego para ir en persona en horario laboral ala Legislatura a consultar un expediente con los antecedentes de los candidatos, y luego elaborar observaciones para presentar por escrito en un plazo exiguo de cinco días (recordemos que sólo pueden participar de la audiencia pública quienes hubieran hecho impugnaciones por escrito).

Para que esta instancia de participación cumpla con sus fines, es necesario que se adopten al menos algunos recaudos mínimos: a) difusión activa de la convocatoria –a través de Internet, correo electrónico, notas y gacetillas- entre la ciudadanía y especialmente entre el público potencialmente interesado, como académicos, gremios, colegios profesionales, ONG’s y periodistas, y b) puesta a disposición de los curriculums e información relevante sobre los candidatos en medios accesibles (por lo menos, en el sitio Web dela Legislatura).

No obstante los condicionamientos, desde ACIJ los invitamos a participar compartiendo información sobre los candidatos, particularmente respecto de su idoneidad para el cargo y sobre la existencia de posibles conflictos de interés. Abajo encontrarán la lista y los curriculums de cada uno, que hemos conseguido y escaneado.

También podrán descargar el formulario de impugnación, el cual debe ser entregado en la Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana antes del miércoles 26 de octubre. Asimismo, quienes tengan información relevante pueden dejar comentarios en esta entrada o hacérnosla llegar a jortiz@acij.org.ar.

Candidatos:

Bloque Pro

Santiago de Estrada

Alejandro G. Fernández

Juan Carlos Toso

Manuela Linari

Clodomiro E. Risau

Marcela Basterra

Florencia Scavino

Raquel V. Munt

Daniela Reich

María Fernanda Inza

María V. Marcó

Bloque Frente para la Victoria

Luana Volnovich

Cecilia Segura Rattagan

Eduardo Epszteyn

Martín Olmos

Adriano Jaichenco

Gonzalo Ruanova

Bloque Proyecto Sur

Marcelo Parrilli

Pablo Sanseverino
Bloque Coalición Cívica

Paula Mariana Oliveto Lago

Bloque UCR

Cristina Guevara

Antonio Héctor Deluca

 

Publicado por ACIJ

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Nos quieren hacer bailar otro Tango

Leímos estos días que el Ministro de Hacienda de la Ciudad, Néstor Grindetti, declaró “Este fin de semana definiremos un consorcio de bancos, a los que les adjudicaremos la emisión”, en relación al nuevo endeudamiento en el que el actual gobierno porteño incurrirá para hacer frente a obras de infraestructura y servicios de deuda pública.

Como ya lo comentamos en innumerable cantidad de post, el año pasado el gobierno de Mauricio Macri endeudó a la ciudad por U$S 475 millones para la extensión del subterráneo. Sin embargo, sabemos que las obras en cuestión –al momento de la toma de la deuda- ni siquiera estaban licitadas y que el consorcio Credit Suisse – KBR que oportunamente tuvo a su cargo la colocación de la deuda fue cuestionado por las altas comisiones percibidas y la participación de Edgardo Srodek, persona allegada a funcionarios del Gobierno local. Por estas razones, la emisión de la serie 8 del Bono Tango está siendo investigada por la justicia en función de la denuncia realizada por ACIJ.

Lo cierto es que ahora, aprovechando el resultado de la primera vuelta electoral, el gobierno busca nuevamente salir al tenso y volátil mercado de capitales internacional. El objetivo es ir por fondos frescos para enfrentar las promesas de obra pública y hacer frente a las altas tasas de interés pactadas con los acreedores del Bono Tango serie 8.

Pero hoy nos queremos referir a la frase citada del ministro mencionado. Durante el fin de semana, vaya a saber en el marco de qué evento social o reunión de campaña (porque recuerden que la campaña electoral sigue) se tomó la importante decisión de determinar qué bancos se harán cargo de colocar el nuevo título de deuda que emitirá la CABA. Los elegidos fueron Barclays, Citi y BTG Pactual, tal como lo informa La Política Online.

