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Posts etiquetados ‘Transparencia’

La Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa, que agrupa a varias ONG, nos hace llegar el informe que a continuación adjuntamos. En él se indaga sobre el régimen de presentación y publicación de las declaraciones juradas de patrimonio y de intereses de los legisladores de los países miembros de la Red.

Se destaca la mala evaluación del país, señalándolo entre las experiencias que atentan contra la transparencia legislativa.




Publicado por ACIJ

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El pasado domingo 30 de octubre se votó en Colombia por gobernadores de los departamentos (provincias), alcaldes (intendentes) de los municipios, concejos municipales y diputados departamentales. Estas elecciones se presentaron como un escenario propicio para reacomodar o consolidar los poderes regionales legales o ilegales. Es a nivel local donde en realidad se disputa el control territorial ya que el proceso de descentralización del Estado, iniciado con la Constitución Política de 1991, dio bastante  autonomía  económica y política a los municipios con la intención de facilitar la gobernabilidad del país.

En una nota anterior[i] habíamos advertido acerca de las denuncias de corrupción, nexos entre candidatos/as con paramilitares y hechos de violencia que se presentaron durante las campañas y que se podrían dar en los comicios. Si bien el domingo se conocieron pocos hechos violentos por parte de grupos armados ilegales, en 31 municipios se registraron fuertes protestas por los resultados electorales. El caso más preocupante se dio en El Paso, departamento del Cesar donde se denunció que un joven de 20 años fue asesinado por la policía cuando esta pretendía controlar a los manifestantes que denunciaban fraude electoral[ii].

Las alianzas consolidadas entre líderes tradicionales, grupos ilegales y candidatos/as dieron sus frutos en algunas zonas del país. Tal es el caso del departamento de La Guajira donde el gobernador electo fue Juan Francisco Gómez del partido Cambio Radical, este es aliado de Marcos Figueroa actualmente prófugo de la justicia por narcotráfico. También es para destacar el triunfo de Luis Miguel Cotes en la gobernación del Magdalena. A Cotes el Partido Liberal le había retirado su aval debido a los apoyos cuestionados que tenía. Sin embargo, se lanzó como candidato independiente y logró ganar con el apoyo del ex gobernador Trino Luna condenado por parapolítica[iii]. Entonces si hablamos de ganadores en estas elecciones podemos decir que, como se esperaba, ganaron los candidatos/as con alianzas cuestionadas y los que se lanzaron de manera independiente con firmas de los ciudadanos/as (esto porque en la mayoría de los casos no habían recibido aval de ningún partido por sus alianzas inconvenientes).

En lo que respecta a Juan Manuel Santos, él puede estar satisfecho con los resultados electorales del domingo ya que su partido (el partido de la U) salió fortalecido, en especial los/as candidatos/as más cercanos/as a él. La actitud conciliadora de Santos con el alcalde electo de Bogotá, Gustavo Petro,  ayuda también a mantener su buena imagen a nivel internacional pues se puede leer como una actitud “progresista” acoger el triunfo de un ex guerrillero del M-19[iv].

Podemos referirnos además a algunos hechos positivos que hasta el sábado 30 de octubre eran impensables. En el municipio de Magangué ganó la alcaldía Marcelo Torres frente a Giovanny Meza, el candidato de alias “La Gata”, quien maneja las apuestas en el departamento de Bolívar y está siendo investigada por nexos con paramilitares. Además, en el municipio de Bello, Antioquia, el resultado fue inesperado porque ganó el voto en blanco como un acto de protesta en contra del único candidato a la alcaldía quien estaba apoyado por Óscar Suárez, quien está en la cárcel actualmente por alianzas con paramilitares. Nombramos estos hechos positivos aunque quedan algunos otros por destacar (ver www.votebien.com)

Lo que viene entonces es buscar un reagrupamiento de los sectores de izquierda que salieron bastante golpeados en estas elecciones y mantener una actitud crítica frente al gobierno de Santos, fortalecido con estos resultados. Además es necesario mantener el seguimiento a las nuevas administraciones para denunciar la injerencia de los grupos ilegales en los gobiernos, la desviación de dineros públicos y la persecución a líderes de oposición. Esto por nombrar solo algunas de las situaciones que nos deben preocupar en adelante.


