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Posts etiquetados ‘Poder Ciudadano’

Por Facundo Galván, director del área Instituciones Políticas y Gobierno.

En épocas electorales se nos presentan interrogantes frecuentes tales cómo: ¿a quién voy a votar? ¿Por qué voy a votar por tal o cual candidato? ¿Qué candidato me gusta más? Sin embargo, rara vez nos preguntamos cosas tales como: ¿Qué piensa mi candidato? ¿Qué preferencias tiene en los principales temas de políticas públicas? ¿En cuántos puntos coincido con mi candidato?

Para responder a muchos de esos interrogantes surgió Votá Inteligente, iniciativa de Poder Ciudadano junto con CIPPEC y Yoquierosaber.org, que se replica en Argentina luego de la exitosa experiencia desarrollada por Vota Inteligente Chile, quienes fueron también los encargados de desarrollar el software utilizado para el caso argentino.

El sitio de Vota Inteligente Argentina consta de tres secciones. La primera permite recorrer de manera sencilla los perfiles de los siete candidatos presidenciales, allí encontraremos información sobre sus trayectorias y propuestas. En la segunda, nos permite comparar a cada uno de los candidatos en temas específicos de políticas públicas. La tercera es una herramienta que debe ser utilizada en redes sociales, denominada como “La Media Naranja Política”. Allí lo que el usuario debe hacer es, tras abrir su cuenta de Facebook, responder a un cuestionario similar al que respondieron los siete candidatos luego del cual el software le dirá automáticamente cuál es el candidato con el que ha tenido mayores coincidencias. Una vez terminado el test, la aplicación pregunta al usuario si quiere publicar su resultado, o no, en su propio muro de Facebook.

La idea de este tipo de herramientas, es apuntar a lograr un voto más informado y a generar, mediante este tipo de instrumentos, un debate virtual entre las diferentes posiciones de los candidatos en temas prioritarios de políticas públicas.

Publicado por ACIJ

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Por Nicolás Vargas

Área Justicia, Poder Ciudadano

Desde hace varios días, los medios de comunicación se encuentran informando sobre la existencia de varias causas penales[1] que tramitan en el fuero penal económico que tuvieron su origen en denuncias efectuadas por la Secretaría de Comercio contra los titulares de consultoras que se dedican a medir la inflación, a los que se acusa de cometer el delito de agiotaje.[2],

De acuerdo a lo que conocimos por los medios de comunicación, entendemos que en dichas causas existiría una tensión entre el impulso de la actividad punitiva por parte del estado y el derecho constitucional a la libertad de expresión

Asimismo, son de público conocimiento las circunstancias que rodean a dichas causas: los serios cuestionamientos que existen sobre la veracidad de las encuestas oficiales, y la persecución a consultoras mediante la aplicación de multas en sede administrativa.

Es por ello, que en Poder Ciudadano nos hemos presentado en las tres causas para que se nos autorice a tomar vista, porque consideramos que las cuestiones que se discuten hacen al interés de toda la sociedad, y en consecuencia creemos que se debe garantizar el acceso a su contenido.

En una de las tres causas,la Nº 13.880, que tramita en el Juzgado Nº4 acargo del Dr. Catania, el trámite del pedido de vista estuvo marcado por algunas circunstancias particulares, que nos parece interesante contar; porque demuestran el poco interés que tienen muchos magistrados en que las causas a su cargo se difundan, como así también el desden con que tratan a las solicitudes que se realizan desde la sociedad civil.

Unos días más tarde de haber realizado la presentación solicitando tomar vista de las actuaciones, nos acercamos a la mesa de entradas del juzgado para saber si había sido resuelta. Allí nos informaron que el juez había decidido no dejarnos tomar vista de la causa. Cuando pedimos que nos dejen ver la resolución que lo indicaba, nos manifestaron –pese a nuestra insistencia-, que no la íbamos a poder ver.

Naturalmente, no nos quedo más opción que interponer un recurso de apelación contra aquella decisión que nunca pudimos ver, y que nos había sido notificada “in voce”. Una vez que presentamos la apelación, el juez nos informó que la rechazaba… porque había sido interpuesta contra un auto inexistente!

