Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts etiquetados ‘Nota de Opinión’

Compartimos a continuación esta nota de opinión de Luis Villanueva, editor de este blog y coordinador del programa Acción Ciudadana y Lucha contra la Corrupción de ACIJ, publicada en La Política Online

El tiempo aliado de la impunidad

En la causa por la venta de armas a Croacia y Ecuador por la que fue absuelto Carlos Menem, el Poder Judicial se mostró incompetente para averiguar sobre la existencia de un delito y la atribución de responsabilidades en consecuencia.

El reciente fallo del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3 es imposible de analizar sin conocer sus fundamentos. Los mismos se harán públicos recién el 7 de noviembre. Sin embargo, la resolución del caso nos permite sacar algunas conclusiones.

La primera y más evidente, es que 16 años de trámite para determinar que el hecho no tuvo por responsables a ninguna de las personas llevadas a juicio, es un tiempo inadmisible para cualquier noción de justicia. Es elocuente el hecho que el Tribunal haya demorado tres años la realización del juicio, y no menos gráfico que los fundamentos se conozcan dos meses después del veredicto.

Lo segundo, es que, una vez más, en casos de cierta complejidad (donde están en juego factores políticos o económicos) el Poder Judicial se mostró incompetente para averiguar sobre la existencia de un delito y la atribución de responsabilidades en consecuencia.

Por último, este fallo contextualizado en un año donde han proliferado los casos de corrupción con sentencias “negativas” (prescripciones, archivos), trasmite a la sociedad un mensaje sumamente pesimista. Resumiendo: para los delitos de poder está consagrada la impunidad.

Lo cierto es que en lo que va de 2010, Carlos Menem logró sacarse de encima dos causas pesadas. Una, por la venta del predio de Palermo a la Sociedad Rural (se dictó la prescripción de la acción penal por violación a la garantía del plazo razonable).

En este caso se investigaba la venta del predio que ocupa la Sociedad Rural Argentina por un valor de 30 millones de dólares cuando los peritos de los bancos Ciudad de Buenos Aires e Hipotecario determinaron que el valor de base del mismo era de 131.800.000. O sea, el perjuicio al patrimonio público, fue de u$s 101.800.000.

Ayer se resolvió la otra que más preocupaba al ex presidente. Sólo que en este caso, el patrimonio de todos no fue el único bien afectado. En este caso, la credibilidad de un Estado que se decía neutrales (incluso garante de la paz) en una guerra entre países hermanos también terminó conmovida.

Para peor, sabemos que las explosiones que en 1995 destruyeron parte de la planta de Río Tercero obedecieron a atentado destinado a ocultar prueba. Siete muertos y decenas de personas afectadas fue el saldo.

La corrupción quita recursos que debieran ser destinados al pueblo, beneficia a algunos pocos privilegiados, deteriora la confianza pública y a veces mata. Sin embargo, nada de todo esto parece hacer despertar los responsables de que esto cambie y nos acostumbrando a ver como la justicia se aplica con rigor a algunos y es sumamente concesiva con otros.

Publicado por ACIJ

Read Full Post »

Nota de opinión de Ezequiel Nino en La Nación

Cualquier persona que no pertenezca a un partido político y que se enfrente en cada oportunidad electoral al voto con genuino ánimo de valorar las fortalezas y debilidades de una determinada administración pública y de las propuestas de los espacios opositores se encontrará con un desafío de evidente complejidad. ¿Por qué es tan difícil para un ciudadano que afronta con seriedad su compromiso cívico tomar una decisión?

Algunos recordarán que, durante la primavera democrática de la década del 80, los partidos políticos publicaban sus plataformas electorales en diarios de circulación nacional y las entregaban en mesas en las que también ofrecían las boletas de los candidatos. Actualmente, sólo reparten estas últimas, junto con unos coloridos panfletos.

La falta de propuestas concretas con las que nos encontramos y, sobre todo, la falta de conciencia cívica sobre la relevancia de poder contar con ellas para evaluarlas en ese momento y efectuar luego un control ciudadano durante la gestión de quien gane las elecciones, es una clara deficiencia de nuestro sistema democrático. El control ciudadano de gobierno es la savia de la democracia. Si los gobernantes no perciben el ojo de sus representados detrás de ellos, se convierten en sus directivos, y aquellos que procuran en la función pública sus beneficios personales tienen la posibilidad de moverse libremente en ese sendero.

A diferencia de lo que se suele decir, en nuestro país no escasea la participación ciudadana, sino que está mal dirigida. Cualquier repaso a los foros de los sitios informativos de Internet revela la enorme cantidad de tiempo que se utiliza para opinar sobre hechos políticos. Parte de esa energía podría ser mejor dirigida si hubiera mejor información pública y existieran los mecanismos para realizar un esfuerzo de monitoreo colectivo.

Hoy, no sólo no contamos con aquellas viejas plataformas electorales, sino que tampoco utilizamos las posibilidades que nos otorgan las nuevas tecnologías. Muchos países están implementando plataformas informativas de datos abiertos de acceso público con información completa y accesible a cualquier ciudadano. Además, está en plena conformación la Alianza de Gobiernos Abiertos, que tiene un comité integrado por Brasil, Estados Unidos, Indonesia, México, Sudáfrica, Reino Unido, Filipinas y Noruega. Esta iniciativa está pensada como un esfuerzo para hacer que los gobiernos sean más transparentes, efectivos y que rindan mejores cuentas. Sin embargo, pese a que actualmente se encuentran participando más de setenta países, la Argentina no ha cumplido con los requisitos mínimos exigidos para ser parte de ella.

