Descargo de CIPCE ante la denuncia de Virgolini y Cía.

A continuación les presentamos los descargos de los abogados de CIPCE Pedro Biscay, Alberto Binder y Claudio Castelli ante la denuncia formulada por Virgolini y Cía en el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados.

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Comparaciones odiosas

Archi conocido por los seguidores de Sin Corrupción es el debate con Virgolini, Maloneay y Silvestroni.  La historia es fácilmente rastreable en la blogósfera. También sería sencillo ubicar información sobre la denuncia que estos abogados hicieron contra profesionales de ACIJ y CIPCE en el Colegio Público de Abogados de esta ciudad destinada a hacerlos callar en los estrados judiciales. Allí se acabó cualquier posibilidad de debate entre unos y otros. Lo que nos interesa comentar hoy es la denuncia que también hicieron estos defensores de los acusados en el juicio IBM/ Banco Nación contra la fiscal Sabrina Namer.

Como seguramente recordarán la historia es así: la fiscal y las partes firmaron, en noviembre del año 2009, la abreviación del juicio, lo cual devino en una sentencia condenatoria que implicó el pago de 4 millones y medio de dólares, la reducción de la condena y el reconocimiento de los hechos. Sin embargo, en junio de 2010 la defensa presentó un recurso de casación contra el acuerdo que ellos mismos suscribieron por considerar prescripta la acción penal.

 

Según manifiestan Virgolini, Maloneay y Silvestroni en la denuncia que presentaron contra la fiscal ante el Procurador General, a raíz del recurso de interpuesto contra el abreviado, Namer ejecutaría “por sí misma y sin intervención del Tribunal una medida coactiva  discriminatoria en contra de un conjunto de abogados (los suscriptos y tres integrantes del Ministerio Público de la Defensa), consistente en comunicar a todos los Fiscales lo que ella considera una conducta desleal”. A partir de este hecho es que denuncian estar siendo perseguidos, se consideran parte de una lista negra, y dicen sentirse víctimas del deseo de castigo de quienes tienen “pulsiones punitivistas”. Además, en la denuncia aluden a intereses poco claros –reñidos con supuesta transparencia alegada en el acta- en la incorporación de ACIJ y CIPCE en el acuerdo IBM-Banco Nación.

 

Decir que esta denuncia parecería ser un pasaje de alguna tragedia Shakesperiana, que bien podría decirlo Hamlet, embargado por el odio hacia la traición de su tío y su madre podría sonar como una tomada de pelos. Pero como en la denuncia en cuestión, se cita a Shakespeare para graficar el desprecio hacia los abogados que pugnan por limitar el poder punitivo del Estado (refiriéndose a ellos mismos), y se menciona que los representantes de Estado autoritario serían felices si no existieran estos defensores de las garantías (devuelta aludiendo a ellos mismos) que impiden que se torture a los imputados en aras de llegar a la Verdad (así con mayúscula), nos tomamos la libertad de hacer la comparación. No señores ¡no exageramos!

 

Así está escrita la denuncia. Y eso tal vez pueda generar la sonrisa en algún lector desprevenido. Pero cuando seguimos leyendo y vemos que se nos ofrece un link a una página en la que se exponen los nombres de los abogados y abogadas desaparecidos en la última dictadura militar la cosa cambia de color. Los denunciantes asimilan la difusión de lo ocurrido en el caso IBM-Banco Nación a la persecución de abogados en tiempos de la dictadura. Ellos mismos se sienten perseguidos.

 

Pareciera que hay algo en Virgolini, Silvestroni y Maloneay que les da la impunidad de semejante comparación sin ponerse colorados. No es sólo el cinismo, debe ser algo más. Hay algo de auto convencimiento que resulta sorprendente. Efectivamente puede que se crean como Ortega Peña, Centeno o Vendrell. Tal vez es lo que han querido ser sino fueran aquello en que se han convertido. Compararse con abogados y abogadas detenidos, torturados, violados y desaparecidos es obsceno. No cabe otro calificativo. Sus vidas, sus historias, sus acciones, no hay nada que les permita semejante acto.