En la misma decisión el juez rechaza el pedido de vista, en una decisión carente de argumentos, limitándose a decir que Poder Ciudadano no acreditó un interés legítimo en la causa.


[1] Las causas son: Nº 13880 en trámite ante el Juzgado Nº 4, Secretaria 7, Nº 1387/11 del Juzgado Nº 3, Secretaria Nº 6, y 1059/11 del Juzgado Nº 6, Secretaría Nº 11

[2] Para ver una explicación sobre esta figura y sus implicancias recomendamos el siguiente artículo de María Luisa Pique http://seminariogargarella.blogspot.com/2011/09/sobre-la-justicia-y-las-consultoras.html

Publicado por ACIJ

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Les presentamos una iniciativa que nos hace llegar Poder Ciudadano y los invitamos a participar

Convertí tu celular en una herrramienta cívica. Sumate a “¿Quién te banca?”

Dinero y política son dos términos que suelen ir unidos. ¿Quién financia las actividades de cada candidato? ¿Quiénes los apoyan? ¿Con qué personas, empresas, sectores económicos asumen compromisos? La transparencia es esencial a la hora de elegir. Vos podés ayudar a que el financiamiento de campaña sea más transparente, simplemente sacando fotos con tu celular.

¿Notaste que, cuando aún faltan varias semanas para que comience el período de  campaña electoral las calles de tu barrio ya se llenaron de afiches promocionando a muchos políticos? Como sabrás, desde sus orígenes, Poder Ciudadano tuvo entre sus objetivos la promoción de acciones para lograr una mayor transparencia y el fortalecimiento de las instituciones políticas democráticas.

2011 es un año electoral clave y, por ende, nuestros desafíos se multiplican. Es por ello que, apelando a tu compromiso cívico, queremos invitarte a que te sumes y participes de nuestra iniciativa: ¿Quién te banca? Si bien entendemos como fundamental y valioso que, en el marco de nuestra democracia, exista una gran pluralidad y visibilidad de cada uno de los líderes de las distintas fuerzas políticas, también es sumamente importante saber que todos ellos buscan competir bajo un marco normativo de transparencia. En este sentido, la claridad en la procedencia y el uso de los gastos en esfuerzos publicitarios es esencial para monitorear los financiamientos de nuestra política.

¿De qué se trata la iniciativa?

De recolectar fotos digitales de los afiches de campaña electoral, de todos los dirigentes que hayan comenzado con acciones de visibilidad, en todas las ciudades de la Argentina.

¿Qué niveles o rangos de afiches de dirigentes entran en la iniciativa?

En esta iniciativa se incluye a dirigentes de todos los rangos, tanto de orden nacional como del nivel provincial o local.

¿Para qué desarrollamos esta iniciativa?

Gracias a las fotos digitales que nos envíen, de los afiches de cada uno de los dirigentes que ya hubieran comenzado con esfuerzos publicitarios, podremos apoyar el pedido de información que Poder Ciudadano va a mandar a cada uno de ellos para que nos detallen el origen y el destino de sus gastos en esfuerzos de visibilidad.

Poder Ciudadano defiende la participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías para permitir que cada ciudadano convierta sus recursos tecnológicos en herramientas cívicas.

Por esto tu participación es tan importante.

Porque el cambio y el progreso deben impulsarse a partir de la acción ciudadana.

Porque tu acción es esencial para el futuro de la democracia.

¿Cómo participar?

Sacá fotos de los afiches de campaña electoral, con tu celular o tu cámara y:

* Mandalas a  comunicacion@poderciudadano.org

* Pegalas en nuestro muro de Facebook

* Tuiteala con el Hashtag #Quientebanca

!!MUCHAS GRACIAS POR SUMARTE!!

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Dos ONG especializadas en transparencia cuestionaron el bloqueo oficial a la FIA.

Nota publicada hoy en La Nación, se puede ver aquí.

Dos organizaciones civiles especializadas en políticas públicas y transparencia, la fundación Poder Ciudadano y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), cuestionaron el nuevo perfil de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y sostuvieron que perdió entidad.