Es necesario que se adopten decisiones políticas trascendentes que marquen el camino de la transparencia. Sin ella, se vuelve muy difícil y costoso el camino de la participación. Pero una vez que se tomen las medidas adecuadas, las posibilidades son enormes, pues las actividades se potenciarían exponencialmente con las herramientas tecnológicas disponibles en la actualidad. Además -muy importante-, la calidad del voto aumentaría sustantivamente.

Publicado por ACIJ

Read Full Post »

En “Argentinismos”, su último libro, Martín Caparrós desarrolla una idea sobre la cual -hace un tiempo ya- había escrito en el desaparecido diario Crítica.      

Según el autor muchas veces periodistas, ciudadanos y  políticos muchas veces caen en el error de creer que todos los males dela Argentinacontemporánea son producto de la corrupción en general y de la corrupción de los políticos en particular.

Por esa misma razón, a la hora de votar, los ciudadanos debiéramos valorar otras líneas de pensamiento y decisiones políticas más transcendentes y definitorias.

La idea abre un debate interesante, donde aún en este espacio, hay opiniones divergentes. En tiempos electorales como este, vale la pena reproducir aquellas líneas de Caparrós publicadas en Crítica.    

 

Honestismo

Por Martín Caparrós
 

Hoy querría –por una vez y sin que sirva de precedente– que me entendieran. He hablado últimamente de “honestismo”; he notado, en ciertas respuestas y comentarios, que no supe explicarlo. Martín Caparrós.

– Qué novedad, Caparrós. ¿No es lo que le pasa siempre?

Supongo, y por eso insisto: llamé honestismo a esa idea tan difundida según la cual –casi– todos los males de la Argentina contemporánea son producto de la corrupción en general y de la corrupción de los políticos en particular. El honestismo es un producto de los noventa, ante el despliegue de corrupción menemista, y fue alentada por cierto periodismo –el más valiente– que trató de mostrarla. Fue un éxito: la sociedad se escandalizó ante esos errores y excesos y no miró los cambios estructurales, decisivos, que el menemismo estaba produciendo en la Argentina. Fue tal el éxito que permitió el surgimiento y apogeo de una de las fuerzas políticas más aberrantes de nuestra historia de fuerzas aberrantes: ese consorcio entre el conservadurismo católico de De la Rúa y el progresismo acomodaticio de Álvarez que recordamos –poco– bajo el nombre de Alianza.

Ahora la furia honestista se mantiene y permite que muchas de las campañas políticas actuales se basen en ella, y muchos políticos la aprovechen para centrar su discurso en la denuncia de la corrupción y dejar de lado definiciones políticas, sociales, económicas. O, como decía aquí mismo el otro día: “El honestismo es la tristeza más insistente de la democracia argentina: la idea de que cualquier análisis debe basarse en la pregunta criminal: quiénes roban, quiénes no roban. Como si no pudiéramos pensar más allá…”.

–¿Y usted qué prefiere, Caparrós? ¿Que roben? Usted debe de ser de esos que dicen “que roben pero que hagan”.

Me lo han dicho varios y me sorprende: yo jamás dije –ni pensé– tal pavada. Yo digo que la honestidad es el grado cero de la actuación política y que por supuesto hay que exigirle a cualquier político –como a cualquier empresario, ingeniero, maestra, domador de pulgas– que sea honesto. Que, por supuesto, la mayoría de los políticos argentinos no lo parecen. Que, por supuesto, es necesario conseguir que lo sean. Pero que eso, en política, no alcanza para nada: que un político sea honesto no define en absoluto su línea política. Por eso digo que la honestidad es –o debería ser– un dato menor: el mínimo común denominador a partir del cual hay que empezar a preguntarse qué política propone y aplica cada cual.

–¿Y entonces qué problema se hace, Caparrós? Si usted también quiere que sean honestos, por qué dice esas cosas…

Porque creo que hay muchos que siguen currando con eso de la honestidad: con la denuncia, con los prontuarios ajenos, con la promesa propia. Y, con eso, clausuran el debate sobre el poder, la riqueza, las clases sociales: acá lo que necesitamos son gobernantes honestos, dicen, y la honestidad no es de izquierda ni de derecha. La honestidad quizá no, pero los honestos seguro que sí. Se puede ser muy honestamente de izquierda y muy honestamente de derecha, y ahí va a estar la diferencia. Quien administre muy honestamente en favor de los que tienen menos –dedicando honestamente el dinero público a mejorar hospitales y escuelas– será más de izquierda; quien administre muy honestamente en favor de los que tienen más –dedicando honestamente el dinero público a mejorar autopistas, parkings, teatros de ópera– será más de derecha. Quien disponga muy honestamente cobrar más impuestos a las ganancias y menos IVA sobre el pan y la leche será más de izquierda; quien disponga muy honestamente no cobrar impuestos a las actividades financieras y sí al trabajo asalariado será más de derecha. Quien decida muy honestamente facilitar el uso de anticonceptivos será más de izquierda; quien decida muy honestamente acatar las prohibiciones eclesiásticas será más de derecha. Quien decida muy honestamente educar a los chicos pobres para sacarlos de la calle será más de izquierda; quien decida muy honestamente llenar esas calles de policías y de armas será más de derecha. Y sus gobiernos, tan honesto el uno como el otro, serán radicalmente diferentes. Digo, en síntesis: la honestidad –y la voluntad y la capacidad y la eficacia–, cuando existen, actúan, forzosamente, con un programa de izquierda o de derecha.

