Ley de acceso a la información: con media sanción pero a punto de perder estado parlamentario

Patético año parlamentario el 2011, de los peores que se recuerden en la historia de la casa de nuestros representantes. Casi no hubo sesiones en ambas Cámaras y muy pocos proyectos sancionados relevantes y desde acá hasta el 30 de noviembre de es muy difícil que se traten temas importantes. De hecho, es probable que el Presupuesto Nacional sea votado en sesiones extraordinarias.

A contramano de lo que pasó en Brasil hace una semana, nuestro Congreso no sancionará tampoco este año una ley de acceso a la información. Para peor, perderá estado parlamentaria la media sanción conseguida con mucho esfuerzo el año pasado.

En efecto, el proyecto sancionado en septiembre de 2010 por el Senado dela Nación-recordemos que ambas Cámaras se disputaban la sanción y finalmente los senadores llegaron primero-.

De esta manera, habrá que comenzar todo el trabajo nuevamente, un nuevo texto debe tratarse primero por una Cámara y después por la otra. Esta será la tercera vez que un proyecto de acceso a la información pública tiene tratamiento en el Congreso dela Naciónargentina, avanza en las dos cámaras, y no consigue convertirse en ley. El primer proceso comenzó en 2001 y cayó en 2005. El segundo comenzó en 2009 y termina ahora.

Agradecemos desde aquí a los señores/as parlamentarios/as por las gestiones realizadas para que los ciudadanos tengamos el privilegio de contar con una norma que nos permita pedir información pública a todos los poderes del Estado sobre los temas que nos atañen porque, supuestamente, el Estado es de todos y no solo de los funcionarios que trabajan allí. Lamentablemente el esfuerzo realizado por nuestros representantes no fue suficiente y tendremos que seguir esperando. Otra vez será.

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Corrupción y aborto

En casi todos los temas en los que -en nuestro país- uno asoma las narices, encuentra una relación ineludible con la corrupción.

En el aborto, esto es muy claro. Se suele hablar de la desigualdad existente entre el tratamiento que se les prodiga a las mujeres ricas en relación con las pobres y la injusticia que ello conlleva. El hecho de que las mujeres ricas puedan abortar casi de la misma manera que lo harían si fuera legal es solamente producto de la corrupción entre funcionarios públicos, policías, médicos y otros actores. De todas maneras, esta descripción no debe interpretarse como un alegato para que se persiga esas actividades si no como un ejemplo sobre el desigual impacto de la corrupción entre uno y otro estrato social.

Cada vez que se produce un hecho de corrupción hay dos partes que ganan (los que participan) y dos que pierden (el Estado y los particulares que no participan). Los pobres están entre los que pierden. En primer lugar, porque su escasez de recursos hace menos probable que puedan participar de hechos de este tipo y porque su falta de contactos personales relevantes o su menor comprensión del sistema legal vigente los hace menos proclives a ser parte de ellos. En segundo lugar, porque los fondos del Estado suelen aplicarse a la mejora de las condiciones de los pobres y su nivelación con los ricos. Los pobres son quienes van a hospitales públicos, escuelas públicas, no tienen seguridad privada, utilizan el transporte público, etc. etc. Cada vez que el Estado pierde, suelen perder ellos.

Pero volviendo al aborto, el 1 de noviembre de este año, el Congreso Nacional de nuestro país debatirá por primera vez de manera formal diversos proyectos sobre despenalización del aborto. Primero lo harála Comisión de Derecho Penal, luego se circulará el proyecto por las restantes comisiones involucradas y finalmente, eso esperamos, se elevará ala Cámara correspondiente para su aprobación. El proyecto que parece tener más posibilidades se conoce como el de “aborto libre, seguro y gratuito” y cuenta con el respaldo de alrededor de cincuenta diputados nacionales.

En definitiva, ésta no solo representa una histórica oportunidad para la defensa del derecho a la autonomía de la mujer sino también, entre otras cosas, para eliminar un nicho de corrupción.

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La voz del pueblo

Una noticia de Diario Judicial da cuenta de una buena iniciativa de la senadora entrerriana Blanca Osuna. Se trata de un proyecto que cuenta con el visto bueno de la Comisión Interpoderes y tiene el destacable propósito de “contribuir a superar dificultades surgidas en la administración de justicia en los juzgados donde se tramiten causas de delitos de lesa humanidad”.

