Mientras nuestro país se despierta a los resultados casi definitivos de la séptima elección presidencial consecutiva desde el retorno a la democracia, en Marrakesh (Marruecos) comienza otra Conferencia de Estados Partes a la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (la Cuarta), que se lleva a cabo cada dos años.
Cualquier observador ajeno al tema podría pensar que se trata de una fenomenal coincidencia en el año de la primavera del mundo árabe, pocos días después del asesinato de quien rigiera los destinos de Libia durante más de cuatro décadas y al tiempo que se van descubriendo enormes fondos ilegítimos de ex funcionarios públicos de esos países.
De hecho, la primavera árabe comenzó, en Túnez, por un hecho vinculado con la corrupción. Después de la muerte de su padre, Mohamed Bouazizi tuvo que salir a trabajar para mantener a su familia. Decidió instalar un puesto para vender frutas y verduras en la calle. Al poco tiempo, la policía le solicitó un soborno para poder continuar con su actividad. Mohamed Bouazizi pensó que eso iba contra sus principios éticos y sus mandatos religiosos musulmanes y se negó a aceptar el pedido. Su puesto fue decomisado y destruido. Mohamed Bouazizi se prendió fuego y encendió la revolución. Ayer domingo se llevaron a cabo las primeras elecciones democráticas en Túnez. La lucha contra la corrupción se convirtió en uno de los mensajes más transmitidos de este movimiento social en esta parte del planeta y que también se extendió a otros continentes.
Si uno tuviera que adivinar antes de llegar cuál sería el escenario de esta conferencia imaginaría un lugar céntrico rodeado de personas movilizadas reclamando mecanismos eficaces de prevención y sanción de hechos de corrupción, recuperación de activos, control de lavado de dinero y mayor participación de la sociedad civil. Esos son los temas de esta Conferencia y, a la vez, algunos de los planteos realizados hace diez días en muchas ciudades de diferentes continentes. Una presión pública de ese tipo tendría –sin duda- impactos muy concretos aquí. Si ello ocurriera, los delegados a la Convención deberían mostrar medidas significativas.
Nada de eso ocurre. La conferencia se realiza a quince kilómetros del centro de la ciudad, en un club de golf aislado, sin transporte público que acceda y en un área cerrada a cualquier persona no acreditada. Salvo algunas decenas de miembros de organizaciones dedicadas a estos temas a las que los delegados están acostumbrados y han incorporado a esta maquinaria burocrática, no hay ningún otro vínculo con otras víctimas directas de la corrupción y muy poca cobertura periodística nacional e internacional.
¿Cómo se explica esta discrepancia entre ese escenario imaginario y la realidad? ¿Se trata de fallas de organización de los movimientos sociales? ¿Éstos no han puesto en marcha aún alguna estrategia? ¿Consideran que este un ámbito donde nada puede concreto puede ocurrir y, por ende, no hay razones para invertir sus recursos escasos? ¿El sistema internacional al que pertenece la Conferencia tiene experiencia en aislar su labor de la presión social?
Para Argentina, las decisiones de la Conferencia deberían considerarse influyentes. Se trata de la interpretación del órgano pertinente sobre un tratado internacional con jerarquía superior a las leyes. Nos representan aquí Julio Vitobello –titular de la Oficina Anticorrupción-, Gerardo Serrano –Director de la Dirección de Políticas de Transparencia de la OA- y Eugenio Curia –Embajador a las Naciones Unidas. A Curia lo acaban de designar hoy representante del grupo de países de América Latina y en su discurso de presentación hizo hincapié en la necesidad de contar con mecanismos fuertes de participación de la sociedad civil y en la efectividad de instituciones regionales como la Convención Interamericana y la OLACEF (el órgano latinoamericano de entidades superiores de fiscalización).
La diplomacia tiene dinámicas, secretos y lógicas que resultan difíciles de comprender para quien no tiene experiencia en ella. En principio, y sobre todo en materia de corrupción –donde todos se muestran públicamente muy comprometidos y abiertos-, lo más relevante parece ser lo que ocurre fuera de las sesiones plenarios -las únicas a las que las ONGs tienen acceso pleno- y más que nada en los pasillos del amplio centro de convenciones. En los largos discursos se plantean principios muy genéricos y abstractos, sobre los que nadie podría estar en desacuerdo. La elegancia de los autos oficiales, trajes y vestidos, el lenguaje que utilizan los delegados y sus sonrisas y la formal ausencia de intereses contrapuestos hacen más difícil distinguir –comparado, por ejemplo, con los debates parlamentarios- las verdaderas discusiones detrás de los discursos formales y neutrales.
Algunos de los temas sobre los que se estima a priori que van a formar parte del debate real son la participación de las ONGs en las reuniones de los grupos de seguimiento y las visitas de los expertos a los países evaluados, la publicidad de esos informes de evaluación, los condicionamientos de los países receptores sobre la devolución de activos de corrupción y los mecanismos concretos sobre acceso a la información pública y control de lavado de dinero. Esto recién empieza y a lo largo de los próximos cinco días irá surgiendo el verdadero significado de esta reunión.
Publicado por ACIJ
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El lunes el Fiscal de Control administrativo, Julio Vitobello, presentó la situación de nuestro país en materia de prevención y sanción de la corrupción. Fue una buena oportunidad de conocer algo del pensamiento de este funcionario, que generalmente tiene muy bajo perfil.