[iii] Parapolítica: es el nombre que los medios de comunicación masivos le otorgaron a las alianzas entre políticos y paramilitares, las condenas de la justicia en estos casos se dan generalmente por el delito de “concierto para delinquir”.

 

Publicado por ACIJ

[iv] M-19: Movimiento 19 de abril fue un grupo insurgente que lleva su nombre por el 19 de abril de 1977como protesta al fraude electoral de esa fecha. Fue la única guerrilla urbana en Colombia y se desmovilizó en 1990 conformando el movimiento político Alianza Democrática AD- M19 ya disuelto. Gustavo Petro militó en este grupo insurgente durante la década de los noventa.

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Por Verónica Tarzia

De reciente publicación, el libro de José Massoni (“Estado de la corrupción enla Argentinay en el mundo. 1990-2011”, Editores del Puerto, 2011),  que contiene un análisis del estado de la corrupción enla Argentinaen las diferentes gestiones de gobierno desde1999 ala actualidad, y que también se apoya como respaldo histórico en la experiencia de corrupción sistémica que instalaron los operadores del modelo neoliberal en la década de los noventa, es una invitación a pensar nuevamente la transparencia como política pública, con el eje puesto en la recuperación del Estado que se plantea desde el 2003.

Lo novedoso de abordar el fenómeno de la corrupción desde la perspectiva de su gestación e impacto en los modelos económicos es que rompe con la aparente neutralidad con la que tradicionalmente se han presentado las políticas de transparencia, desde los instrumentos internacionales que las regularon y desde el discurso de los principales promotores de estas políticas en el orden local y regional. Aún más, el desafío que surge de estas reflexiones, es el de cuestionar estructuralmente los cimientos sobre los cuales se ha instalado el valor de la “transparencia” y generar otros nuevos y propios al estadio actual de nuestro desarrollo. Entiendo aquí cuestionar en el sentido de darle un proceso de ideologización a este valor y dotarlo de técnicas –políticas, normativas e institucionales- apropiadas para su puesta en práctica dentro del proyecto nacional. Si se liderara con éxito esta tarea en Argentina se podrían generar nuevos debates de índole regional en la materia y la unión de países del sur podría forjar su propia experiencia.

Repasemos algunos fundamentos de esta hipótesis.

En general, la “transparencia” fue abrazada como principio republicano por los sectores neoinstitucionalistas. Concordando con la idea del Estado regulador entre actores sociales en pugna, el diseño y la ejecución de las políticas de transparencia se afianzaron en la instalación de controles externos, de carácter ex post, con hincapié en el instrumento de la denuncia voluntaria u obligatoria en el caso de funcionarios públicos y la investigación en el terreno judicial.

Las leyes y los organismos anticorrupción enla Argentinase han basado en la sospecha hacia el Estado y en la creencia de su sumisión al poder económico. El sistema penal se hizo robusto en normas que pretendían perseguir los actos de corrupción tangenciales (accesorios) de un sistema económico con altos índices de corrupción que nunca fue analizado en forma sistémica. Así, un Estado legítimamente activo, regulador, presente en el sistema económico, es objeto del mismo tratamiento que uno con políticas diametralmente opuestas. El punto aquí es que esta homogenización de la regulación anticorrupción, podría esconder el interés de organismos multilaterales y países centrales, en que las políticas públicas (en materia económica) sean efectivamente uniformes y hegemónicas.

Por otro lado, la denuncia perdió su valor moral para transformarse en un instrumento de ataque político y figuración mediática. Igualmente, la performance del Poder Judicial -siempre cruzado por intereses de clase y por inocultables lazos con los poderes económicos- en materia de investigación de delitos económicos (aquellos de corrupción son sólo una especie de ellos) es vergonzante. En conclusión, la lógica del control social a través de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la denuncia y la condena judicial no han solventado una política de transparencia desde el Estado.