El director ejecutivo de Poder Ciudadano, Hernán Charosky, afirmó que la situación actual del organismo, acéfalo desde hace dos años, “pone en evidencia que no hay una decisión de política criminal del Ministerio Público de perseguir la corrupción”.

Según Charosky, Garrido “puso a la FIA como un actor relevante” hasta que “lo bloquearon”.

“Después, la fiscalía no sólo dejó de funcionar, sino que se destrozó a un grupo profesional. Y lo más grave es lo que le hicieron al contador Blanco, que era un investigador feroz en las causas por corrupción y hoy lo tienen mirando papeles en una causa sin destino.”

Eduardo Blanco Alvarez fue trasladado para que trabajara en la causa por la “mafia del oro”, un caso que fue escandaloso en los años 90. En la FIA había intervenido en causas sensibles; había alertado a Noailles, por ejemplo, sobre más de 25 inconsistencias y contradicciones en las declaraciones juradas de los Kirchner.

Un grupo de organizaciones, entre las que estaban Poder Ciudadano, el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) y ACIJ, presentaron una nota ante el procurador para pedir una explicación por este traslado. Según informaron, no obtuvieron respuesta.

Ezequiel Nino, director de ACIJ, coincidió con el diagnóstico de Charosky. “La fiscalía perdió la entidad que tenía cuando estaba Garrido -dijo-. Noailles ha demostrado que no tiene ni la autonomía ni la independencia necesarias, y lo probó con la no apelación del sobreseimiento de los Kirchner.”

“Nosotros no compartimos la interpretación de Righi sobre las atribuciones del organismo -afirmó-, pero más allá de eso Righi en nada limitó la posibilidad de hacer denuncias. La corrupción no se redujo y no hay motivos para que la fiscalía no haga denuncias.”

Según Nino, la FIA es el lugar donde se tramitan todas las irregularidades de la administración pública. “Con la información que maneja, la cantidad de denuncias no debería haberse reducido.”

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Verónica Tarzia
Coordinadora
Red de Abogados por el Interés Público
Poder Ciudadano

 

En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires existen variopintos espacios de pertenencia simbólica para las abogadas y abogados. En su mayoría se trata de agrupaciones gremiales con marcada identidad ideológica y presencia académica. Sin embargo, no es una práctica habitual para estas asociaciones encarar acciones concretas mediante el ejercicio de su profesión con el fin de generar impactos en las políticas públicas. Como contrapartida son las organizaciones no gubernamentales las que concentran sus fuerzas en este tipo de trabajo, conformadas por equipos de trabajo interdisciplinarios que cuentan con abogadas y abogados especializados en el derecho de interés público y con soporte en la realidad que viven las comunidades afectadas por la vulneración de sus derechos.

La abogacía es un saber que por mandato normativo tiene que estar orientado a la defensa de los principios democráticos y derechos fundamentales contenidos en nuestra Constitución Nacional.

La abogacía es un poder. En el sistema institucional vigente somos los profesionales del derecho quienes poseemos el monopolio de la argumentación jurídica, pero no es ingenua, pues estos argumentos poseen fuerza de verdad legal una vez alcanzados los efectos de una sentencia y dirimen luchas simbólicas y materiales.

Como toda construcción social, el derecho no es unívoco y se encuentra en transformación constante. Reconocemos que nuestras formaciones nos diversifican en tantas ideas como individuos somos y tantas posiciones como sistemas valorativos abrazamos. Con un poco más de rigor teórico cada uno puede adherir a una propuesta iusfilosófica y en función de ello orientar su actividad profesional. Algunas y algunos de nosotros lo hicimos a conciencia, otros lo hacen pragmáticamente. Pero hay algo a priori y a posteriori que nos equipara. A priori, nos iguala el deseo del aprendizaje, el momento de nuestro ingreso a la carrera en un estado puro, carente dogmatismos, el instante de la elección por la justicia y el derecho. A posteriori, nos iguala nuestro marco normativo común de actuación profesional. En el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal están matriculados 71.950 abogadas y abogados activos que se encuentran sujetos al Código de Ética. En el momento de nuestra diplomatura, muchas y muchos hemos prometido o jurado por la Constitución Nacional y las instituciones de la República. Hay una misión ideada para que concretar la participación de las asociaciones de abogados y abogadas en las políticas públicas, pues la ley además de otorgarle el control disciplinario de la matrícula y la defensa gremial de los profesionales, también establece algunos lineamientos para que el Colegio Público de Abogados ocupe esta posición (ver los arts. 20, inc. e y h de la ley 23.187).

