Verónica Tarzia
Coordinadora
Red de Abogados por el Interés Público
Poder Ciudadano
En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires existen variopintos espacios de pertenencia simbólica para las abogadas y abogados. En su mayoría se trata de agrupaciones gremiales con marcada identidad ideológica y presencia académica. Sin embargo, no es una práctica habitual para estas asociaciones encarar acciones concretas mediante el ejercicio de su profesión con el fin de generar impactos en las políticas públicas. Como contrapartida son las organizaciones no gubernamentales las que concentran sus fuerzas en este tipo de trabajo, conformadas por equipos de trabajo interdisciplinarios que cuentan con abogadas y abogados especializados en el derecho de interés público y con soporte en la realidad que viven las comunidades afectadas por la vulneración de sus derechos.
La abogacía es un saber que por mandato normativo tiene que estar orientado a la defensa de los principios democráticos y derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución Nacional.
La abogacía es un poder. En el sistema institucional vigente somos los profesionales del derecho quienes poseemos el monopolio de la argumentación jurídica, pero no es ingenua, pues estos argumentos poseen fuerza de verdad legal una vez alcanzados los efectos de una sentencia y dirimen luchas simbólicas y materiales.
Como toda construcción social, el derecho no es unívoco y se encuentra en transformación constante. Reconocemos que nuestras formaciones nos diversifican en tantas ideas como individuos somos y tantas posiciones como sistemas valorativos abrazamos. Con un poco más de rigor teórico cada uno puede adherir a una propuesta iusfilosófica y en función de ello orientar su actividad profesional. Algunas y algunos de nosotros lo hicimos a conciencia, otros lo hacen pragmáticamente. Pero hay algo a priori y a posteriori que nos equipara. A priori, nos iguala el deseo del aprendizaje, el momento de nuestro ingreso a la carrera en un estado puro, carente dogmatismos, el instante de la elección por la justicia y el derecho. A posteriori, nos iguala nuestro marco normativo común de actuación profesional. En el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal están matriculados 71.950 abogadas y abogados activos que se encuentran sujetos al Código de Ética. En el momento de nuestra diplomatura, muchas y muchos hemos prometido o jurado por la Constitución Nacional y las instituciones de la República. Hay una misión ideada para que concretar la participación de las asociaciones de abogados y abogadas en las políticas públicas, pues la ley además de otorgarle el control disciplinario de la matrícula y la defensa gremial de los profesionales, también establece algunos lineamientos para que el Colegio Público de Abogados ocupe esta posición (ver los arts. 20, inc. e y h de la ley 23.187).
En definitiva, tenemos recursos y herramientas aceitadas para debatir nuestras diferentes posturas jurídicas, empero, hace falta voluntad para deliberación. En esta línea, recomendamos repasar el análisis expuesto por Martín Böhmer en “Igualadores Retóricos: las profesiones del derecho y la reforma de justicia en la Argentina” (Cuadernos de Análisis Jurídico Nº 15, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile, pág. 187) en el que el autor apunta las zonas grises que mencionábamos, no obstante, hace hincapié en el rol de los profesores de derecho para promover la igualdad en la sociedad civil para el acceso a los debates jurídicos y que los argumentos de derecho sean tomados en serio. También creemos que desde nuestra práctica cotidiana podemos –y debemos- mantener la autonomía de pensamiento, dejar de ser portavoces de la subjetividad o el interés de un cliente. Pensamos que existe un compromiso preconstituido con la investigación, la reflexión y la expresión de nuestras ideas sobre lo que el derecho dice y es. En suma, la concentración de poder en el discurso jurídico se puede desarticular mediante la propia función de la abogada o abogado, pues, si cada uno se comprometiera a promover la mayor apertura posible a la comunidad sobre los debates que maneja en tribunales, los efectos de la concentración mermarían considerablemente.
También notamos que faltan los espacios y las oportunidades para que esos debates se generen fuera del ámbito de la dinámica propia de los abogados de derecho de interés público.
En relación con el espacio, una apuesta fuerte del segundo semestre del año pasado impulsada desde el ámbito de la sociedad civil fue la de renovar y relanzar al espacio público la red de profesionales del derecho que surgió de una construcción colectiva en la que participaron otrora diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales, Poder Ciudadano ejerció –y continúa ejecutando- una importante misión de coordinación. Este es el espacio que ponemos a disposición de todas y todos.
En cuanto al tema de debate, como puntapié para la deliberación entre abogados creemos que la transparencia y anticorrupción es un factor aglutinante de voluntades. En el país y la comunidad internacional hay avances normativos concretos para abordar el fenómeno de la corrupción. Existen normas y mecanismos específicos que orientan la elaboración de políticas públicas de prevención de la corrupción y también apuntan técnicas novedosas para la investigación y persecución de hechos delictivos. Existen estándares internacionales que pueden guiar la aplicación de los mecanismos y la evaluación de los resultados en materia de investigación judicial. Al mismo tiempo, hay escasísimos antecedentes en los que estas investigaciones tuvieron resultados concretos a nivel de esclarecimiento fáctico y de efectos jurídicos por la falta de condenas o recupero de activos. Por ende, el desafío de su implementación efectiva depende de todos los operadores jurídicos.
La propuesta consiste en ejercer patrocinio legal en casos judiciales relativos a la falta de cumplimiento y defectos en la ejecución de políticas preventivas de corrupción. Un ejemplo clásico de la Red en esta materia es la acción de amparo que emprendió Poder Ciudadano, con el patrocinio de abogados voluntarios, para acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los senadores que hasta el momento eran secretas. El caso resultó favorable y permitió el desarrollo de la política pública en el ámbito del Poder Legislativo. También apostamos a obtener profesionales voluntarios para ejercer investigaciones puntuales o la representación letrada de querellantes o testigos en causas penales en las que se investiguen hechos de corrupción.
Contamos con recursos importantes y aliados ricos en experiencias y compromiso. El Centro de Asistencia Legal Anticorrupción es un programa de Poder Ciudadano dirigido a asesorar integralmente a denunciantes, víctimas y testigos en la articulación de sus denuncias sobre hechos de corrupción de pequeña, mediana y gran escala. El ALAC proyecta estrategias de intervención directa en áreas de potencial corrupción a través de la reunión permanente con los actores económicos. Juntos construimos vínculos de colaboración con organizaciones comunitarias que cuentan con información relevante sobre la ejecución de políticas en las que se utilizan fondos públicos. Generamos alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción y que están interesadas en promover la implementación de normas y mecanismos internacionales de investigación en la administración de justicia. Tenemos acceso a importantes bufetes de abogados del extranjero con marcado interés en colaborar con los debates locales en forma pro bono, a través del desarrollo de investigaciones de derecho comparado o la presentación de Amicus Curiae.
De la articulación con el ALAC y las organizaciones surgirán los casos que nutrirán las oportunidades pro bono de la Red. De la coordinación de la Red depende el éxito de la distribución de todos estos recursos en diversas acciones que confluyan al fin de fortalecer la prevención y la persecución de actos de corrupción. En la participación activa de las abogadas y abogados se juega el efectivo funcionamiento del engranaje que con tanto empeño estamos construyendo. Por eso, hacemos una convocatoria especial a los Estudios Jurídicos que quieran adherir en forma institucional como miembros de la Red, a Abogados Independientes que deseen hacer aportes pro bono y a las Clínicas Jurídicas de Interés Público que decidan tomar casos vinculados con esta especialidad.
Para más información se visitar el sitio http://www.abogadosvoluntario.org.ar, comunicarse al 0800-222-2684 o mandar un mail a infoabogados@poderciudadano.org
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