Finalmente, a nivel regional y global, en general, los mecanismos de seguimiento de las Convenciones contrala Corrupciónjamás evaluaron las condiciones políticas y socioeconómicas en las que se implantaban las políticas preventivas o sancionatorias de hechos de corrupción. En el sistema interamericano, a cada informe país le corresponde un breve resumen –casi enciclopédico- de la situación de ese Estado. En referencia a cada norma cuyo cumplimiento se evalúa, no se hace un examen crítico de su cumplimiento como un proceso de política pública (con niveles de regulación normativa, institucional y sustentabilidad política) y de las variantes que pueden ofrecer los distintos modelos políticos y económicos para construir sus políticas anticorrupción.

Para pensar en un cambio de paradigma, surgen algunas ideas.

Constituye un hito importante la definición que en materia de independencia económica y soberanía política han explicitado muchos gobiernos de la región para desprenderse de los mandatos de los países centrales que estructuraron mecanismos uniformadores. Esta es una línea de trabajo en política internacional que debiera profundizarse por el diseño de políticas de prevención y persecución de los actos de corrupción.

En el orden local, la conducción de la implementación de las políticas contra la corrupción debiera estar a cargo del mayor mando político posible. Los esfuerzos de prevención de la corrupción no debieran ir separados de los esfuerzos productivos de los organismos estatales. En este sentido, además de los mecanismos y organismos legales ya instaurados –a los que debiera darse un cambio fisonómico importante que revierta la tendencia que describí anteriormente- las políticas de transparencia podrían ser diseñadas y ejecutadas internamente por los entes estatales que actualmente encaran el desafío de la transformación del Estado. La formación política de los funcionarios y la apertura hacia los movimientos sociales con base territorial pueden contribuir a sustentabilidad de las políticas de transparencia.

Concretamente, las ideas que presento se pueden ilustrar con el caso de Bolivia, que dio una discusión de nivel constitucional para introducir en su nueva Constitución Nacional reformas relativas a la temática. Resaltan la inclusión de incompatibilidades y conflictos de intereses para ejercer la función pública, la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción y la retroactividad de la ley penal para su investigación, la obligación genérica de denunciar hechos de corrupción y los derechos de participación de la sociedad civil en la gestión pública. Además, el Presidente Evo Morales creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contrala Corrupción, con funciones políticas y potestades para impulsar mecanismos coordinados de transparencia en la gestión dela Administración Pública, además de la promoción de la adopción de los marcos normativos necesarios. Por supuesto, la inclusión de estos mandatos constitucionales fue posible debido a la decisión política de dar un cambio radical al proyecto de Estado y al alto grado de movilización de los actores sociales que apoyan esa transformación.

En conclusión, en Argentina existe una oportunidad histórica para afianzar la transparencia como valor democrático e igualitario y también para impulsar políticas autónomas y nacionales que lo implementen.

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En Chile el gobierno de Sebastián Piñera pareciera no generar más que descontentos en la sociedad civil. Sumado al conflicto estudiantil, cuya represión ha sido fuertemente denunciada, hoy las organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por un tema en el que hasta ahora el vecino país venía siendo un ejemplo: la transparencia.

Las organizaciones dedicadas al tema, a través de su vocero, el amigo de este blog Moisés Sánchez (Director Ejecutivo de Pro Acceso) manifestaron su preocupación por la “poca transparencia” en el proceso de nominación de los candidatos al Consejo para la Transparencia, creado por la ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información durante el gobierno de Michelle Bachelet.

Los consejeros apartados por Piñera son el  actual presidente Raúl Urrutia y el consejero Juan Pablo Olmedo,  quienes contaban con el apoyo del ámbito político y la sociedad civil dada la alta valoración de la gestión realizada en el Consejo.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo decidió no renovarlos en el cargo. Asimismo, Piñera no dio ninguna explicación sobre los criterios utilizados para proponer, a su vez, dos nuevos nombres que deberán ser ahora ratificados por el Senado.