 

En definitiva, tenemos recursos y herramientas aceitadas para debatir nuestras diferentes posturas jurídicas, empero, hace falta voluntad para deliberación. En esta línea, recomendamos repasar el análisis expuesto por Martín Böhmer en “Igualadores Retóricos: las profesiones del derecho y la reforma de justicia en la Argentina” (Cuadernos de Análisis Jurídico Nº 15, Escuela de Derecho, Universidad Diego Portales, Santiago, Chile, pág. 187) en el que el autor apunta las zonas grises que mencionábamos, no obstante, hace hincapié en el rol de los profesores de derecho para promover la igualdad en la sociedad civil para el acceso a los debates jurídicos y que los argumentos de derecho sean tomados en serio. También creemos que desde nuestra práctica cotidiana podemos –y debemos- mantener la autonomía de pensamiento, dejar de ser portavoces de la subjetividad o el interés de un cliente. Pensamos que existe un compromiso preconstituido con la investigación, la reflexión y la expresión de nuestras ideas sobre lo que el derecho dice y es. En suma, la concentración de poder en el discurso jurídico se puede desarticular mediante la propia función de la abogada o abogado, pues, si cada uno se comprometiera a promover la mayor apertura posible a la comunidad sobre los debates que maneja en tribunales, los efectos de la concentración mermarían considerablemente.

 

También notamos que faltan los espacios y las oportunidades para que esos debates se generen fuera del ámbito de la dinámica propia de los abogados de derecho de interés público.

 

En relación con el espacio, una apuesta fuerte del segundo semestre del año pasado impulsada desde el ámbito de la sociedad civil fue la de renovar y relanzar al espacio público la red de profesionales del derecho que surgió de una construcción colectiva en la que participaron otrora diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las cuales, Poder Ciudadano ejerció –y continúa ejecutando- una importante misión de coordinación. Este es el espacio que ponemos a disposición de todas y todos.

En cuanto al tema de debate, como puntapié para la deliberación entre abogados creemos que la transparencia y anticorrupción es un factor aglutinante de voluntades. En el país y la comunidad internacional hay avances normativos concretos para abordar el fenómeno de la corrupción. Existen normas y mecanismos específicos que orientan la elaboración de políticas públicas de prevención de la corrupción y también apuntan técnicas novedosas para la investigación y persecución de hechos delictivos. Existen estándares internacionales que pueden guiar la aplicación de los mecanismos y la evaluación de los resultados en materia de investigación judicial.  Al mismo tiempo, hay escasísimos antecedentes en los que estas investigaciones tuvieron resultados concretos a nivel de esclarecimiento fáctico y de efectos jurídicos por la falta de condenas o recupero de activos. Por ende, el desafío de su implementación efectiva depende de todos los operadores jurídicos.

La propuesta consiste en ejercer patrocinio legal en casos judiciales relativos a la falta de cumplimiento y defectos en la ejecución de políticas preventivas de corrupción. Un ejemplo clásico de la Red en esta materia es la acción de amparo que emprendió Poder Ciudadano, con el patrocinio de abogados voluntarios, para acceder a las declaraciones juradas patrimoniales de los senadores que hasta el momento eran secretas. El caso resultó favorable y permitió el desarrollo de la política pública en el ámbito del Poder Legislativo. También apostamos a obtener profesionales voluntarios para ejercer investigaciones puntuales o la representación letrada de querellantes o testigos en causas penales en las que se investiguen hechos de corrupción.

