Señores, se termina el horario de visitas!

En el proceso de revisión de la Convención de la ONU contra la Corrupción, Argentina es la única que pidió que no se haga visita de los evaluadores.

Como venimos diciendo, Argentina está siendo evaluada en el marco del proceso de seguimiento de la Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, tal como fuera dispuesto por la última Conferencia de los Estados Partes. De los países que informaron sobre el procedimiento que realizaron para que los evaluadores tengan acceso a la información necesaria para emitir sus reportes, solamente el nuestro pidió hacerlo en una reunión en la sede de la Oficina de Naciones Unidas contra el Crimen Organizado en Viena.

En cambio, los otros 13 estados evaluados aceptaron que se realice una visita de campo para que quienes realizan el monitoreo lo hagan teniendo encuentros con otros actores (legisladores, periodistas, ONGs, entre otros). De esta manera, la evaluación se realiza teniendo en cuenta diferentes perspectivas pero, sobre todo, una información más extensa, y por lo tanto, más rica. Aunque, no vamos a negarlo: es claro que los gobiernos quieren presentar a los expertos extranjeros una visión positiva de los avances efectuados y un recorte de la información.

El hecho de que Argentina haya sido el único país -de los que se sabe hasta ahora- que evitó la visita de los expertos internacionales de Panamá y Singapur muestra la postura actual de nuestro estado sobre la materia. Lo hemos dicho pero lo reiteramos: poco a poco se van perdiendo los avances obtenidos hasta ahora. La Oficina Anticorrupción –referente gubernamental de este proceso de monitoreo- ha dejado de tener un rol relevante -tanto en materia sancionatoria como preventiva-: cada vez se rechazan más pedidos de información pública, se incrementan las áreas de gobierno en las cuales no hay transparencia (por ejemplo, en temas de subsidios), se dejaron de publicar actualizaciones de los registros de audiencia de interés, entre otros hitos. Todo esto demuestra una tendencia oficial a trabajar en pos de la transparencia y anticorrupción.

La circunstancia de que el país no haya sido seleccionado entre los 75 estados que serán parte de la Iniciativa de Gobiernos Abiertos también habla a las claras de las manifiestas deficiencias que tenemos en estas materias.

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Atando cabos

El 20 de mayo de 2008 no fue un día que pasó desapercibido para CIPCE y ACIJ. En esa fecha, el –en ese entonces- juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid fallaba en la causa nº 11.645/04 “Secretaría de Transportes de la Nación y otros s/delito de acción pública”, negándonos el acceso a las actuaciones. Pero lo curioso fue el contenido del fallo: luego de rechazar nuestro pedido con argumentos que dejaban en claro su (des)conocimiento del derecho aplicable, sintió la necesidad de “dejar sentada una observación muy personal”.
No viene nada mal recordar esa observación:
“Dada mi experiencia en el trato con las organizaciones como las que representan los señores letrados peticionantes, considero que las mismas pretenden constituirse en una suerte de “controladores” de la actividad de los jueces (sólo requieren intervenir en causas particularmente notorias; luego solicitan acceder a nuestras declaraciones juradas patrimoniales; y en ocasiones promueven investigaciones contra los jueces, que ellos entienden que han obrado mal, ante el Consejo de la Magistratura); con lo cual entiendo que se desnaturaliza absolutamente el sistema procesal y aún la independencia judicial. Los controles jurisdiccionales de los jueces de primera instancia, son las cámaras de apelaciones, no particulares que representan organizaciones de dudosa representatividad (valga el juego de palabras). De lo contrario, es decir si aceptamos la intervención en el proceso de terceros que luego denuncian –porque ya están legitimados- a los jueces por sus actos en esos mismos procesos, llegaríamos al ridículo que resultaría más económico para el Estado (o más sencillo si se quiere), que sean estos “auditores” quienes se encarguen del trámite de las causas según su justo parecer. Si estas asociaciones realmente se preocuparan por la igualdad y la justicia, deberían interesarse por los más de 1000 sumarios que en sólo 15 días ingresan a este Juzgado durante el turno con las fuerzas de seguridad; las cuales unidas a las aproximadamente 500 causas ya en trámite, saturan, absolutamente los recursos con que cuenta un Tribunal como el que tengo a cargo”

Fue sorprendente leer aquellas palabras nacidas de lo más profundo del pensamiento de SS. ¿Por qué podría molestarle a un magistrado que la sociedad civil tome conocimiento de su desempeño en casos de manifiesto interés general? ¿Por qué tanta necesidad de mantener su accionar lo más reservado posible, sabiendo que el secreto suele ser el mejor aliado de la impunidad?

El 1 de febrero de 2011 tampoco fue un día que pasó desapercibido para CIPCE y ACIJ. Ésa fue la fecha en la que la Justicia allanó el estudio del ahora abogado Octavio Aráoz de Lamadrid. El allanamiento –acompañado de una requisa personal- se debió a una denuncia por tráfico de influencia, según la cual Aráoz de Lamadrid habría intentado “comprar” a un camarista de Casación que debía definir la excarcelación de Armando Uño, uno de los siete detenidos por el crimen de Mariano Ferreyra.
Si la denuncia resulta ser cierta, por lo menos sabremos qué tipo de razones llevaron Aráoz de Lamadrid a luchar contra la publicidad de los actos de los magistrados, tres años atrás.

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