Por Verónica Tarzia
De reciente publicación, el libro de José Massoni (“Estado de la corrupción enla Argentinay en el mundo. 1990-2011”, Editores del Puerto, 2011), que contiene un análisis del estado de la corrupción enla Argentinaen las diferentes gestiones de gobierno desde1999 ala actualidad, y que también se apoya como respaldo histórico en la experiencia de corrupción sistémica que instalaron los operadores del modelo neoliberal en la década de los noventa, es una invitación a pensar nuevamente la transparencia como política pública, con el eje puesto en la recuperación del Estado que se plantea desde el 2003.
Lo novedoso de abordar el fenómeno de la corrupción desde la perspectiva de su gestación e impacto en los modelos económicos es que rompe con la aparente neutralidad con la que tradicionalmente se han presentado las políticas de transparencia, desde los instrumentos internacionales que las regularon y desde el discurso de los principales promotores de estas políticas en el orden local y regional. Aún más, el desafío que surge de estas reflexiones, es el de cuestionar estructuralmente los cimientos sobre los cuales se ha instalado el valor de la “transparencia” y generar otros nuevos y propios al estadio actual de nuestro desarrollo. Entiendo aquí cuestionar en el sentido de darle un proceso de ideologización a este valor y dotarlo de técnicas –políticas, normativas e institucionales- apropiadas para su puesta en práctica dentro del proyecto nacional. Si se liderara con éxito esta tarea en Argentina se podrían generar nuevos debates de índole regional en la materia y la unión de países del sur podría forjar su propia experiencia.
Repasemos algunos fundamentos de esta hipótesis.
En general, la “transparencia” fue abrazada como principio republicano por los sectores neoinstitucionalistas. Concordando con la idea del Estado regulador entre actores sociales en pugna, el diseño y la ejecución de las políticas de transparencia se afianzaron en la instalación de controles externos, de carácter ex post, con hincapié en el instrumento de la denuncia voluntaria u obligatoria en el caso de funcionarios públicos y la investigación en el terreno judicial.
Las leyes y los organismos anticorrupción enla Argentinase han basado en la sospecha hacia el Estado y en la creencia de su sumisión al poder económico. El sistema penal se hizo robusto en normas que pretendían perseguir los actos de corrupción tangenciales (accesorios) de un sistema económico con altos índices de corrupción que nunca fue analizado en forma sistémica. Así, un Estado legítimamente activo, regulador, presente en el sistema económico, es objeto del mismo tratamiento que uno con políticas diametralmente opuestas. El punto aquí es que esta homogenización de la regulación anticorrupción, podría esconder el interés de organismos multilaterales y países centrales, en que las políticas públicas (en materia económica) sean efectivamente uniformes y hegemónicas.
Por otro lado, la denuncia perdió su valor moral para transformarse en un instrumento de ataque político y figuración mediática. Igualmente, la performance del Poder Judicial -siempre cruzado por intereses de clase y por inocultables lazos con los poderes económicos- en materia de investigación de delitos económicos (aquellos de corrupción son sólo una especie de ellos) es vergonzante. En conclusión, la lógica del control social a través de la participación de las organizaciones de la sociedad civil, la denuncia y la condena judicial no han solventado una política de transparencia desde el Estado.
Finalmente, a nivel regional y global, en general, los mecanismos de seguimiento de las Convenciones contrala Corrupciónjamás evaluaron las condiciones políticas y socioeconómicas en las que se implantaban las políticas preventivas o sancionatorias de hechos de corrupción. En el sistema interamericano, a cada informe país le corresponde un breve resumen –casi enciclopédico- de la situación de ese Estado. En referencia a cada norma cuyo cumplimiento se evalúa, no se hace un examen crítico de su cumplimiento como un proceso de política pública (con niveles de regulación normativa, institucional y sustentabilidad política) y de las variantes que pueden ofrecer los distintos modelos políticos y económicos para construir sus políticas anticorrupción.
Para pensar en un cambio de paradigma, surgen algunas ideas.
Constituye un hito importante la definición que en materia de independencia económica y soberanía política han explicitado muchos gobiernos de la región para desprenderse de los mandatos de los países centrales que estructuraron mecanismos uniformadores. Esta es una línea de trabajo en política internacional que debiera profundizarse por el diseño de políticas de prevención y persecución de los actos de corrupción.
En el orden local, la conducción de la implementación de las políticas contra la corrupción debiera estar a cargo del mayor mando político posible. Los esfuerzos de prevención de la corrupción no debieran ir separados de los esfuerzos productivos de los organismos estatales. En este sentido, además de los mecanismos y organismos legales ya instaurados –a los que debiera darse un cambio fisonómico importante que revierta la tendencia que describí anteriormente- las políticas de transparencia podrían ser diseñadas y ejecutadas internamente por los entes estatales que actualmente encaran el desafío de la transformación del Estado. La formación política de los funcionarios y la apertura hacia los movimientos sociales con base territorial pueden contribuir a sustentabilidad de las políticas de transparencia.
Concretamente, las ideas que presento se pueden ilustrar con el caso de Bolivia, que dio una discusión de nivel constitucional para introducir en su nueva Constitución Nacional reformas relativas a la temática. Resaltan la inclusión de incompatibilidades y conflictos de intereses para ejercer la función pública, la imprescriptibilidad de los delitos por corrupción y la retroactividad de la ley penal para su investigación, la obligación genérica de denunciar hechos de corrupción y los derechos de participación de la sociedad civil en la gestión pública. Además, el Presidente Evo Morales creó el Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contrala Corrupción, con funciones políticas y potestades para impulsar mecanismos coordinados de transparencia en la gestión dela Administración Pública, además de la promoción de la adopción de los marcos normativos necesarios. Por supuesto, la inclusión de estos mandatos constitucionales fue posible debido a la decisión política de dar un cambio radical al proyecto de Estado y al alto grado de movilización de los actores sociales que apoyan esa transformación.
En conclusión, en Argentina existe una oportunidad histórica para afianzar la transparencia como valor democrático e igualitario y también para impulsar políticas autónomas y nacionales que lo implementen.
Publicado por ACIJ
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