Contamos con recursos importantes y aliados ricos en experiencias y compromiso. El Centro de Asistencia Legal Anticorrupción es un programa de Poder Ciudadano dirigido a asesorar integralmente a denunciantes, víctimas y testigos en la articulación de sus denuncias sobre hechos de corrupción de pequeña, mediana y gran escala. El ALAC proyecta estrategias de intervención directa en áreas de potencial corrupción a través de la reunión permanente con los actores económicos. Juntos construimos vínculos de colaboración con organizaciones comunitarias que cuentan con información relevante sobre la ejecución de políticas en las que se utilizan fondos públicos. Generamos alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción y que están interesadas en promover la implementación de normas y mecanismos internacionales de investigación en la administración de justicia. Tenemos acceso a importantes bufetes de abogados del extranjero con marcado interés en colaborar con los debates locales en forma pro bono, a través del desarrollo de investigaciones de derecho comparado o la presentación de Amicus Curiae.

 

De la articulación con el ALAC y las organizaciones surgirán los casos que nutrirán las oportunidades pro bono de la Red. De la coordinación de la Red depende el éxito de la distribución de todos estos recursos en diversas acciones que confluyan al fin de fortalecer la prevención y la persecución de actos de corrupción. En la participación activa de las abogadas y abogados se juega el efectivo funcionamiento del engranaje que con tanto empeño estamos construyendo. Por eso, hacemos una convocatoria especial a los Estudios Jurídicos que quieran adherir en forma institucional como miembros de la Red, a Abogados Independientes que deseen hacer aportes pro bono y a las Clínicas Jurídicas de Interés Público que decidan tomar casos vinculados con esta especialidad.

 

Para más información se visitar el sitio http://www.abogadosvoluntario.org.ar, comunicarse al 0800-222-2684 o mandar un mail a infoabogados@poderciudadano.org

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Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Silvestroni solicitaron derecho a réplica al comunicado institucional que Poder Ciudadano emitió a raíz de la denuncia que estos tres abogados presentaron en el Colegio Público de Abogados contra los directivos y abogados de ACIJ y CIPCE por su intervención en la causa “IBM/Banco Nación”.

Dicha réplica fue publicada en la página de Poder Ciudadano y en el blog NO HAY DERECHO. Allí se efectúan una serie de manifestaciones falsas que nos gustaría clarificar de cara a la opinión pública y la comunidad académica.

En el punto “9” de la réplica sostienen que ACIJ, CIPCE y el Ministerio Público de la Nación, mantuvieron oculta la existencia de un convenio de colaboración durante la instancia de juicio abreviado. Asimismo, dejaron entrever sobre la existencia de nexos no públicos y posibles beneficios económicos para las organizaciones que de allí surgiría. En ese sentido, sugieren que Poder Ciudadano debería investigar si la celebración del convenio de colaboración implicó algún acuerdo económico entre las partes.

Sobre el asunto, debemos decir lo siguiente: La firma del convenio tuvo carácter público, y desde el momento de su rúbrica, se encuentra publicado en el sitio web del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y en las páginas de Internet de ACIJ y CIPCE. No hay otro contenido que lo que allí se expresa. Dicho convenio es el resultado de años de trabajo de monitoreo y crítica respecto de la labor desempeñada por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en causas de criminalidad económica a través del seguimiento público de los principales expedientes donde se investiga la corrupción pública y privada. Se trata de casos -todos ellos- que han dañado la institucionalidad de nuestro país y el patrimonio del Estado Nacional.

Es una práctica habitual –en muchos países del mundo- que los organismos públicos que promueven el avance de la investigación sobre hechos de corrupción, firmen acuerdos de colaboración con organizaciones no gubernamentales. Ello no implica, de ningún modo, un respaldo –por parte de las ONGs- de la actuación del Ministerio Público ni de éstos hacia los primeros. De la posición crítica sobre el desempeño que tienen los diversos actores que participan de estos expedientes, da cuenta a diario la información que publicamos en nuestro blog “Sin Corrupción”.

La afirmación respecto a que el convenio – presumiblemente conocido por los abogados al momento de firmar el juicio abreviado en cuestión- pudo haber implicado un beneficio económico entre las partes, es completamente falsa y representa una muestra clara de las formas asumidas por el estudio jurídico que es parte de la polémica suscitada. La alegación de que no nos comportamos neutralmente en nuestra función en el acuerdo –por haber suscripto ese convenio- también es inapropiada.