–Sí, todo bien, pero si los políticos no robaran, muchas cosas serían mejores. La salud y la educación serían mejores, por ejemplo.

Me han dicho varios lectores, y es el argumento clásico del honestismo progre y yo digo que sí, que un poquito mejores. Pero lo que define la salud o la educación argentinas no es que quienes tienen que organizar sus prestaciones públicas se roben un 10, un 20, un 30 por ciento del dinero destinado a ellas; lo que las define es que –gracias a la dictadura militar y sus continuadores democráticos– los argentinos que pueden hacerlo compran salud y educación privadas, y dejan a los pobres esa educación y esa salud públicas que los políticos corroen. O sea: si este mismo sistema estuviera administrado sin la menor fisura, habría –supongamos– un tercio más de recursos para hospitales y escuelas, y los pobres tendrían un poco más de gasa y un poco más de vacunas y un poco más de tiza –y los ricos seguirían teniendo tomógrafos y bypasses al toque y computadoras en el aula. Quiero decir: si todos los políticos fueran honestos, todavía tendríamos que tomar las decisiones básicas: en este caso, por ejemplo, si queremos que haya educación y salud de primera y de segunda, o no. Si queremos que un rico tenga muchísimas más posibilidades de sobrevivir a un infarto que un pobre, o no. Si pensamos que saber matemáticas es el derecho de los hijos de los que ganan más de cuatro lucas, o no.

Pero muchos políticos –y muchos ciudadanos– evitan discutirlo y hablan de la corrupción, que es más fácil y es decir casi nada: ¿quién va a proclamar que está a favor del cáncer? El honestismo es la forma de no pensar en ciertas cosas, un modo parlanchín de callarse la boca. O, para decirlo como lo escribí hace justo diez años, en una nota que se llamaba “El curro de la corrupción”: “Un día nuestros gobernantes serán probos, ignorarán todo sobre las islas Caimán, usarán su propio coche para irse de shopping y denunciarán a su secretaria cuando se limpie las uñas con un clip del Estado: eso es, al menos, lo que nos prometen últimamente casi todos los líderes políticos. Ese día va a ser espeluznante; ese día nuestras esperanzas, si es que todavía las tenemos, caerán procelosas como guano de paloma sobre testas peladas. ¿Será que vamos a esperar hasta ese día para descubrir el curro de la corrupción? ”

–¡Sí, de veras! ¡Qué indignación, hermano, nos afanan sin parar! ”

–No, no me entendiste. Lo que vos decís es la corrupción. Yo te decía el curro de la corrupción. ”Ese día tan esperado, cuando nuestros gobernantes sean tan buenos como la madre Teresa de Calcuta, va a ser estremecedor: ese día, tres millones de desocupados se van a dar cuenta de que siguen estando desocupados; diez millones de pobres van a ver que son igual de pobres; treinta millones de argentinos van a entender que el país está hecho para los otros ocho o nueve, aunque ahora lo van a administrar con honra. Y –quizás, ese día– sí va a pasar algo”.

Publicado por ACIJ

Read Full Post »

Almodóvar

Pedro Almodóvar sobre el movimiento del 15 de marzo en España y la participación de la sociedad civil (reportaje en El Pais Semanal).

“Personalmente estoy dispuesto a cogerme a esa exageración como a un clavo ardiendo. No es que el 15-M nos vaya a arreglar el futuro, no es un partido político, pero sí creo que han conseguido despertarnos. Es muy importante la concienciación y la participación de la sociedad civil. Creo que la solución está en el dinamismo de la ciudadanía. Aunque Franco arruinó la idea del referéndum, hay muchos temas que los políticos pueden consultar a los ciudadanos; la democracia no puede consistir exclusivamente en que cada cuatro años vayamos a votar, en casos como el actual, a dos partidos con los que no nos sentimos identificados. En las relaciones de los políticos y la ciudadanía hay que incorporar las nuevas tecnologías. Ya no sirve eso de “mejor no hacer una consulta sobre este tema, porque no lo van a entender”. Ese paternalismo de los políticos no se puede mantener en la actualidad. La vida se ha dinamizado enormemente. Y ese nuevo ritmo todavía no ha llegado a la política. Y tienen que ponerse al día. Vivimos en pleno torbellino de un cambio de época, y a cada uno le toca cambiar en lo suyo. Da vértigo, pero no queda más remedio. El futuro nos ha cogido en bragas. Y hay que espabilarse”.

Publicado por ACIJ

Read Full Post »

El derecho procesal penal y su falta de adecuación al derecho penal no convencional

Por Fernando Vallone

En el año 399 AC se desarrolló uno de los juicios orales más recordados de la historia.  Un jurado compuesto por 500 ciudadanos juzgó y condenó a muerte al filósofo ateniense Sócrates.