Sin embargo nos atrevemos a preguntar ¿en qué reunión transparente habrá podido elegirse la mejor oferta para darle luz verde a la operación? ¿Quiénes se sentaron en la mesa chica a discutir esto? No lo sabremos. Lo que sí presumimos es que la decisión no se tomó en los despachos de la Jefatura de Gobierno ni del Ministerio de Hacienda, con ofertas y expedientes a la vista, con la posibilidad de que todos los interesados pudieran acceder. Nos restar decir que los jugadores del partido del fin de semana son los mismos que intervinieron el año pasado con la serie 8: mismos funcionarios que eligen y eligieron, mismos bancos que ofertan y ofertaron, misma normativa y misma discrecionalidad. Lo único distinto es el consorcio ganador, la posibilidad de que la Legislatura tenga una voz más fuerte a la hora de dar el visto bueno y las tasas de interés que se pactarán. ¿Puede ser que algo haya cambiado? ¿O que gracias al escándalo del pasado año algo esté en proceso de cambio?

Cierto es que la Legislatura deberá aprobar la elección de las entidades financieras elegidas y limitar la discrecionalidad que las normas jurídicas le acuerdan a ejecutivo porteño para decidir sobre estos temas. Esperamos que le Legislatura cumpla su rol y que los legisladores que se han involucrado en el tema, cumplan con su palabra y controlen.

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Bonos Tango en la Legislatura

La denuncia que efectuamos por la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango generó mucho ruido. En los medios, entre los especialistas y en otras organizaciones. Finalmente ese rumor llegó a la Legislatura.

El eco se hizo sentir en la propia sesión del jueves 3 de marzo pasado. Se discutía el presupuesto de la Ciudad, cuando saltó el escándalo del endeudamiento del año 2010 y la contratación de la consultora KBR (dirigida por un amigo del PRO, Edgardo Srodek) se coló en el debate

La historia del ruido legislativo comenzó en diciembre del año pasado, cuando se aprestaban a darle trámite al presupuesto para el año 2011. En ese momento desde ACIJ les enviamos cartas a todos los legisladores porteños haciéndoles saber de todas las irregularidades que habíamos descubierto y habíamos denunciado ante la justicia.

También les advertimos que en caso de que aprobasen junto con el presupuesto un nuevo endeudamiento para el gobierno de Macri, era necesario que se tomasen los recaudos necesarios para que no se volviesen a repetir las groseras anomalías que habíamos detectado en la emisión de la serie 8. Entre las sugerencias incluimos que determinaran legislativamente: tipo de operación, monto, destino exclusivo, procedimiento para llevar adelante la contratación pública (licitación o concurso público), tasa de interés, plazo de rescate, intervención del Banco de la Ciudad de Buenos Aires y eventualmente, si éste no tuviera capacidad técnica para realizar la operación, características generales que debe reunir el operador financiero a contratar –sujeto al control del banco oficial-, comisiones máximas que se le podrían llegar a pagar, deber del Ministro de Hacienda y/o del Director de Crédito Público de informar personalmente y por escrito el trámite y resultado de la operación ante la Comisión de Presupuesto y Hacienda y ante el pleno.

En función de que en diciembre no se lograron los votos necesarios para aprobar la llamada “ley de leyes”, reiteramos nuestra inquietud en febrero, instando a los legisladores a que por los canales institucionales ejerzan un control efectivo y oportuno de la actividad financiera de la Ciudad y de la ejecución presupuestaria. Máxime teniendo en cuenta que los recursos obtenidos por la emisión de la serie 8 de los Bonos Tango no habían sido aplicados tal cual se había previsto en las leyes autorizantes.

Y esta vez los diputados nos leyeron y escucharon.

Muchos nos contestaron. Llamaron, enviaron mails, incluso nos respondieron por carta. Finalmente, con varios nos reunimos personalmente.

Por ejemplo, Rocío Sánchez Andía nos hizo llegar valiosa información para nuestra investigación, que próximamente pondremos en conocimiento de la Fiscalía que investiga el caso. Asimismo, nos entrevistamos con el legislador Jorge Selser, miembro de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a quien le manifestamos nuestra preocupación ante la eventualidad de un nuevo endeudamiento. Lo propio hicimos con el legislador Aníbal Ibarra. Ambos se comprometieron a incluir el tema en los debates parlamentarios.

Los resultados de la sesión 3 de marzo pasado parecen auspiciosos. Esperamos que los diputados porteños asuman su rol de contralor de la actividad del gobierno y actuando con prudencia y sentido común, no levanten la mano sin más cuando deban aprobar un próximo endeudamiento de la Ciudad y pongan un límite a la discrecionalidad financiera con la que suelen manejarse los ejecutivos.

 

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Transparencia, Policía Metropolitana y un deseo para el año que comienza.

Por Diego Martínez, director del área de Justicia de Poder Ciudadano.