Según el amigo Moisés Sanchez, esto podría derivar en  una “lucha de fuerzas entre posiciones y sectores” que desvíe el centro del debate de la transparencia.

Es por esto, que las organizaciones de la sociedad civil suscribieron una declaración pública en la que manifiestan su “profunda preocupación” por:

1. La falta de transparencia del procedimiento a través del cual el  Ejecutivo ha propuesto a los nuevos candidatos al Senado, lo que no ha permitido saber con antelación los antecedentes, méritos, experiencia en temas de transparencia y criterios que se tomaron en consideración para optar por dichos nombres.

2. La falta de participación de la ciudadanía, que no contó con un espacio de debate público, que permitiera recibir el aporte de todos los actores de la sociedad civil, lo cual hubiese permitido generar debate  abierto respecto de la nómina de nombres presentado.

3. La falta de consideración de criterios de experiencia en materias de transparencia y acceso a la información pública, derechos humanos y al factor de género en el reciente proceso de nominación de los candidatos.

Junto a esto manifiestan que existe la “necesidad de contar con mecanismos más abiertos, participativos y transparentes que permitan un mayor escrutinio público”. Las organizaciones firmantes son Fundación Pro Acceso, Ciudadano Inteligente, Corporación Participa, Corporación Humanas, Corporación Genera, Ciudad Viva, Fundación Defendamos la Ciudad y Red Territorios Ciudadanos.

Esperamos que ante un tema más fácil de resolver (dentro de todos los muchos que hoy lo ocupan), el Gobierno de Sebastián Piñera escuche el reclamo de la sociedad civil.

Publicado por ACIJ

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Es un tema bastante predecible pero no por ello deja de asombrar. Se trata del órgano que nos representa directamente a todos/as los/as argentinos/as, la Cámarade Diputados del Congreso de la Nación.

Ya ingresar al Anexo de esa Cámara va revelando lo que uno posteriormente va a enterarse. Pasillos sucios, oscuros, ascensores que no funcionan, oficinas desocupadas y cerradas, poquísima actividad laboral.

Entre otras muchas cosas de las que nos enteramos van algunos datos.

Sobre Internet: la página de la Cámara es completamente vetusta, desactualizada, sin información relevante del trabajo que se realiza. Las páginas de cada Comisión no se actualizan hace muchísimo tiempo salvo algunas excepciones como la de Asuntos Constitucionales (sin entrar a decir que muchas comisiones casi no se reúnen pese a que tienen la obligación reglamentaria de hacerlo).

Transparencia: nadie puede saber (ni siquiera algunos diputados que lo vienen solicitando hace tiempo) detalles de los viajes que efectúan los legisladores y los criterios para asignar los pasajes y los viáticos. Hay algunas versiones de pasillo que indican que a cada legislador le correspondería –por año- un viaje dentro de América Latina y uno a Europa, Asia o África. Sin embargo, no hay un mecanismo formal para solicitarlo y recibirlo sino que todo depende de la buena relación de cada uno y con su jefe de bloque.

También es oscura la cantidad de personas para designar que le corresponde a cada legislador cuando ingresa. Depende de una innumerable cantidad de factores: cuánta gente le asigna su bloque o cuantas personas de planta permanente desean trabajar para ese diputado (en general, suelen preferir ingresar al despacho de un legislador radical o justicialista, según nos comentó una diputada). Como comentario al margen, si todos los asesores fueran a trabajar a la vez no entrarían en los despachos que solo tienen lugar y computadora para dos de ellos.

Becas y subsidios: la última información que figura en la web sobre el detalle del destino de esos fondos es de 2006.

Sobre declaraciones juradas: si alguna persona pide las declaraciones juradas de todos los diputados no se las van a dar porque no tienen papel suficiente para imprimirlas. No hay ningún mecanismo para incluirlas en un soporte digital.