Al destacado pensador se le imputaron las acciones de depreciar a los Dioses y corromper la moral de la juventud.

En la Antigua Grecia regían cuatro pilares sobre los cuales reposaba el procedimiento penal: principio acusatorio, juicio por jurados, publicidad y oralidad. Los dos últimos, ya están consolidados en el derecho moderno occidental, y los primeros, con claras tendencias y reclamos por su consolidación en nuestra región.

¿Qué sucedería si trasladamos toda la tecnología que es propia de la era de la información a la época en que se cometieron los hechos por los cuales sentenciaron a Sócrates? Sin dudas, esa única trasmutación influiría en infinidad de asuntos de dicha realidad histórica, los cuales, provocarían consecuencias que cambiarían la esencia misma de ese proceso.

Pero, aprovechando las licencias que conceden las especulaciones, limitaremos el ejercicio para poner en juego nuestra hipótesis. Así, únicamente aplicaremos las derivaciones vinculadas a la modalidad de comisión de los hechos, participación criminal, daño causado y la actividad probatoria que se generaría para reconstruir los hechos en el ámbito forense.

En este experimento tenemos el poder de transpolar una serie de elementos contemporáneos al pasado lejano y acotar sus posibilidades de interferencia solo a esos hechos y el proceso respectivo. Veamos que sucede.

Sin dudas, los actuales medios de propagación de información hubiesen sido un canal propicio para que Sócrates difundiera sus ideas. Así, su mensaje, achacado de desvalorizar a los Dioses,  se habría multiplicado a través de presentaciones televisivas, radiales, redes sociales de internet, infinidad de publicaciones gráficas, y hasta, tal vez, un blog personal. El microdiscurso, que contiene  los famosos diálogos socráticos en espacios públicos, en los que, según sus detractores que lo llevaron a juicio, corrompía a sus congéneres menores, podrían ser canalizados mediante intercambios de mails, comunicaciones telefónicas, mensajes de textos, foros en internet moderados por él o chateo mediante cámara web.

Esa facilidad de propagación influiría en la magnitud de los hechos, desde su dimensión intrínseca hasta las secuelas dañosas que su acción provocaría.

La extensión del daño a gran cantidad de víctimas o, directamente, a un grupo de gente indeterminable, es una característica del derecho penal económico y es causal de la posmodernidad.

En el procedimiento dela Antigua Grecia, como paso previo el equipo de acusadores debía demostrar la seriedad de su propuesta persecutoria ante un arconte, quien se encargaba de admitir o no el proyecto de enjuiciamiento. Supongamos que, en el ejemplo experimental que planteamos, esta formalidad fue superada con éxito con el esbozo del objeto de la acusación y la mención de alguna prueba de cargo sencilla.

Luego de ello, el acusador tiene un mes para preparar su propia instrucción.

Tamaña tarea le espera a Meleto, delfín de Anito (era el jefe de los acusadores en el juicio de Sócrates). Tiene infinidad de opciones para recabar los elementos probatorios pertinentes para sustentar su acusación. Grabaciones radiofónicas y televisivas, capturas de páginas web, entrecruzamiento de llamados telefónicos, intervenciones telefónicas, grabaciones mediante cámara oculta de microdiscursos, una extensa pericia informática, un informe pericial sobre el iPhone del imputado, análisis de operaciones bancarias y constitución de fideicomisos para el financiamiento de la estrategia discursiva del imputado Sócrates.

Los modos de ejecución propios de la tecnología utilizada dejarían infinidad de rastros asequibles.

Surge la obligación de incorporar la totalidad de esos vestigios al proceso. Las reglas para su incorporación no pueden apartarse de la esencia y cantidad de los elementos probatorios. Un testimonio de una persona que presenció un discurso de Sócrates no puede ser incorporado de la misma manera que debe recogerse una evidencia vinculada a un complejo entramado financiero internacional para sustentar económicamente una filial Socrática en Asía.  La comprensión y el análisis valorativo de la primera prueba resulta sencilla. En cambio, las circunstancias técnicas que envuelven a la segunda, exigen de una noción específica para discernir su utilidad, que multiplica la producción de pruebas para confrontar su veracidad o, simplemente, traducirla a un lenguaje asequible para un juzgador abogado. Además, la descomunal cantidad de elementos probatorios requieren un método ágil de incorporación al sumario de investigación.

Ciertas medidas de prueba podrían obtenerse sin interferir la intimidad del acusado, pero, aquellas intervenciones que exigen entrometerse en su esfera privada deberían, al menos, contar con la venia del arconte. Así, se autorizaron las escuchas telefónicas, cámaras ocultas, allanamientos de morada y, finalmente, secuestro de elementos tecnológicos mediante los cuales Sócrates perpetró sus ilícitos.

El plazo de un mes es demasiado escaso para semejante tarea y sucesivas prorrogas de la instrucción dan respiro a los acusadores.

El equipo de fiscales es consciente de que la complejidad de la maniobra excede sus capacidades técnicas. Además de extender el tiempo disponible para la investigación, se rodean de un grupo multidisciplinario de auxiliares, conformado por expertos en tecnología, en instrumentos financieros y en contabilidad. Así, delegan buena parte de las tareas de pesquisa en colaboradores versados en áreas ajenas al derecho.