¿Cómo hace una gestión de gobierno para crear una policía desde cero? Quizá ninguno de nosotros sabría bien por donde empezar pero creo que coincidiríamos pronto en que la manera en la que se elige el recurso humano es bastante importante. Quiénes van a ser esos hombres y mujeres de uniforme que van a intervenir si al hijo de nuestro vecino lo golpea un patovica en la puerta de un boliche, van a indicar una dirección a uno de los tantos turistas que visitan nuestra capital, van a controlar a los vendedores ambulantes de la peatonal Florida o van a ejecutar una orden de desalojo. Y quiénes serán sus jefes, los que van a impartir órdenes y a vigilar que sus subordinados cumplan con la ley.
Hace unos días, en Poder Ciudadano tuvimos oportunidad de leer el Informe de la Comisión Especial de la Legislatura que investigó la creación de la Policía Metropolitana y el affaire de las escuchas ilegales. La presidencia de la comisión facilitó un borrador a varias organizaciones de la sociedad civil para conocer su opinión. Nosotros hicimos nuestras observaciones y comentarios, que se agregaron luego a la versión final. El informe puede verse aquí.
No nos ocupamos de los hechos que se ventilan en la causa penal que está en manos de Oyarbide ni opinamos sobre la responsabilidad de los funcionarios mencionados en el informe. Señalamos, en cambio, algunas deficiencias en la implementación de las políticas relacionadas con la creación de la policía y efectuamos recomendaciones orientadas a reforzar la transparencia de la gestión.
Uno de los principales problemas de los que da cuenta el informe es la alegre discrecionalidad con la que fueron seleccionados los integrantes de la flamante fuerza. No se usaron parámetros de evaluación uniformes, la información solicitada a los aspirantes fue escasa y la indagación en los antecedentes disciplinarios o penales fue pobre o nula. Además, no hay antecedentes sobre la realización de evaluaciones psicofísicas o controles sobre posibles conflictos de interés.
El problema se presentó con todos los aspirantes a ingresar a la PM pero es especialmente relevante respecto de aquellos que provienen de otras fuerzas de seguridad. Tengamos en cuenta que es la Ley de Seguridad Pública de la Ciudad (Ley 2894) la que define los requerimientos y las limitaciones para quienes aspiran a ingresar a la PM. Esta ley establece una amplia gama de requisitos de idoneidad y calificación profesional para los candidatos (muchos de los cuales no parecen haber sido verificados por las autoridades que efectuaron el reclutamiento). Pero como su redacción es confusa no queda claro si esas exigencias son igualmente aplicables a aquellos que provienen, por ejemplo, de la Policía Federal o la Gendarmería. Así, allí donde tendría más sentido verificar que los aspirantes no tengan antecedentes por actos de fuerza contra el orden institucional, violaciones a los derechos humanos o sanciones penales o disciplinarias, la ley no aclara si es necesario hacer ese control.
Sería conveniente mejorar este marco jurídico. Pero aun a falta de una reforma, alcanzaría con que las autoridades del ejecutivo metropolitano mostraran voluntad política para aplicar criterios de selección basados en principios de eficiencia y transparencia y en parámetros objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud. La adopción de un protocolo de incorporación, la realización de concursos y la evaluación exhaustiva de antecedentes resultarían de mucha utilidad.
Tan importantes como las políticas de reclutamiento son los controles a los funcionarios elegidos. Conviene recordar que la actividad de la Policía Metropolitana podría haber estado monitoreada por el Comité de Seguimiento de Seguridad Pública -integrado por miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y de la Defensoría del Pueblo- que creaba la Ley 3064. Pero Mauricio Macri vetó esa ley.
Este segundo problema se conecta directamente con una profunda carencia institucional del gobierno metropolitano: la falta de una Ley de ética en la función pública. Si existiera un instrumento legal que fijara estándares de conducta claros y uniformes para la generalidad de los miembros administración de la ciudad y regulara la declaración de los posibles conflictos de intereses el control de los funcionarios policiales se vería reforzado. De los doce proyectos de ley que se encontraban en danza en la Legislatura, algunos ya perdieron estado parlamentario. En la actualidad la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura trabaja para unificar algunos de esos proyectos en un texto común (Poder Ciudadano monitorea el proceso, así que seguiremos informando).
Ojalá durante el próximo periodo parlamentario los avatares de la contienda electoral –que usualmente dificultan los consensos y ralentizan la actividad de las oficinas públicas- dejen algún resquicio para elevar los estándares de ética pública en la Ciudad de Buenos Aires. Un pequeño deseo para el año que comienza.

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