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En el marco del Proyecto “Hacia una cultura de cumplimiento en materia anti-corrupción: reorientando los incentivos a través de la acción colectiva”, el equipo de ACIJ-CIPPEC se reunió con representantes de la empresa Mercados Transparentes, una empresa dedicada a brindar servicios de información a proveedores del Estado, notificando mediante su portal web o vía e mail las novedades de oportunidades de contrataciones.

La empresa releva diariamente alrededor de 250 fuentes de información que se encuentra dispersa. Pese a que en otros países latinoamericanos esta información se encuentra centralizada en un solo sitio web, gratuitamente, accesible por la ciudadanía, los entrevistados aseguran que “Nosotros estamos a años luz de eso”. El sitio Argentina Compra aún tiene un sistema defectuoso y poca constancia en las publicaciones. La mera existencia y rentabilidad de esta empresa da cuenta de la falencia estatal al no proveer esta información de una manera accesible.

Persisten las disparidades entre diferentes jurisdicciones en la publicación de la información en sitios oficiales, especialmente en aquellas jurisdicciones que tienen limitado acceso a tecnología, siendo necesario recurrir a otros medios para notificar las licitaciones, viéndose claramente una relación directa – como característica básica del mercado en general – entre mayor difusión del aviso y del pliego y una mayor participación de oferentes, resultando en una baja de los precios.

A su vez, el sistema argentino está plagado de compras directas o por vías de excepción, por lo cual se acortan los plazos para las notificaciones y esto resulta en que “Sólo los jugadores que tienen mucha cintura y que están constantemente vendiendo, que se han presentado antes, que tienen todos los papeles, pueden presentarse, sino no llegan”.

Aún en los casos en los que las compras se realizan y convocan de manera transparente y difundida, siguen existiendo los “clubes de compras”, casos en los que los oferentes acuerdan determinadas condiciones y logran de esa manera, controlar los precios. Por tal motivo, resultaría conveniente contar con precios de referencia ya sean aportados porla SIGENo por empresas privadas que colaboren informando los precios promedio de los productos a adquirir.

Los oferentes suelen evitar las impugnaciones por miedo a represalias, a no ser invitados a futuras convocatorias. El miedo a la represalia funciona. Es una forma de coerción, una especie de autocensura jurídica.

En cuanto a las compras públicas en el ámbito de salud, se observa que las compras de hospitales son más chicas y suelen presentarse como oferentes droguerías y distribuidores, no los laboratorios grandes. Cuando el pedido lo hace el Ministerio de Salud, en general son licitaciones públicas, resultando en mayores plazos y mayor difusión. Esto depende no sólo del tipo de compra sino también del monto.

Es raro que los grandes laboratorios con patentes vayan directamente a venderle al Estado, Siempre lo hacen a través de un intermediario, porque hay ciertas prácticas que no están permitidas por los estándares internacionales que no se los permite.

La información, la transparencia, la difusión, no son garantía de que no haya corrupción. Un funcionario corrupto, si es muy inteligente y es un buen estratega, probablemente cumpla con todo esto y después encontrará otros mecanismos.

Aquellos funcionarios que desean direccionar la compra, aún existiendola Leyde Genéricos, utilizan otras técnicas para el direccionamiento de los pliegos, ya sea utilizando descripciones de los productos a adquirir que, si bien no designan directamente a una marca, sí solicitan determinadas especificaciones con las que sólo una o algunas pocas marcas pueden cumplir o mediante “compras en exclusividad” argumentando que el producto sólo puede ser provisto por un determinado proveedor.

“Tiene que ser un mercado accesible para más gente, no para unos pocos. Si se transparenta el mercado de compras públicas, entran más jugadores, se reparte más la torta, sin corrupción, sin necesidad de coimas”.

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En septiembre, cuando se reúna la Asamblea General de Naciones Unidas, se lanzará en una reunión en Washington DC una iniciativa liderada por Dilma Rousseff y Barack Obama que apunta a mejorar la calidad de la transparencia gubernamental en 75 países de todas las regiones del planeta. Para seleccionar a los estados participantes se adoptaron los índices establecidos bi-anualmente por la organización International Budget Project (ONG amiga y socio en diferentes proyectos de ACIJ).

