Es de público conocimiento que la regla en materia de delitos ligados a la corrupción es la impunidad. Las motivos son variados, pueden ir desde la complejidad para producir prueba (exhortos, pericias interminables o muy difíciles de interpretar), como se plantea la investigación, defensores que no paran de poner piedras en el camino o el mero cajoneo, solo por nombrar algunas. Es enervante y provoca impotencia especialmente esta última. Ver expedientes que están paralizados sin explicación indigna.
Un caso particular es la causa en que se investiga el posible enriquecimiento ilícito del diputado Jorge Yoma, que tramita en Juzgado Federal 7, allí mismo donde está subrogando Norberto Oyarbide.
En su momento contamos sobre la demora del juzgado de Chilecito donde había tramitado una causa con el mismo delito (con sobreseimiento), en remitirle a Oyarbide una copia de las actuaciones. Incluso mencionamos una resolución de los camaristas Cattani e Irurzun, en la cual habían sostenido que la inacción del juzgado riojano presentaba “ribetes escandalosos”. Luego, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intimó al Presidente de la Corte de la Rioja para que disponga lo necesario para que la causa sea remitida.
Desde hace un tiempo, el fiscal Federico Delgado viene requiriendo con insistencia que se realice una reconstrucción de los movimientos en el patrimonio de Yoma y familiares desde el año 1984 hasta el 2010. Tiempo en el cual -de un modo u otro- ha participado en la función pública. Frente a esto, desde el juzgado sólo han requerido información al BCRA, DNPA y ala Cajade Valores sobre los bienes que el imputado posee en la actualidad.
Paradójicamente la defensa denuncia una cacería de brujas. Aunque nuestros lectores no lo puedan creer, así comienzan los escritos que presenta en el marco de las actuaciones. Nosotros vemos todo lo contrario, y hay rumores, aunque solo rumores, de que antes de fin de año la causa esta cerrada.
Publicada por ACIJ