A esa altura, un periodista de imaginación frondosa para los apodos,  decidió  bautizar el expediente como la megacausa “Sócrates y otros”.

Read Full Post »

Por Fernando Vallone para Sin Corrupción

La corrupción produce un enorme daño, pero lo hace de manera sigilosa. El sigilo no se relaciona con la forma de actuar de los corruptos, que generalmente, sintiéndose impunes y poderosos, actúan burdamente.

Esa característica deriva de otro fenómeno: no suele haber inmediatez entre el hecho de corrupción y el daño que ésta genera. Aparecen variables intermedias, naturalmente provenientes de ese flagelo, que son las que directamente ocasionan los perjuicios.

Durante los procesos de crisis, originados por hechos de corrupción,  éstas variables suelen ser fácilmente identificadas, pero rara vez se denuncia de donde provienen.

Si se intenta combatir esos síntomas, sin atender y detectar que ellos se originan en la corrupción, el proceso crítico concluirá en un desenlace desastroso.

Es común que durante el desarrollo de éste tipo de crisis los analistas, los protagonistas y la opinión pública sitúen el foco en dichas variables intermedias, sin tomar conciencia –dolosamente o no- de que éstas provienen de los hechos de corrupción.

También influyen otros índices, supuestamente positivos, que lejos de variar el rumbo, son paliativos que tan solo sirven para camuflar la real dimensión de la crisis y su génesis.

Todos suelen percatarse de que el enfoque es incorrecto cuando ya es demasiado tarde.  La crisis de River sirve para graficar esa idea. Esa institución viene sufriendo desde casi una década graves hechos de corrupción producidos por varios sectores (dirigencia, empresarios, barras bravas y periodistas) que se asociaron para enriquecerse a costa de ese club. Esto causó un terrible deterioro financiero en River.

Durante todo el proceso las críticas y búsqueda de explicaciones se concentraron en variables accesorias (plantel profesional poco competitivo, críticas a decisiones de la dirección técnica, destrucción del semillero de las inferiores) que son simples consecuencias del desfalco causado por la corrupción.

Los pocos síntomas positivos (el regreso de un emblema, las falsas promesas de una nueva autoridad, algún triunfo importante) también cumplieron su cometido desorientador.

Durante todo ese proceso no había voces que denunciaran a la corrupción. El análisis estaba perdido en esas otras coordenadas.

Recién por estos días, cuando el proceso ya concluyó y se cristalizó en un fracaso deportivo histórico, se empieza a hablar de la corrupción como la causa principal del daño.

Muchos ya acusan públicamente a esos verdaderos culpables.  Pero ya es tarde. Las consecuencias ya están a la vista. Que sirva para algo.

Read Full Post »

Nota de opinión de Ezequiel Nino publicada en el diario Perfil el sábado 18 de junio.

El caso de las irregularidades en la construcción de viviendas sociales presenta claramente las falencias estatales para prevenir y sancionar internamente hechos de corrupción. Representa, a la vez, un contexto de oportunidad para que las reformas estructurales en esta materia, que viene solicitando la sociedad civil organizada desde hace tiempo, puedan convertirse en realidad.

En primer lugar, existe un descontrol notorio en materia de subsidios a personas privadas sin fines de lucro. No existen criterios objetivos de asignación, ninguna forma regulada de rendición de cuentas ni mecanismos de control por parte del Estado sobre el uso de los fondos. Se trata de miles de millones de pesos que no están detallados en el presupuesto ni pasan por la mira de la Sigen ni de la AGN. Sobre estos fondos, no hay siquiera información pública disponible y el Estado se niega a darla cuando se la requiere específicamente.

Hace poco tiempo, el juez federal Ernesto Marinelli ordenó que el Estado brinde información sobre la asignación de fondos a dos organizaciones civiles lideradas por ex legisladores pero aún no se la ha otorgado. Además, actualmente la Corte Suprema tiene a estudio una causa en la que se solicitó información sobre planes sociales pues el Poder Ejecutivo se negó a brindarla.

Por otra parte, existen numerosas formas para evadir las obligaciones de realizar licitaciones públicas. Aparte del caso de los subsidios a fundaciones, como el que se discute públicamente durante estos días, no hay obligación de realizar procesos competitivos si la compra o contratación la hace una sociedad comercial estatal. Por brindar un ejemplo, la compañia Arsat pudo comprar miles de decodificadores para televisión digital (pese a que estrictamente no es parte de su objeto social) sin pasar por los mecanismos regulados de licitaciones competitivas.

Por el monto involucrado, debería haberse realizado a través de una licitación pública internacional y se podrían haberse ahorrado millones de pesos. Otra excepción es la compra realizada a compañias estatales de otros países. Así, se adquirieron decenas de vagones ferroviarios a España y Portugal (caso Jaime) sin ningún mecanismo de competencia y sin transparencia. Algo similar ocurrió con la compra de aviones a Embraer por parte de Aerolineas Argentinas.

Hubiera habido muchas empresas dispuestas a competir por esos contratos pero no lo pudieron hacer. En los casos en que se realizan licitaciones públicas no se cumple con muchos de los recaudos previstos. Entre otros ejemplos, no se efectúan las publicaciones masivas previstas ni se brinda el tiempo suficiente para que los potenciales competidores presenten las respectivas propuestas.