El acuerdo entre Dilma y Obama se terminó de suscribir en el periplo que realizó el presidente de Estados Unidos a Brasil. Actualmente hay un comité integrado por nueve países (además de Brasil y EEUU han sido designados Noruega, India y México, Sudáfrica, Filipinas, Indonesia y el Reino Unido).

Del proyecto también participan organizaciones no gubernamentales como Transparencia Internacional, Open Society y la mencionada IBP. El proyecto apuntará a mejorar el acceso a la información pública, a promover iniciativas de open data (ámbitos desde los cuales los gobiernos publican proactivamente información relevante) y mejorar las posibilidades de las comunidades de participar y exigir accountability a partir del uso de esa información.

La crisis internacional llevó a que muchos gobiernos percibieran los riesgos del secretismo, tanto desde las agencias de implementación de políticas públicas como de las reguladoras y supervisoras de actividades privadas.

Recordemos que una de las claves de ese proceso que aún perdura fue la falta de apertura de las agencias reguladoras de las entidades financieras privadas.

En los próximos meses la iniciativa elaborará una Declaración con principios enumerando una serie de medidas que los gobiernos participantes deben adoptar a fin de mejorar sus instituciones de transparencia y prevención de la corrupción.

Lamentablemente, Argentina ha quedado fuera de la iniciativa global. Nuestras calificaciones, basadas en la falta de una ley de acceso a la información, en los retrocesos en esta materia acontecidos en los últimos años y en la falta de sanción de la corrupción han dejado al país fuera del grupo de estados más comprometidos en estas materias.

Sobre esto seguiremos hablando desde Sin Corrupción porque consideramos que hace a cuestiones institucionales fundamentales y porque vale la pena informar, desde aquí, sobre asuntos de los que no se ocupan los medios masivos.

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Les presentamos una iniciativa que nos hace llegar Poder Ciudadano y los invitamos a participar

Convertí tu celular en una herrramienta cívica. Sumate a “¿Quién te banca?”

Dinero y política son dos términos que suelen ir unidos. ¿Quién financia las actividades de cada candidato? ¿Quiénes los apoyan? ¿Con qué personas, empresas, sectores económicos asumen compromisos? La transparencia es esencial a la hora de elegir. Vos podés ayudar a que el financiamiento de campaña sea más transparente, simplemente sacando fotos con tu celular.

¿Notaste que, cuando aún faltan varias semanas para que comience el período de  campaña electoral las calles de tu barrio ya se llenaron de afiches promocionando a muchos políticos? Como sabrás, desde sus orígenes, Poder Ciudadano tuvo entre sus objetivos la promoción de acciones para lograr una mayor transparencia y el fortalecimiento de las instituciones políticas democráticas.

2011 es un año electoral clave y, por ende, nuestros desafíos se multiplican. Es por ello que, apelando a tu compromiso cívico, queremos invitarte a que te sumes y participes de nuestra iniciativa: ¿Quién te banca? Si bien entendemos como fundamental y valioso que, en el marco de nuestra democracia, exista una gran pluralidad y visibilidad de cada uno de los líderes de las distintas fuerzas políticas, también es sumamente importante saber que todos ellos buscan competir bajo un marco normativo de transparencia. En este sentido, la claridad en la procedencia y el uso de los gastos en esfuerzos publicitarios es esencial para monitorear los financiamientos de nuestra política.

¿De qué se trata la iniciativa?

De recolectar fotos digitales de los afiches de campaña electoral, de todos los dirigentes que hayan comenzado con acciones de visibilidad, en todas las ciudades de la Argentina.

¿Qué niveles o rangos de afiches de dirigentes entran en la iniciativa?

En esta iniciativa se incluye a dirigentes de todos los rangos, tanto de orden nacional como del nivel provincial o local.

¿Para qué desarrollamos esta iniciativa?

