En uno de los diarios, la nota se intitula “Menem, cada vez más comprometido con la justicia”. Qué bueno leer esto. Qué orgullo se siente al vivir en un país donde los ex presidentes se siguen comprometiendo con la República, bregando por una buena administración de justicia. Qué placer. Qué altura. Qué…qué error. La nota en realidad se llama “Menem, cada vez más comprometido en la justicia”. Esto es: un funcionario involucrado en una causa de corrupción. Qué novedad…
La causa en cuestión es la nº 10039/01: “Thales Spectrum de Argentina y otros s/ delito de acción pública”. Aquí se investiga qué fue lo que ocurrió durante el gobierno de Menem con la privatización de la explotación del espacio radioeléctrico, encargando su administración a la empresa Thales Spectrum. La concesión se otorgó en 1997, por el plazo de 20 años y un canon de 500 millones de pesos. Finalmente Néstor Kirchner, en su presidencia, anuló la concesión alegando un incumplimiento contractual.
Oyarbide fue el juez encargado de investigar si existieron irregularidades en este proceso. Con la prueba recogida, y juzgando que la empresa no cumplió con condiciones del pliego ni tampoco fue controlada por quienes debían, el año pasado decidió procesar al ex presidente por el delito de defraudación por administración infiel agravada, por ser en perjuicio de una administración pública. Además, le trabó un embargo de 200 millones de pesos. Asimismo, procesó al ex Secretario de Comunicaciones Germán Kammerath, y a otros funcionarios que fueron miembros de la Comisión Nacional de Comunicaciones.
Esta causa fue noticia en los diarios durante los últimos días por una resolución desfavorable al ex presidente. La sucesión de hechos fue así: el abogado de Menem, Pedro Baldi, formuló un planteo de prescripción de la causa, sosteniendo que el ex presidente ya no podía ser juzgado por el tiempo que había pasado. Oyarbide rechazó este planteo, y la Cámara de Apelaciones opinó en igual sentido. Ahora, Baldi presentó un recurso de casación; lo que se busca con esto es que esta última decisión de la Cámara de Apelaciones sea revisada por la de Casación. Pero aquélla consideró inadmisible el recurso presentado, dado que la resolución que se cuestiona no es una sentencia definitiva o equiparable por sus efectos (y esto es lo que exige el Código de Procedimientos para habilitar la vía de casación).
Ante esto, la defensa de Menem prevé aprovechar las infinitas posibilidades de apelación que proporciona nuestro sistema procesal, y recurrir en queja directamente ante el tribunal de Casación. Sin embargo, mientras esto ocurra la causa seguirá encaminada hacia el juicio oral y público, el cual esperamos que se realice lo antes posible. Si efectivamente el incumplimiento de ese contrato de concesión fue de casi un 67% -como investigó la justicia-, esto implicaría que el Estado ha perdido más de 670 millones de pesos. Que el caso Alsogaray sirva como precedente para empezar a recuperar lo que nos han robado.
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