 

Por suerte la denuncia fue desestimada. El Procurador General, el Dr. Righi sostuvo que no encontró conducta reprochable alguna que se le pueda imputar a la fiscal, que no considera inapropiado el que advierta a sus colegas acerca del comportamiento con el que pueden encontrarse al acordar con estos abogados y que las acusaciones con respecto a la participación de ACIJ Y CIPCE carecen de sentido, puesto que el acuerdo fue por ellos refrendado sin que se hubiera hecho mención alguna al asunto.

 

Explicar por qué es improcedente hacer lugar a una denuncia de persecución, que alega la construcción de listas negras de abogados o que asimila lo ocurrido en el caso a la situación vivida por compañeros desaparecidos, sería darle demasiada relevancia a un (esperemos) desafortunado comentario efectuado por abogados profundamente comprometidos con los valores democráticos, con las garantías del debido proceso y la defensa de los derechos humanos. Todo abogado que se precie de tener los valores antes mencionados sabe, reflexionando unos instantes, que si tenés un estudio bastante conocido, si ejercés tu profesión con éxito, si caminás por la calle tranquilo, ejercés tu derecho de libertad de expresión ¡y te publican en el blog al que te enfrentás! no tenés nada que ver con un desaparecido ¿no? ¡¿No?!

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Contadores Forenses sobre la denuncia de Virgolini y Cía.

Denuncia en el Colegio Público contra abogados de ONGs

Luego de 16 años de trámite, en el marco de la causa IBM-Banco Nación se celebró un acuerdo de juicio abreviado entre la defensa y la fiscalía, con la presencia de las ONGs ACIJ y CIPCE.
Homologado el acuerdo por el Tribunal Oral, la defensa procedió a recurrirlo ante la Cámara Nacional de Casación Penal. No parece congruente que la defensa recurra el acuerdo que previamente suscribió.
Las ONGs se opusieron al recurso planteado por la defensa.
Esa presentación motivó que los abogados defensores realicen una denuncia en el Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal contra los abogados de las ONGs, por algunos términos utilizados.
En nuestra opinión esta denuncia no tendría la significación que se le quiere asignar y probablemente podría ser rechazada. No se advierten expresiones que meriten sanción alguna. Con esta denuncia se intenta correr el eje central de la cuestión y poner en el banquillo de los acusados a los infatigables profesionales que velan por los intereses de la sociedad. ¡Vaya paradoja!
Conozco a algunos de los abogados de las ONGs y los sé incapaces de transgredir toda norma. Su desempeño es un ejemplo de ética y civilidad.
El prestigioso tribunal del Colegio Público seguramente pondrá las cosas en el lugar que corresponde y no permitirá que se lo pretenda utilizar como factor de presión a quienes ejercen dignamente la profesión de abogados.
Ahora bien, sabemos que el transcurso del tiempo juega a favor de los involucrados en las acciones criminales de la causa IBM-Banco Nación, pero entendemos que no debe confundirse el legítimo uso de las garantías con el exceso o el abuso. Allí dirigimos nuestro reproche a los profesionales de la defensa.
Propiciamos una pronta resolución ante el Tribunal de Disciplina. Aunque es de esperar que los denunciantes también recurran toda resolución, pues esa parece ser una constante.

Creemos que llegó la hora de diferenciar entre uso y abuso de los derechos.

Alfredo Popritkin, contador público
Presidente de Contadores Forenses ONG

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Carta abierta de ACIJ y CIPCE

Julio Virgolini, Adrián Maloneay y Mariano Silvestroni solicitaron derecho a réplica al comunicado institucional que Poder Ciudadano emitió a raíz de la denuncia que estos tres abogados presentaron en el Colegio Público de Abogados contra los directivos y abogados de ACIJ y CIPCE por su intervención en la causa “IBM/Banco Nación”.

Dicha réplica fue publicada en la página de Poder Ciudadano y en el blog NO HAY DERECHO. Allí se efectúan una serie de manifestaciones falsas que nos gustaría clarificar de cara a la opinión pública y la comunidad académica.