Gracias a las fotos digitales que nos envíen, de los afiches de cada uno de los dirigentes que ya hubieran comenzado con esfuerzos publicitarios, podremos apoyar el pedido de información que Poder Ciudadano va a mandar a cada uno de ellos para que nos detallen el origen y el destino de sus gastos en esfuerzos de visibilidad.

Poder Ciudadano defiende la participación ciudadana y el uso de las nuevas tecnologías para permitir que cada ciudadano convierta sus recursos tecnológicos en herramientas cívicas.

Por esto tu participación es tan importante.

Porque el cambio y el progreso deben impulsarse a partir de la acción ciudadana.

Porque tu acción es esencial para el futuro de la democracia.

¿Cómo participar?

Sacá fotos de los afiches de campaña electoral, con tu celular o tu cámara y:

* Mandalas a  comunicacion@poderciudadano.org

* Pegalas en nuestro muro de Facebook

* Tuiteala con el Hashtag #Quientebanca

!!MUCHAS GRACIAS POR SUMARTE!!

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Siguiendo nuestra tarea de monitorear distintos organismos públicos y echar luz sobre ciertos ámbitos que merecen ser examinados con mayor detenimiento por la sociedad civil, requerimos las declaraciones juradas de los Ministros del Poder Ejecutivo Nacional.

Hace pocos días recibimos los documentos así que estamos examinándolos con mayor detenimiento. Van algunos temas en los que nos gustaría ahondar. Cualquier aporte, como siempre, será bienvenido.

Las declaraciones juradas incluyen el valor fiscal y el de adquisición de las propiedades. En algunos casos, casi no hay diferencia entre cada uno de esos valores. Sin embargo, en numerosas jurisdicciones el valor fiscal es muy inferior al precio real. El caso de Juan Luis Manzur es el que más llama la atención. Posee 27 inmuebles, la mayoría de ellos adquiridos con ingresos propios durante su gestión en el Estado tucumano. Por ejemplo, es dueño de dos departamentos en propiedad horizontal enla Ciudadde Buenos Aires de 185 y 186 mts. cuadrados cada uno y el valor fiscal coincide con el precio de adquisición ($ 664.352 y 657.066). No solo es llamativo que sean iguales los valores fiscales y reales sino también que haya abonado en el año 2009 menos de mil dólares por metro cuadrado cuando casi en cualquier lugar de la Ciudad valía alrededor de mil quinientos dólares promedio.

Manzur también vendió 23 bienes inmuebles. Esa circunstancia (3 de ellos en Mendoza, 1 en Tucumán y el resto en Caseros, provincia de Buenos Aires, por un total de alrededor de 4 millones de pesos) seguramente habrá influido en su dedicación completa al Ministerio que comanda. Su vínculo con las ventas de esos inmuebles se asemeja más a un emprendimiento de construcción y venta que a una operación esporádica con algún bien.

La justicia federal de Tucumán investiga al Ministro por enriquecimiento ilícito. Los medios periodísticos de este año mencionaron que el patrimonio del Ministro ronda los $5 millones pero el cálculo ese es incorrecto y es más cercano a los USD 5 millones.

Por otra parte, algunos Ministros han tomado deudas ante organismos estatales. Boudou posee una deuda con el Banco Nación por $294.392 y Domínguez con el Banco Provincia de Buenos Aires por $148.884. A primera vista, resulta inadecuado haber tomado un préstamo de estas agencias pues podrían haber generado en esas oficinas una influencia indebida.

La Ministra Nilda Garré ha adquirido en 2009 varias especies de bonos públicos por un total de $450.000. Se ha dicho por diferentes vías –con razón- que no parece adecuado que los funcionarios de tan alta jerarquía adquieran este tipo de títulos públicos pues podrían beneficiarse con información privilegiada.  A su vez, Garré declara un ingreso de $118.320 en el año por ganancias del Registro Automotor que adquirió en 1989 pese a que explicita que se encuentra en uso de licencia desde 1995. Qué querrá decir que se encuentra en uso de licencia?