Sin cambios estructurales en estas materias se seguirán produciendo escándalos de este tipo y estaremos siempre detrás de los acontecimientos. Todos los poderes del Estado tienen responsabilidad y deben actuar con urgencia.

Read Full Post »

Por José Massoni

El fallo brinda una oportunidad más para medir la distancia que, en nuestra sociedad, media entre los intelectuales y el pueblo en general. Este caso ostenta la ventaja de que, de un lado, los intelectuales son especialistas en ciencias jurídicas y jueces de instancia superior, con lo que el pueblo, que constituye la otra parte, está especialmente interesado: se trata de actos de funcionarios del Estado, indirectamente designados por la ciudadanía para que imparta justicia sobre todos los habitantes del país. Dado que se trata de intelectuales con una especialidad bien acotada, dentro del “pueblo” que puede y debe tener una opinión lega están incluidos también los intelectuales que no se especializaron en el estudio del derecho.

Es notorio que, dentro de esa segunda parte constituida por casi el total de la población,  toda persona a la que solamente se le anoticie del nombre de los vendedores, el de los compradores y los precios de la cosa vendida –el acordado y el real- opinará que se cometió un delito que ha quedado impune porque así funciona la justicia con denunciados de la calidad de los del caso.

Es muy larga y ardua la lucha que libran los pueblos por lograr la libertad e igualdad de todos sus integrantes. Su enemigo de siempre es el poder de minorías que los sojuzgan. Al frente de ellas, entre otros pero nunca ausentes, se encuentran dos adalides: el poder económico y el poder del Estado. En sus innumerables batallas, los pueblos hallan un espacio de defensa propia y de avance hacia sus objetivos vitales cuando logran el funcionamiento de organismos democráticos. Con su funcionamiento les es posible plasmar, en normas generales, mecanismos de protección contra el permanente avasallamiento de sus derechos, en todos los órdenes. En octubre de 1999 consiguió plasmar legalmente un obstáculo para las ilicitudes perpetradas por los funcionarios del Estado. Consiguió establecer que la prescripción de la acción penal, en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, se suspende (para todos los que hubiesen participado en la perpetración), mientras cualquiera de los autores o partícipes se encuentre desempeñando un cargo público.

La letra y el espíritu de la ley no permiten ninguna interpretación diluyente. No puede serlo la ausencia de actividad obstructiva visible por parte del procesado a lo largo del tiempo que ha transcurrido; mucho menos las demoras injustificadas en las actuaciones de los órganos de investigación o judiciales.

El presente es un caso ejemplar. De las dos partes a las que se les imputa un delito, una es quien fuera Presidente de la República durante diez años, con notoria autoridad real sobre los tres poderes del Estado. La otra es  la Sociedad Rural, representante del sector económico socialmente más poderoso del país, desde el fondo de su historia hasta hoy. La cuestión a investigar sería que el primero benefició al segundo vendiéndole a precio vil un muy valioso, estratégicamente ubicado y simbólico inmueble de propiedad pública nacional.

El Presidente cesó en su cargo en diciembre de 1999 pero fue designado senador por su provincia en 2005. En ese cargo público  siguió apoyando a sus co-contratantes de 1991, por ejemplo cuando en 2008 votó una resolución del Senado (triunfante por un voto) que cumplía con los propósitos de una coalición social que aquéllos dirigían. Ésta  exhibía tal poderío político en esos momentos,  que su titular llegó a hacer manifestación televisiva de aspiración destituyente de la Presidenta de la Nación.

Con estas referencias queremos significar lo obvio. Lo que manda la reforma del art. 67 del Código Penal por la ley 25.188 es nada más y nada menos que lo que dice: mientras el funcionario público está en funciones se suspende la prescripción de la acción por cualquier delito por el que pueda ser investigado. Presume sin pruebas ni circunstancias en contrario que el motivo que impide, demora o frustra la averiguación de la posible conducta delictiva es la sola circunstancia de que el autor o partícipe está en condiciones de usar el poder. Le es posible incurrir en presiones, o hacer pedidos de difícil elusión, o escamotear pruebas, pero ni siquiera necesita hacerlo. Le basta con ser funcionario y estar en posición de producir perjuicios o impedir o dificultar beneficios para quienes lo denuncien o investiguen.

Se trata de una persona que ha sido colocada en un lugar institucional al que se le faculta ejercer poder para edificar el bien común, pero a la que legalmente se convierte en un “desigual”, a controlar de un modo especial, porque con ese mismo poder puede hacer daño. La historia está plagada de ocasiones en que sucedió esto último y por esa razón la norma atiende a esa realidad y a aquella desigualdad, base de iniquidades contra la sociedad y sus integrantes, y la consagra imponiendo una diferencia en la manera de renunciar a la persecución penal por el olvido que alimenta el paso del tiempo. Es una disparidad destinada a intentar establecer igualdad, ni por asomo algo del orden de lo inconstitucional hay aquí. Los delitos que cometen contra su pueblo los funcionarios públicos en ejercicio de su función no deben olvidarse. Y no se olvidan. El ex Presidente denunciado fue el máximo funcionario público desde que ocurrió la venta del predio de La Rural hasta 1999 y volvió a la función pública como senador nacional en 2005, permaneciendo en ella. No han transcurrido lo plazos para que prescriba el delito que se le achaca.