Nuestro rol en la audiencia en la que se firmó el acuerdo entre los acusados y la fiscal fue extremadamente acotado. Solo nos limitamos a observar ese acto procesal, sin haber efectuado ningún tipo de consideración. En este sentido, el agravio denunciado por los abogados firmantes, es inexistente.

En nuestro país, la corrupción y el delito económico han causado daños valuados en por lo menos 13 mil millones de dólares, sin que hasta el presente se haya podido recuperar parte significativa del mismo. El convenio de colaboración aludido tuvo y tiene como misión, contribuir al desarrollo de una política pública anticorrupción basada en la recuperación de activos de origen ilícito y, por ende, orientada hacia la reparación del daño social causado por la criminalidad económica y la corrupción. Los esfuerzos realizados, en ese caso, por la fiscal de juicio Sabrina Namer, permitirían recobrar 18 millones 286 mil pesos.

Seguramente el enojo de estos abogados, sea el reflejo de haber tocado un nervio sensible del poder económico en nuestro país. Es a la vez, la mejor prueba de los buenos resultados de los efectos preventivos que una política de recuperación de activos bien implementada genera en la difícil tarea de reducir la corrupción, y reparar el daño social producido por este tipo de criminalidad.

No es nuestra intención continuar con un debate que a esta altura resulta estéril en relación con las deudas que mantiene nuestro país en las materias que nos ocupan. Sin embargo, hacemos saber a quienes se interesan por estos asuntos, que no nos dejaremos amedrentar por esta clase de acusaciones. De acuerdo al art. 13 de la Convención Internacional contra la Corrupción, las ONGs tienen un rol clave en materia anticorrupción.

Seguiremos realizando nuestra labor, independientemente de los obstáculos que se nos pongan enfrente, especialmente de quienes lo advierten como una amenaza al contexto de impunidad reinante en nuestro país. Argentina es uno de los países del mundo con menor cantidad de condenas por estos delitos.

El abuso recursivo y el aprovechamiento de las falencias del sistema jurídico por parte de algunos abogados defensores es una de sus causas. Continuaremos con la tarea de explicitarlo y hacerlo saber a todas las víctimas de la corrupción, es decir, el resto de la sociedad.

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Preocupación por denuncia contra abogados de ONG

Buenos Aires, 5 de enero de 2010.- Frente a la denuncia realizada ante el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal por los Dres. Julio Virgolini, Mariano Silvestroni y Adrián Malloney contra integrantes de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (CIPCE), expresamos nuestra preocupación ante este acto que restringe la libertad de expresión y pone en tela de juicio la posibilidad de monitorear los procesos de casos de corrupción por parte de organizaciones de la sociedad civil.
La denuncia, que fue dirigida contra los abogados Alberto Binder, Claudio Castelli, Pedro Biscay, Ezequiel Nino y Camila Blanco, constituye un desafortunado episodio en el conflicto público que los letrados denunciantes, representantes de personas condenadas en el caso IBM Banco Nación, mantienen con las ONG que monitorean el caso.
En diversas oportunidades pudieron leerse en el blawg sincorrupcion.wordpress.com, los juicios críticos fundados que expresaron las ONG tras la decisión de los condenados de recurrir el acuerdo -recaído en el marco de un juicio abreviado- que dio fin al proceso, así como las respuestas de los letrados, a las que las organizaciones dieron todo el espacio necesario.
Entendemos que esa crítica forma parte del derecho a la libre expresión y de las facultades legítimas de la sociedad civil de monitorear, difundir públicamente y evaluar críticamente los episodios de las causas penales de mayor relevancia pública.
En esa línea consideramos que una denuncia como la formulada:
- Tiende a limitar la labor de monitoreo de la sociedad civil.
- Busca atribuir una inadmisible responsabilidad personal a sus miembros por las posiciones institucionales legítimas de las organizaciones.
- Desvirtua y banaliza la potestad de contralor disciplinario del Colegio Público de Abogados.
Por lo tanto, instamos a los abogados denunciantes a entender que el análisis de la labor profesional del abogado puede formar parte del debate de ideas y a admitir que, tras haber participado de ese debate en pie de igualdad con las ONG, no se puede pretender saldar ahora esa disputa reclamando la atribución de responsabilidades disciplinarias contra sus antagonistas en la discusión.

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