Por Agustín Carrara y Leonel González para Sin Corrupción*
No muchas personas saben que existe una institución especialmente dedicada a “la defensa y protección de los derechos humanos, demás derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución y las leyes”. Una institución que, además, controla el “ejercicio de las funciones administrativas públicas”. Éstas constituyen dos misiones que el artículo 86 dela Constitución Nacional encomienda a la Defensoría del Pueblo, creada por la ley 24.284 en el año 1993, e incorporada al plexo normativo constitucional a partir de la reforma de 1994.
A diferencia de los órganos ya existentes -los cuales se limitaban a un mero control de legalidad-, como el caso del Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas, la Defensoría del Pueblo fue contemplada como un órgano extra-poder que pudiese actuar mediante un control preventivo y corrector de las deficiencias administrativas, pudiendo iniciar procesos y denuncias. En este contexto, su incorporación al arco institucional argentino se ancló fundamentalmente en la necesidad de poner límites a la impunidad y a la corrupción estructural.
Para combatir este mal que afecta principalmente a los sectores más desaventajados de la sociedad, es menester asegurar –entre otras- la mayor transparencia del poder público y una activa participación ciudadana. Frente a ello, adquiere sustancial relevancia el rol constitucional asignado al Defensor del Pueblo, en cuanto se instituirá como un instrumento idóneo para lograr un acercamiento entre el Estado y el ciudadano.
Sin embargo, todo ello aparenta descansar simplemente en el aspecto teórico del organismo, ya que se trata de una institución que carece de la publicidad necesaria para convertirse en una firme herramienta en la lucha por una correcta administración de los recursos públicos. Sobre todo cuando se trata de un mecanismo de control de la administración pública que no se ejerce dentro del mismo órgano que se intenta monitorear (lo cual atenta al cumplimiento de los principios de imparcialidad e independencia), y ni se asemeja al control judicial en cuanto a los años que éste demora, producto del inquisitivo modelo de persecución penal que no permite al Ministerio Público asumir certeramente la función de investigación criminal.
Desde aquí, fomentamos la toma de consciencia por parte de la sociedad respecto de todos los recursos con los que cuenta para defender sus derechos de la mejor manera posible. Toda oportunidad debe ser aprovechada, evitando de esta forma lo peor que le puede pasar a alguien cuyos derechos no son respetados: resignarse.
* Integrantes del equipo de investigación del proyecto DeCyT “El Defensor del Pueblo como mecanismo de acceso a la Justicia. Análisis y Desafíos en la Argentina”, acreditado y seleccionado porla Secretaría de Investigación dela Facultad de Derecho dela Universidad de Buenos Aires (UBA).