Florencio Randazzo no detalla las retribuciones obtenidas como socio de Tres S.R.L. (una constructora, una heladería y confitería y una inmobiliaria y constructora) pese a que el artículo 6to., inc. g) de la ley de Ética Pública así lo dispone.

Como dato de color, las declaraciones que Wikileaks le atribuyen a Boudou (en el sentido de que ama Estados Unidos y va dos veces por año a Aspen a esquiar y a California a esquiar) parecen tener sustento porque el Ministro posee en el 50% de la sociedad “Anónima Inversiones Inmobiliarias Aspen S.A.”.

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Alguna vez escribimos en este espacio sobre los “Héroes del Control”. Un comic elaborado por la Contraloría General de Colombia que tiene por objetivo acercar a niños y jóvenes a valores y conceptos relacionados con la ética y la transparencia en el ejercicio de la ciudadanía (primero) y el de la función pública (después).

También en este mismo espacio reclamamos que en nuestro país hubiera una mayor cantidad de políticas educativas que hicieran foco en la construcción de una ciudadanía comprometida con la ética y la lucha contra la corrupción. A nuestro entender, para lograr una sociedad (también un sistema político e institucional) con menos corrupción, es necesaria la participación de todos. La educación en valores es un pilar fundamental para ello. No es un antojo nuestro, es un paradigma ampliamente aceptado.

Por lo dicho, oportunamente elogiamos aquellos productos que la Oficina Anticorrupción realizó entre el 2005 y 2009. Entre ellos la publicaciones denominadas “Resetear la Sociedad” y  la campaña llamada “Y vos, qué?”. Para su elaboración se contó con el aporte de la Embajada Británica y profesionales destacados trabajaron en ella.

“Y vos, qué?” incluye un spot dirigido a jóvenes que apunta a interpelar al destinatario sobre la corrupción de pequeña escala. Aquella que se comete a diario, que muchas veces es menospreciada, pero suele ser el cultivo para tolerar o producir corrupciones mayores. Procura revisar la evaluación que los jóvenes hacen de esos pequeños actos que contrarían la legalidad. Al mismo tiempo, los estimula a preguntarse sobre el perjuicio que en el corto o largo plazo puede producir la corrupción.

Material como este no sólo es producido por la Oficina Anticorrupción Argentina o la Contraloría colombiana. Aquel paradigma al cual nos referimos, es asimilado por muchos organismos que trabajan –algunos más, otros menos- en materia de políticas de transparencia en todo el mundo. En muchos países iniciativas de este tipo son mucho más extendidas y difundidas.

En Argentina, hace poco el Ministerio de Educación acordó con la Oficina Anticorrupción acciones destinadas a transmitir este video entre los estudiantes secundarios. Nos alegramos de ello.

A la OA hay cosas para cuestionarle, aquí lo hemos hecho en más de una oportunidad. Sin embargo, en modo alguno puede decirse que la elaboración de este spot puede encuadrar en aquellas acciones a reprochar. Más bien todo lo contrario, estamos hablando de un paso adelante en una cuestión que es central.  

En este punto y de acuerdo a lo dicho, la nota (doble página) publicada en Clarín el viernes pasado, podría llamar la atención. El artículo sumamente crítico con la campaña y el spot, sin embargo, se hace entendible en el posicionamiento político que asumió el medio. La construcción de una idea y los argumentos que luego la sostengan resulta obvia.  

En el artículo se consulta a un especialista y a tres reconocidos abogados que atienden variadas cuestiones. Las palabras del especialista, favorable a la campaña, parecen sorprender al autor. Lo cual lo obliga a envolverlas en las expresiones del resto de los entrevistados. Estos, dejan en evidencia que el motivo por el cual son consultados no es su especialidad en la materia (claro está), sino aquella visión política que los pone en sintonía con lo que el cronista de ante mano quería decir. La voz autorizada a los postres y la conclusión delante de los caballos. Lo importante es el palazo, después buscamos los argumentos.  

Si por aquí a alguien se le ocurriera reproducir a los “Héroes del Control”, debería tener cuidado. No faltaría quien haga apología de la kriptonita. Una lástima.

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