En el punto “9” de la réplica sostienen que ACIJ, CIPCE y el Ministerio Público de la Nación, mantuvieron oculta la existencia de un convenio de colaboración durante la instancia de juicio abreviado. Asimismo, dejaron entrever sobre la existencia de nexos no públicos y posibles beneficios económicos para las organizaciones que de allí surgiría. En ese sentido, sugieren que Poder Ciudadano debería investigar si la celebración del convenio de colaboración implicó algún acuerdo económico entre las partes.

Sobre el asunto, debemos decir lo siguiente: La firma del convenio tuvo carácter público, y desde el momento de su rúbrica, se encuentra publicado en el sitio web del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y en las páginas de Internet de ACIJ y CIPCE. No hay otro contenido que lo que allí se expresa. Dicho convenio es el resultado de años de trabajo de monitoreo y crítica respecto de la labor desempeñada por el Ministerio Público y el Poder Judicial, en causas de criminalidad económica a través del seguimiento público de los principales expedientes donde se investiga la corrupción pública y privada. Se trata de casos -todos ellos- que han dañado la institucionalidad de nuestro país y el patrimonio del Estado Nacional.

Es una práctica habitual –en muchos países del mundo- que los organismos públicos que promueven el avance de la investigación sobre hechos de corrupción, firmen acuerdos de colaboración con organizaciones no gubernamentales. Ello no implica, de ningún modo, un respaldo –por parte de las ONGs- de la actuación del Ministerio Público ni de éstos hacia los primeros. De la posición crítica sobre el desempeño que tienen los diversos actores que participan de estos expedientes, da cuenta a diario la información que publicamos en nuestro blog “Sin Corrupción”.

La afirmación respecto a que el convenio – presumiblemente conocido por los abogados al momento de firmar el juicio abreviado en cuestión- pudo haber implicado un beneficio económico entre las partes, es completamente falsa y representa una muestra clara de las formas asumidas por el estudio jurídico que es parte de la polémica suscitada. La alegación de que no nos comportamos neutralmente en nuestra función en el acuerdo –por haber suscripto ese convenio- también es inapropiada.

Nuestro rol en la audiencia en la que se firmó el acuerdo entre los acusados y la fiscal fue extremadamente acotado. Solo nos limitamos a observar ese acto procesal, sin haber efectuado ningún tipo de consideración. En este sentido, el agravio denunciado por los abogados firmantes, es inexistente.

En nuestro país, la corrupción y el delito económico han causado daños valuados en por lo menos 13 mil millones de dólares, sin que hasta el presente se haya podido recuperar parte significativa del mismo. El convenio de colaboración aludido tuvo y tiene como misión, contribuir al desarrollo de una política pública anticorrupción basada en la recuperación de activos de origen ilícito y, por ende, orientada hacia la reparación del daño social causado por la criminalidad económica y la corrupción. Los esfuerzos realizados, en ese caso, por la fiscal de juicio Sabrina Namer, permitirían recobrar 18 millones 286 mil pesos.

Seguramente el enojo de estos abogados, sea el reflejo de haber tocado un nervio sensible del poder económico en nuestro país. Es a la vez, la mejor prueba de los buenos resultados de los efectos preventivos que una política de recuperación de activos bien implementada genera en la difícil tarea de reducir la corrupción, y reparar el daño social producido por este tipo de criminalidad.

No es nuestra intención continuar con un debate que a esta altura resulta estéril en relación con las deudas que mantiene nuestro país en las materias que nos ocupan. Sin embargo, hacemos saber a quienes se interesan por estos asuntos, que no nos dejaremos amedrentar por esta clase de acusaciones. De acuerdo al art. 13 de la Convención Internacional contra la Corrupción, las ONGs tienen un rol clave en materia anticorrupción.

Seguiremos realizando nuestra labor, independientemente de los obstáculos que se nos pongan enfrente, especialmente de quienes lo advierten como una amenaza al contexto de impunidad reinante en nuestro país. Argentina es uno de los países del mundo con menor cantidad de condenas por estos delitos.

El abuso recursivo y el aprovechamiento de las falencias del sistema jurídico por parte de algunos abogados defensores es una de sus causas. Continuaremos con la tarea de explicitarlo y hacerlo saber a todas las víctimas de la corrupción, es decir, el resto de la sociedad.

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