Se propicia para ello la participación de la sociedad civil para garantizar los progresos en las causas judiciales. “Funcionará como ámbitos de control ciudadano en el avance o dilación de las causas”, sostuvo la senadora.

En ese sentido, podrán solicitarse auditoria a la Comisión Interpoderes mediante solicitud de los querellantes, víctimas u ONGs de Derechos Humanos.

La iniciativa, reiteramos, es encomiable. Sin embargo, sería bueno extender el alcance del proyecto (con participación de la sociedad y auditorias sociales) al seguimiento de las causas por corrupción.

Hace unos cuantos años, mucho antes del re-impulso que le dieron a las causas de lesa humanidad con la anulación de las leyes del perdón, la impunidad fue la razón central por las cuales se aceptó a las organizaciones de derechos humanos como querellantes. Mucho después el Poder Legislativo modificó 82 bis del Código Procesal Penal.

En materia de casos de corrupción la situación de impunidad es similar a aquella que tenían las causas de lesa humanidad hasta el 2004. Los tres Poderes del Estado deberían poner en su agenda la cuestión, tal vez empezando por el reconocimiento de las organizaciones respecto a su derecho a participar de esos expedientes judiciales.

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Comunicado de CIPCE sobre proyecto lavado de activos

El Centro De Investigación y Prevención dela Criminalidad Económica(CIPCE) solicitó a los Senadores de la Nación que aprueben el dictamen de lavado de activos sancionado en la Cámara de Diputados.

Estando próxima la visita del GAFI, consideramos que el Senado debería hacer ley dicho proyecto de manera urgente, a fin de que Argentina no sea evaluada negativamente y pase a la lista gris de países no cooperantes.

Nuestro pedido se ajusta no solo a la urgencia ante la visita inminente del GAFI, sino también a que dicho proyecto cuenta con los estándares internacionales en materia de lavado de activos y es acorde a las exigencias de ese organismo. El mismo incorpora distintas modificaciones en el tipo penal, dotando al delito de lavado de activos de una máxima autonomía tanto del delito precedente como así también del encubrimiento. La creación de un nuevo bien jurídico como es el orden económico y financiero y la ubicación del delito de lavado de activos dentro del mismo no dejan dudas al juez, de que la comisión de este tipo de conductas tiene una afectación a un bien jurídico particular y que no es precisamente la administración de justicia. Dicha modificación recepta la evolución del derecho comparado en esta materia.

En esta misma línea se incorpora también la posibilidad del autolavado. De este modola Argentinapodrá obtener mayores condenas en materia de lavado de activos, puesto que está demostrado que no en todos los delitos hay una división de tareas entre el que comete el delito y el que legitima los bienes. Un ejemplo claro de esto son los delitos de corrupción,  el mismo que comete el delito precedente es el mismo que luego realiza distintas operaciones comerciales a fin de darle apariencia legal a los bienes obtenidos ilícitamente. Con esta modificación, el tipo penal se acerca más a la realidad criminal Argentina, permitiendo una persecución más eficaz.

Proyecto aquí.

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Ley antilavado

La  cámara de diputados se apresta a aprobar una ley antilavado. Como lo venimos diciendo, los incentivos radican en la presión internacional ejercida por el GAFI y el temor a que el país sea incluido en la lista de los estados que amparan el dinero proveniente del narcotráfico, la corrupción y la evasión impositiva. Si ese contexto internacional no existiera, seguiríamos discutiendo por años, décadas y lustros sin que el Congreso se aboque a penalizar adecuadamente este tipo de situaciones.

Hay tres proyectos: uno del Frente para la Victoria, otro del denominado Grupo “A” y otro del Proyecto Sur. Seguramente, en el recinto -y dado que el oficialismo tiene un apuro muy concreto en esta oportunidad- deberán consensuar entre, al menos, el primer y el segundo espacio político. En los cuadros que se adjuntan presentamos los proyectos y se resumen las diferencias entre unos y otros.

Esperemos que los espacios políticos demuestren suficiente amplitud y generosidad para que la norma que se apruebe sirva para que el lavado se convierta en una actividad perseguida, en lugar de una permitida y fomentada como ocurre hasta ahora.

 

Proyectos

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