Tampoco hay espacio aquí para acudir a la aplicación de la ley más benigna, el art. 67 del Código Penal en su redacción a la fecha de la presunta comisión de los hechos. Para un caso de prescripción de la acción bien ha dicho la Procuración General de la Nación que  “la aplicación retroactiva de la ley más benigna presupone que se haya producido un cambio en la valoración social del hecho imputado, lo cual es evidente que no ocurre con las leyes que sólo expresan la decisión del Estado de autolimitarse hacia el futuro aún más en el tiempo en el ejercicio de la persecución penal, pero de ningún modo traducen un cambio en la reprobación social del hecho”. No creo que quepa discurrir sobre la valoración social de una conducta como la denunciada en esta causa que nos ocupa.

Volvamos al comienzo, al tema de  la distancia entre los intelectuales y el común de las gentes. Mentamos, más específicamente, a la que existe entre los intelectuales juristas jueces y los habitantes en general.

Ya adelantamos la valoración que los últimos harían de los sucesos, tanto de los presuntos autores como de los judiciales.

¿Pero qué sucedería si se les dieran a leer los dos votos que decidieron el asunto?

Con absoluto auténtico respeto, pero sin falsedad, creo que al primero casi nadie lo entendería. Prevalecería una sensación de aplastamiento por una profusa avalancha de citas jurisprudenciales que, de intuir su sentido, no estaría a sus alcances cotejar. Les sería comprensible, sí, el prolijo detalle de los períodos de inactividad, tal vez se percatarían de la inutilidad de medidas de prolongado trámite de producción. En el segundo voto advertirían, creo, el escrupuloso cuidado del procesado (de cualquiera, no solo de éste), pero obviamente sintiendo, al final, que algo no fue correctamente hilado para que se llegara a ese final.

Si entre intelectuales allegados al derecho estamos (no de otra condición serán lectores de estas líneas) una greguería final: si como bien se afirma en el último voto –y está implícito en el primero- “En este contexto (el del desarrollo del trámite) considero que la gravedad de los hechos denunciados requería el máximo celo por parte de los órganos jurisdiccionales y de la acusación, quienes debieron actuar con especial esmero para promover actos regulares válidos en tiempo oportuno”, ¿por qué no denunciar a los magistrados y fiscales intervinientes que aun estén en funciones, ante el Consejo de la Magistratura y la Procuración General de la Nación?

Read Full Post »

Compartimos a continuación la siguiente nota escrita por Jorge Fernández Díaz y publicada en La Nación hace unos días

 

La corrupción no le importa a nadie

La otra noche, mientras cenábamos, un amigo que viene investigando los turbios negocios del poder cometió la imprudencia de revelar la incesante y atroz lista de corrupciones y corruptelas, pecados políticos y monumentales trapisondas soterradas que había encontrado en su largo y laborioso raid por juzgados, despachos oficiales, oficinas de negocios, archivos, balances, licitaciones públicas y testimonios secretos a lo largo del último año y medio. Luego consulté a los editores que publicarán en breve este verdadero “tanque” de la denuncia periodística y confirmé que su tirada y alcance serán espectaculares. Romperá seguramente el “mercado”, como gustan decir en el mundo editorial, y se convertirá en el gran best seller de la temporada otoño-invierno. Mi amigo está agotado: escribir un libro después de una larga investigación, y hacerlo bajo toda clase de presiones, deja de cama a cualquier periodista por más atlético y valiente que sea. Al llegar a los postres me miró a los ojos y me preguntó qué creía sinceramente que pasaría. Le respondí sin pestañear: “Nada”. Venderá 150.000 ejemplares, habrá muchas notas de prensa y al final no ocurrirá absolutamente nada. En la década del 90 un libro así era un acontecimiento político. Hoy un libro de denuncia es un libro de evasión, una novela policial que el lector no quiere perderse por nada del mundo, pero que utiliza para pasar un buen rato y tener algo jugoso para comentar al día siguiente.

La investigación periodística, que es un elemento fundamental de la democracia, producía en los 90 renuncias en el gabinete nacional. Eran Watergates más modestos pero igualmente letales, y no han cesado en otros países como Inglaterra, España, Italia, Alemania, ni tampoco en la cada vez más remota república de Brasil.

A la opinión pública argentina de antaño le importaba mucho la ética de sus dirigentes. Y la inmoralidad política pesaba decisivamente en las elecciones. Podrá decirse que ningún affaire logró detener el triunfo de Menem en 1995. Es verdad: muchos votantes privilegiaron la convertibilidad por encima de la moral, pero aún así lo hicieron de un modo vergonzante, bajo el resignado lema “roban pero hacen”. Jamás negaron el fenómeno ni impugnaron la tarea del periodista que trabajaba para exponer las lacras del poder. Y la oposición, a su vez, lograba articularse alrededor de la transparencia y conseguía obtener muchos votos.

Hoy todo ha muerto, ya lo sé. Hoy nadie renuncia por un escándalo, y muchas veces el Gobierno incluso ni se toma el trabajo de salir a responder las acusaciones. Los ciudadanos no reclaman para que se tomen medidas ejemplares, yla Justicia-salvo excepciones- se encarga de asordinar aún más el asunto, que deriva por lo general hacia un triste silencio. Una encuesta de Poliarquía demuestra que hoy la mayor preocupación es la inseguridad, y que recién en un sexto renglón casi insignificante (3%) encontramos a la corrupción. ¿Cuándo nos quebramos moralmente los argentinos? ¿Cuándo empezamos esta etapa en la que la ética se volvió relativa? ¿Todo esto se inició en 2001, cuandola Argentinavoló en pedazos? ¿Voló solamente en pedazos la economía y el sistema político, o también lo hizo la conciencia moral de la sociedad?

El menemismo, con sus aberraciones, tenía igualmente entre sus filas a militantes que no querían la corrupción. Cuando ésta quedaba expuesta, exigían a su propio gobierno que se desprendiera de los sospechosos. Hasta periodistas que participaban intelectualmente del proyecto neoliberal les daban amplio espacio a los denunciantes en sus diarios o en sus programas televisivos y radiales. El kirchnerismo, en cambio, tiene otra clase de reacción. Antes se robaba parala Corona, ahora se roba para la revolución? nacional y popular. Y salvo un fallo judicial tardío aunque tajante, nadie les exige a los involucrados que den un paso al costado. Que lo den incluso por el bien del proyecto. Aquí nadie se avergüenza. Ni siquiera el progresismo oficial, que arrió las banderas morales con las que históricamente se lo distinguía. Antes le parecía un escándalo que el gobierno peronista de los 90 intentara bloquear los organismos de control o tratara de manipular ala Justicia. Hoyle parece esencial para llevar a cabo con éxito los ideales inconclusos de la primavera camporista. Ceder entonces a la tentación “liberal” de escandalizarse por el robo les resulta un horror, los convierte en “funcionales a la derecha”.

Es por eso que el caso Antonini resulta, al final, sólo una película de espías. El asunto Skanska, una novela de Grisham sin final feliz. Y los enriquecimientos ilícitos de funcionarios, los enjuagues millonarios de capitalistas amigos, el lavado de dinero, los aviones llenos de cocaína y los gastos de campaña con dinero negro, capítulos de una serie criminal y exagerada de HBO Olé.

Por eso las menciones acerca de coimas argentinas en boca de diplomáticos norteamericanos, españoles, alemanes y finlandeses reveladas por WikiLeaks no tienen el peso de aquella única y solitaria carta del Swiftgate. ¿Se acuerda? Por eso la maleta de Amira pesa mucho, mucho, muchísimo más que la grácil e inocente bolsa de Felisa.

Read Full Post »

Nota de opinión de Ezequiel Nino* publicada por Clarín en la que se plantea el aparente desincentivo que tendrían los jueces para investigar causas sobre delitos de corrupción cometidos por el poder de turno.

Nuestro país tiene un triste privilegio: en nuestra región, se encuentra entre los países con menor cantidad de condenas por hechos de corrupción.

Una visita a cualquier prisión de nuestro país evidencia que el derecho penal se aplica solamente para personas de bajos recursos. Las razones de esta situación son numerosas pero la más relevante es la falta de incentivos de muchos jueces y fiscales para investigar los delitos de poder.

Esos actores no tienen excusa alguna para este pobre desempeño. Cuentan con remuneraciones adecuadas, estabilidad de por vida en el cargo, recursos humanos a su disposición, posibilidades de capacitarse, acceso a información y herramientas legales suficientes.

Sin embargo, los expedientes demoran en promedio más de una década y su destino inexorable es que prescriban por el paso del tiempo. En esos casos, los responsables del Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura deberían examinar el desempeño de los funcionarios que no hicieron avanzar debidamente esos procesos pero tampoco hay antecedentes de sanciones o destituciones por este tipo de situaciones. A su vez, los legisladores deberían promover cambios que apunten a simplificar los trámites pero no se abocan a ello. Existe un sistema que garantiza la impunidad completa.

Las ONGS ACIJ y CIPCE nos presentamos en más de un centenar de expedientes para tomar vista de estos y realizar aportes. Sin embargo, nos encontramos con reticencias de muchos de los jueces y fiscales , quienes se niegan a abrir su tarea, pese a los principios de acceso a la información pública a los que está obligado nuestro país frente al mundo. El tema está a estudio de la Corte, que tiene la oportunidad de dar un claro mensaje sobre la corrupción. Hasta ahora los jueces del alto tribunal explican que no han recibido causas trascendentes en esta materia, por lo que pueden brindar ahora un pronunciamiento claro.

La corrupción tiene consecuencias sociales devastadoras. Por ello, la sociedad tiene un enorme desafío. Así como en los delitos con víctimas determinadas está comprobado que la presión pública puede redundar en mayores avances en procesos complejos, deberíamos hacer notar a quienes están obligados a investigar que aquí también hay víctimas que esperan justicia. En este reto, tanto el periodismo como las ONGS pueden desempeñar un rol fundamental pues pueden convertirse en un vínculo entre los expedientes complejos y el resto de la ciudadanía. A su vez, la sociedad civil debería aliarse con los políticos honestos que se ven perjudicados porque no hay manera de distinguirlos de los deshonestos.

* Ezequiel Nino es co-director de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)

Read Full Post »

Older Posts »

Seguir

Recibe cada nueva publicación en tu buzón de correo electrónico.

Únete a otros 30 seguidores